Escribe: Luis Alen.
En una coincidencia casi fortuita pero necesaria para orientar los recursos estatales hacia la recuperación económica en la post pandemia, la Corte Suprema deberá definir el control sobre las cuentas de las binacionales, así como el rumbo que tomará una denuncia documentada sobre la evasión de las tabacaleras.
Dos expresidentes se hallan en rumbo de colisión motivados por el control de recursos que el Estado necesita con suma urgencia para enfrentar la emergencia sanitaria y cimentar las bases financieras requeridas con el fin de asegurar el necesario financiamiento de los planes de reactivación después del covid.
Las redes sociales se inundan de mensajes en contra de Horacio Cartes por el supuesto expolio al Estado por el contrabando de tabaco, mientras que también se le acusa a Nicanor Duarte Frutos de esquivar el control de millones de dólares de las binacionales sin rendir cuentas a nadie. Es la lucha por el control de recursos que debían haber servido muy bien para enfrentar la crisis sanitaria y sus efectos más dañinos que se dan por ejemplo en el sector de la educación.
Tanto el asunto de los fondos binacionales sin control, como la denuncia de la evasión por efecto del gran contrabando de tabaco a los países vecinos, son expedientes de antigua data que toca ahora definir, por el bien de la nación y para la atención preferencial a la salud de una población ya exhausta no sólo por la mala gestión en materia sanitaria y la falta de vacunas, sino también para terminar con los recursos burlados al fisco según la documentada acusación de la Cadep en el asunto tabaco, donde la empresa Tabesa de HC maneja el negocio.
La interna verdadera
A despecho de la operación “Cicatriz”, ha surgido una interna feroz en el Gobierno y la ANR, teniendo como motivación la auditoría de la gran cantidad de recursos que mueven las binacionales, sin control alguno por parte de la ciudadanía, lo que es un tremendo despropósito ante las penurias que pasan las familias paraguayas para cubrir los gastos de sus enfermos por el virus pandémico.
A las puertas de las internas partidarias del 20 de junio, se agudiza la lucha dentro de la ANR para controlar los “gastos sociales” de las binacionales Itaipú y Yacyretá, en la misma medida en que crece la evidencia de que no se puede dejar de investigar otra fuente de eventual perjuicio a las arcas fiscales, como el caso de la gran evasión de US$ 4 mil millones de las empresas tabacaleras, a través de una investigación a fondo y sin más demora de la denuncia de Cadep, del exministro de Hacienda Dionisio Borda, en un estudio realizado con cifras de 2008 a 2019, con el apoyo de la Universidad de Chicago, Illinois, USA.
Los expresidentes se erigen en los protagonistas de la pugna que se profundizaría en los próximos meses sobre el control de estos recursos del Estado, que ya está llegando a la Corte Suprema. Es un tópico relevante que seguramente será también la “estrella” de la campaña electoral de 2023 y que ya enmarca igualmente las negociaciones por la mesa directiva del Senado.
A Nicanor Duarte Frutos, titular de Yacyretá, se lo ve con mucha frecuencia por el palacio de Gobierno para diluir en lo posible cualquier atisbo de auditoría al “dólarducto” proveniente de ambas binacionales, lo que fue confirmado en la posición asumida por Itaipú, lado paraguayo, de acudir a la Corte para impedir el acceso de los auditores de la Contraloría al sacrosanto recinto donde se realiza la repartija de plata a los políticos de turno en el país, como pago a sus invariables posturas negligentes para dejar de ejercer la soberanía de pleno derecho sobre la energía con precios de mercado, con el resultado de tolerar que lleven regalada la electricidad tanto Brasil como Argentina en directo perjuicio del pueblo paraguayo.
Analizando los textos legales, no existe ninguna traba en la Constitución ni en los dos Tratados para alegar la supuesta vigencia jurídica de una “coraza binacional” que impide el control sobre las cuentas de las hidroeléctricas del Paraná. Sólo es cuestión de voluntad política, que está bloqueada evidentemente por posturas bastardas contrarias al interés nacional.
Pero llama la atención que se haya puesto sobre el tapete la necesidad de la transparencia en Itaipú y Yacyretá, en oportunista coincidencia con el perentorio envío de recursos a la salud pública por la pandemia, justo en el momento en que también los medios de prensa de Cartes y el senador liberal Blas Llano insisten en barrer de Yacyretá a Nicanor. Lo que no pasa por la cabeza de Marito Abdo, evidentemente, porque se nota la sintonía entre NDF y el presidente, precisamente en la maniobra conjunta que realizan de resguardar bajo siete llaves las cuentas de las binacionales.
La Corte tendrá la última palabra en el diferendo, pero difícilmente lo haga pronto, por lo que el tema estará aún congelado a las resultas de la interna del 20 de junio, buscándose sólo una medida cautelar de no innovar, lo que hace presumir que el asunto quedará para la campaña de 2023, debido a que la instancia judicial suprema tardaría en expedirse sobre la cuestión de fondo, así como también se tendrá ya en ese tiempo la discusión sobre el Anexo C de Itaipú.
Nicanor en todo caso como respuesta a la presión de HC y su alter ego Llano, deberá indagar también en la Justicia la forma en que el más alto organismo judicial y la Fiscalía se expidan pronto en el expediente relativo a una denuncia que pesa sobre las tabacaleras en materia de la gran evasión ya visualizada por Cadep y otros informes internacionales, así como por las agencias norteamericanas de control de lavado de dinero, entre otros temas claves para la potencia del Norte.
De tal forma que se pide transparentar las cuentas de Itaipú y Yacyretá, el director de ésta última entidad, NDF, tiene el mismo derecho de solicitar a Marito que se impulse una seria investigación de las denuncias de evasión de las tabacaleras, entre ellas la de HC, que son acusadas de evadir millones de dólares al fisco. Se debe recordar que durante la administración de Duarte Frutos ya se había documentado en un expediente ahora en análisis judicial sobre la denuncia contra las tabacaleras, que Tabacalera del Este no fue auditada pese a que el denunciante bajo la Ley 125 lo había solicitado con números indiscutibles y a pesar de que la propia SET había iniciado el procedimiento que luego fue suspendido a pedido de la propia empresa.
Sin embargo, la información que se tiene ahora es que tanto la Subsecretaría de Tributación (SET) como la abogacía del Tesoro parecen estar al servicio de la “cicatrización” de las denuncias contra las tabacaleras, en un hecho inaudito que contradice todo el aparatoso movimiento por las cuentas claras binacionales, y pese a que también están juego miles de millones de dólares que bien le podrían servir de gran balón de oxígeno monetario al pueblo paraguayo en plena crisis pandémica.
Reforma del Estado y descentralización
Pero así como la reforma del Estado es esencial para la post pandemia, la cuestión de los “gastos sociales” y la inversión pública serán vitales para un relanzamiento económico, en unión a un nuevo concepto en materia de descentralización para una mayor eficacia de los servicios estatales en las regiones y departamentos, como forma de reducir la pobreza y el desempleo que golpearon aún más a la población en la actual crisis del Covid-19.
De haberse orientado la inversión estatal proveniente de las binacionales a través de los departamentos y regiones del país, por medio de la descentralización prevista en la Constitución, tampoco se habría caído en la discusión actual de “controlar” las cuentas de las binacionales, sólo con intenciones de campaña política o de cooptación del aparato del Estado por parte de las facciones que actualmente luchan por mantener vivo el esquema político prebendario de la ANR.
La pandemia demostró que la política clientelar ya no sirve en un Paraguay que no puede atender las múltiples necesidades en salud y educación postergadas durante décadas, pero también está desnudando la otra cara de la moneda del prebendarismo colorado, como es la urgencia de salir a buscar los recursos para hacer frente a lo que se viene con todo, en cuanto a la necesidad de reorientar las inversiones públicas y privadas hacia el desarrollo nacional en forma ineludible, como forma de salir de la crisis.
El proyecto de reforma del Estado, intentado el año pasado con la coordinación del vicepresidente Hugo Velázquez, terminó en la nada precisamente porque no existen las condiciones para un efectivo control sobre las partidas presupuestarias destinadas a rubros claves de servicios públicos, cuando se sabe que el régimen político clientelista podría estar en riesgo si se opta por un sistema de gestión diferente de los recursos estatales.
Y sólo es cuestión de poner en primer lugar a la misma Constitución, que consagra el sistema de Estado Social de Derecho, con un proceso de descentralización a partir de un plan de desarrollo sostenible a ser ejecutado por la gobernaciones, a través de consejos de las fuerzas vivas departamentales y la coordinación con el Ejecutivo nacional, pero siempre atendiendo las necesidades reales de la comunidad y no las que indican los meros intereses particulares mezquinos, políticos o sectoriales.
Tomando como base lo señalado por la Constitución, una nueva ley departamental debe consagrar la descentralización administrativa, en la que las gobernaciones tendrán que tener también mucho que ver con los procesos de recaudación tributaria en sus departamentos, de tal forma a evitar mecanismos de elusión que como el de las tabacaleras están ocurriendo en las fábricas radicadas mayoritariamente en zonas fronterizas.
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