Escribe: Luis Alen.
Suena como contradictorio que se le exija el cumplimiento de las normas de control sobre las finanzas estatales a los funcionarios electos por el voto popular, como el presidente, los gobernadores y los intendentes, pero no se hace lo mismo con las binacionales que manejan “plata dulce” a borbotones, o con la fiscalía que no investiga a fondo las denuncias que se realizan sobre contrabando, evasión y lavado de dinero, con lo cual se sigue fomentando la economía “negra”.
La rendición de cuentas debe comenzar a ser un hábito normal en nuestros políticos, más aún porque una vez superada la pandemia se deberá financiar con recursos “limpios” la recuperación económica en la post-crisis. Pero lejos de esta obligación perentoria para salir de la actual emergencia, no parece apurar mucho al Gobierno la urgencia de empezar a tomar las medidas para sanear el corrupto esquema de la economía negra.
La falta de entusiasmo por la transparencia en los negocios públicos comienza por la misma Fiscalía, que no tiene la más mínima intención de escarbar en lo profundo del mecanismo de corrupción, evasión de impuestos y lavado de dinero, a estar por la ausencia de interés en investigar a los peces gordos que financian o protegen los esquemas armados como base del narcotráfico, el contrabando y la evasión, que son la esencia de los negocios que potencian la narcopolítica.
Los fiscales actuarán evidentemente cuando haya la voluntad política para erradicar estos flagelos de nuestra sociedad. Lo mismo ocurre con la Justicia, cuyos magistrados se hallan maniatados por las “sugerencias” provenientes de los ámbitos del poder político, lo que indudablemente evita llegar a dilucidar la mayoría de los casos de tráficos, manejos de dinero sucio y el incesante auge de los grupos criminales que no habrían proliferado tanto sin el paraguas político.
Miles de toneladas de cocaína que pasan por el país ya han sido decomisadas tanto aquí como en el exterior, cayendo sólo los peces chicos o los eslabones más bajos en la estructura criminal. De los “popes” o peces gordos, los padrinos y los financistas, ni el rastro. Y eso que se habla de miles de millones de dólares que cuesta “importar” el polvo blanco, lo que lleva a calcular que como las cargas atrapadas representan un porcentaje ínfimo, estamos en presencia de un negocio de dimensiones colosales que sin lugar a equívocos moviliza a gran parte de la economía negra, e incluso gris o blanca, debido a las ligazones de los negocios ilegales con los legales, a través del proceso de lavado de activos.
Aclaración del gobernador
Contrariamente a una información que lo afectaba por supuesta falta de rendición de cuentas en el uso de los fondos de emergencia sanitaria, el gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken, aclaró en forma documentada que ya el 26 de marzo pasado entregó a la Contraloría General de la República un informe pormenorizado del destino de los recursos que recibió la gobernación en concepto de fondos de emergencia sanitaria por la Ley 6524/20, Royaltíes y Fonacide.
Un periódico capitalino quiso meter a González Vaesken en la misma bolsa de 9 gobernadores de los 17, que no informaron supuestamente del uso dado a los fondos de salud, en momentos muy sensibles para la población, debido a la falta de equipamientos adecuados, medicamentos y hasta vacunas. No se descarta que la intención haya tenido más bien una connotación de campaña política, al entrar en la recta final la puja electoral municipal y cuando el candidato a intendente apoyado por el gobernador con su movimiento Renovación y Unidad Colorada (RUC), Esteban Wiens, prácticamente empata al otro pretendiente en la interna próxima, el diputado Ulises Quintana, del pacto abdo-cartista Concordia Colorada.
Es que una derrota de Quintana sería el golpe más letal a la operación “Cicatriz” de impunidad, conociéndose además que el legislador no tiene la mejor carta de presentación posible por haber sido calificado en los Estados Unidos como “significativamente corrupto”, lo que ya lleva a imaginar la pésima imagen que se tendría de CDE en el caso que eligiera a un “lord mayor” a quien se le declaró impresentable dentro de las fronteras de USA e inhibido de movilizar dinero en los bancos de aquél país.
Lo que Estados Unidos no desea es que un intendente de Ciudad del Este se encuentre vinculado nada menos que al narcotráfico, conociendo las acusaciones fiscales contra Quintana, pero la sanción de no otorgarle la “visa” ha sido un mensaje también para el pacto de impunidad abdo-cartista, por sus repetidos “blanqueos” a personajes como Javier Zacarías Irún y otros, denotando una justicia genuflexa al servicio de los políticos del enjuague cicatrizante.
La información del diario matiza que la irresponsabilidad y falta de transparencia están repartidas por igual entre colorados y liberales, por lo que la falta de escrúpulos en el manejo del dinero público es un mal que persiste entre las autoridades y los administradores públicos por encima de los colores.
Sin embargo, como de pasada recuerda el mismo material informativo que se exige también un control más estricto en el uso del dinero de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, así como de otras instancias del poder administrador central, en orden a uniformar los niveles de responsabilidad, porque la pandemia ha puesto de manifiesto la criminal postura de los funcionarios de no rendir cuentas, que ya resulta así un indicio de mala utilización de los recursos estatales en un tiempo dramático para la sociedad, por lo que, en última instancia, deberán sufrir las consecuencias con procesos ante la Justicia.
Al inicio de la crisis del coronavirus, en marzo del año pasado, ya se vislumbraba que la operación “Cicatriz” de la ANR se iba a convertir en el artilugio para concretar la impunidad total de los políticos, entre éstos Javier Zacarías Irún y su clan familiar, aprovechando el “abrazo republicano” entre Marito y HC.
La presunción se cumplió con precisión de relojería suiza, decepcionando a quienes habían creído que la crisis sanitaria y el desastre económico subsiguiente iban a conducir a la erosión del poder de los impresentables de la política.
Por el contrario, el coronavirus no hizo otra cosa que poner aún más de resalto los graves desequilibrios sociales que son achacables a los manejos corruptos de políticos y funcionarios públicos, con la complicidad de exponentes del sector privado, en una colusión que ahora, con la crisis, aparece como la causa directa de los insuficientes servicios en el área de salud y de la protección social en general.
Marito perdió la brújula
El débil gobierno de Marito no pudo hacer nada para acomodarse a una nueva situación en la que hubiese adquirido mayor poder para luchar contra las verdaderas causas del atraso económico y social del país, como es la estructura oligárquica corrupta de la politiquería criolla. Prefirió lo más cómodo y menos complicado: “pactar con el diablo” de la corrupción y la impunidad.
Así, la ominosa operación “Cicatriz” motorizada desde tenebrosos cenáculos donde campean contertulios agazapados en busca de impunidad, se va cristalizando en resoluciones judiciales de blanqueo con sobreseimiento definitivo incluido, sin pasar por un juicio oral previo, como el caso del “impoluto tuneado” Javier Zacarías Irún, quien en forma grosera fue apartado de cualquier amago de juicio oral por magistrados al servicio del blanqueo político, en sucesivas maquinaciones para exonerar a los integrantes del clan ZI de cualquier rendición de cuentas, como los casos los multimillonarios desvíos de fondos de los que se les acusa en la municipalidad de CDE.
Se confirma con esto que ZI utilizó siempre las chicanas judiciales, jueces amigos en Ciudad del Este y la inacción cómplice de la fiscala general nombrada por HC, Sandra Quiñónez, para operar fuertemente entre bambalinas para sacar adelante el operativo “Cicatriz” en la ANR, que es como un gran enjuague de impunidad para que toda la corporación política mafiosa haga a su vez “uso y abuso”, por ósmosis, del blindaje otorgado a Zacarías Irún.
El plan perverso de impunidad de la “unidad” colorada tiene como contrapartida la completa sumisión de la Justicia, quedando a la deriva la ciudadanía honesta del país, frente a la nueva “dictadura” de políticos que responden a la nomenclatura oligárquica de la narcopolítica.
La suspensión de las elecciones el año pasado sólo vino a otorgar más poder aún a los complotados en contra de los ciudadanos que habían puesto su esperanza en derrotar a la oligarquía mafiosa en elecciones con listas abiertas.
Para peor, el presidente Mario Abdo se ha convertido en un virtual pasapapeles de Horacio Cartes y, lo más peligroso, en un títere genuflexo en manos de la rosca fraudulenta que desea controlar todos los negocios legales e ilegales de la República, convirtiendo al Congreso en un refugio inexpugnable contra los intentos de llevar a la prisión a quienes son denunciados como los artífices de la corrupción generalizada que agobia al país.
Resultaba evidente que no ha pasado desapercibido para el presidente Marito Abdo, el propósito oculto del mentado “abrazo” republicano con Horacio Cartes, que no es otro que tender un gran manto de impunidad en la República a los hechos de corrupción protegidos por la clase política, como son el padrinazgo del narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando y de paso el financiamiento al terrorismo, como saben muy bien las agencias norteamericanas.
Los dueños del poder, no contentos con el control sobre los procesos de reparto de la torta tanto formal como informal de la economía, ahora van directamente a por el control total del Estado, teniendo prácticamente cooptados tanto al Parlamento como a la misma Corte Suprema.
El propósito de la “unidad” colorada, con el aporte de algunos colaboracionistas opositores, viene a ser así como una demostración de fuerza ante los ministros de la Corte, para que éstos se convenzan que deben poner a disposición de la corrupta clase política una especie de nuevo “parecer” constitucional para el creciente poder de quienes buscan impunidad, como los diputados y senadores incursos en causas de corrupción, entre ellos ZI, y por qué no decir, llegado el caso, el “Patrón” HC.
Con la pandemia, salieron perdiendo la ciudadanía y, en última instancia, la democracia misma, pero ganaron los complotados por la impunidad, ya que hasta los examinadores del Gafilat postergaron su presencia por el recrudecimiento del covid, con lo que el control internacional del lavado de dinero quedó a la deriva.
Pero la falta de sanción a quienes han delinquido en contra de las arcas estatales, con desvíos de fondos que luego van a parar a la gran lavandería de dinero sucio en que se ha convertido el Paraguay, no habla muy bien de las posibilidades de ir avanzando hacia un ambiente de negocios compatible con inversiones extranjeras genuinas, que son necesarias para recuperar el empleo y los niveles óptimos de actividad económica tras la crisis del coronavirus, con los cuales poder pagar a su vez la gran deuda externa que quedará tras la emergencia sanitaria.
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