Toda la gente, de todos los niveles sociales y económicos, está expuesta al peligro del fuego. Los incendios se producen en todo tiempo y lugar, por lo que urge ensayar algún tipo de protocolo para enfrentarlos e impedir que se cobren vidas humanas y provoquen perjuicios materiales.
La primera acción en tal sentido deberá ser el despertar de nuestro interés personal, por cuanto que la amenaza del fuego puede poner en peligro nuestra vida y nuestros bienes en cualquier momento, y siempre, cuando menos lo esperamos.
Como en casi todos los riesgos que nos acechan, en el caso de los incendios, la mejor arma de protección sigue siendo la prevención.
Prevenir los incendios es por sobre todo un acto de conciencia, es estar en pleno y claro conocimiento sobre la gravedad del peligro a lo que nos expone el fuego. Este conocimiento lo debemos aplicar en el hogar, en el trabajo, en el comercio, la industria, las instituciones públicas, centros de recreos, diversión, transporte terrestre, aéreo o marítimo, etc. La lista es ilimitada tanto como lo es el poder destructor del fuego desencadenado y fuera de control.
El siniestro que devoró las instalaciones del comercio de calzados en el kilómetro 7, Patachoca, además de otros incendios ocurridos últimamente en CDE y el departamento, son un toque de atención a nuestra capacidad perceptiva del peligro que nos acecha.
Los incendios forestales son cada vez más repetidos y los grandes desastres originados por siniestros en las zonas urbanas son cada vez más inquietantes y perjudiciales, pero aún así no estamos aprendiendo las lecciones que esconden cada uno de los sucesos qué; y es lamentable considerar, pudieron ser evitados.
Las pocas normativas municipales existentes son incumplidas y los irrespetuosos no reciben la sanción que merecen, esta permisividad alienta la irresponsabilidad y deja en libertad a la fuerza destructora del fuego, el insaciable y temible monstruo cuyas víctimas humanas y materiales siempre pueden ser cuantiosas.
Pese al panorama sombrío que presenta el latente peligro de los incendios, el sector público encargado de vigilar la seguridad e integridad de las personas, aun no lo ha tomado con la dedicación que el caso exige.
El vacío legal existente junto con las normativas técnicas de prevención, no hacen más que remarcar la necesidad de instalar la vigencia de políticas públicas que diseñen alguna estrategia de protección ciudadana en contra de los siniestros.
Los insuficientes presupuestos destinados a los bomberos, señalan que el tema es una materia pendiente de urgente debate político, con el objeto de dotar al país de un entramado jurídico que imponga con el peso de la Ley acciones acordes con la dimensión del riesgo que suponen los incendios.
Si ésta inconsciencia se registra en el sector de la administración pública, en el sector privado encontramos la contraparte en la temeraria irresponsabilidad que los lleva a no considerar necesarios y obligatorios algunos hábitos de prevención contra incendios.
El Cuerpo de Bomberos de CDE, Alto Paraná y de Foz de Yguazú, unidos según lo requiera el caso, responden en las emergencias, por ello gozan de una credibilidad muy superior a la que se le reconoce a otras instituciones de servicio, ello queda demostrado en las colectas públicas donde la gente colabora, demostrando así, la confianza de las que son objetos.
Esa confianza se traduce en la simpatía y aprobación pública con la que los ciudadanos distinguen a los bomberos voluntarios, siempre listos para brindar el buen ejemplo de servicio y entrega desinteresada a los demás, un gesto que es práctica común en los distintos cuarteles, para el cumplimiento de la meta común que los identifica, “salvar vidas y bienes”.
Pero eso no basta, ante las evidencias de la desprotección existente, es de rigor que se articulen mecanismos legales acordes con la gravedad de la amenaza que el fuego representa.
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