Hace un año atrás, después de 15 años de gestión del clan Zacarías, siete valientes concejales hicieron el pedido de intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, pero quedó encajonado en la Cámara de Diputados por expresa indicación del presidente de la República, Horacio Cartes, que de esta manera se cargó con el perro muerto.
Tras 365 días de aquella presentación, la ley habilita a la Junta Municipal a solicitar nuevamente ante las instancias pertinentes la intervención de la comuna paranaense, por presuntas varias irregularidades cometidas por el clan Zacarías (antes Javier y ahora Sandra McLeod) en sus respectivas gestiones.
Los ediles, al menos aquellos que creen representar y defender los derechos de la ciudadanía, deberán impulsar otra vez la intervención de la comuna más corrupta del Paraguay. No pueden quedarse callados ante tantos atropellos que se vienen cometiendo desde el 2001, cuando el clan Zacarías se apoderó de los recursos y bienes de la institución, manejando como un negocio privado.
Y lo más grave de todo esto, es que existe una asombrosa impunidad por parte de las instituciones responsables de abrir una investigación sobre la seria sospecha de irregularidades administrativas en la municipalidad paranaense, que desde hace más 15 años pasó a convertirse en una especie de búnker, un sitio impenetrable, impidiendo así conocer los misterios que encierran el municipio, segundo en importancia a nivel país.
Es evidente que hay una clara complicidad, llámese justicia, Contraloría General de la República, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Delitos Económicos, Cámara de Diputados, etc. Todos estos organismos hacen la vista gorda para que la corrupción continúe gozando de buena salud en la comuna esteña.
Lo más irónico de todo esto es que la Contraloría audita cualquier administración pública, la Cámara de Diputados resuelve intervenir cualquier municipio. Sin embargo, a pesar del rosario de denuncias de presuntas irregularidades sobre la gestión del clan Zacarías, hasta hoy ninguna de estas instituciones u organismos citados tuvo el coraje de auditar o investigar la podredumbre existente en el segundo municipio del Paraguay.
Este alevoso saqueo y robo al patrimonio público que viene ocurriendo por más de una década y media, sí ha dejado una marca irrebatible, el crecimiento sustantivo del patrimonio económico del clan Zacarías, que se enriqueció con el dinero de los contribuyentes y otros recursos, provenientes de royalties, aporte de Itaipú, Gobierno y como así también de las “donaciones” de empresarios de la zona.
El presidente Horacio Cartes debe poner mayor interés sobre el presente y futuro de Ciudad del Este, y dejar del mediatismo, en venir a la capital departamental a participar de actos especiales al lado de la pareja comunal, que es apuntada por la población paranaense como principal cabeza del descalabro económico que soporta la municipalidad local, que desde hace años está en quiebra técnica.
La corrupción no puede seguir enseñoreándose en un municipio que imperiosamente necesita retomar su despegue económico y comercial. Pero mientras se tenga autoridades que desangran los recursos públicos, lastimosamente a Ciudad del Este le aguarda un negro y tormentoso futuro. Por todo esto y por la burla e insensibilidad del Gobierno, no queda otra alternativa que la Junta solicite una nueva intervención de la gestión del tenebroso clan.
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