Asesinato de fiscal resalta la falta de acción contra lavado

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El agente antimafia Marcelo Pecci dirigió la operación fiscal-policial más importante contra los narcos con el operativo “A Ultranza Paraguay”.

Escribe: Luis Alen.

 

La mafia transnacional segó la vida del fiscal contra el crimen organizado y el lavado de dinero, Marcelo Pecci, lanzando una tenebrosa advertencia de que no permitirá avanzar “a ultranza” en las investigaciones sobre el financiamiento del narcotráfico. Pero resulta contradictorio que aseste un golpe así cuando en la misma Fiscalía poco se ha hecho hasta el momento para ir contra los peces gordos de la narcopolítica que protegen y hasta dirigen el lavado ilegal de activos dudosos procedentes de los diferentes tráficos. 

 

Al eliminar al fiscal Marcelo Pecci, los narcos dieron la terrible advertencia de que no permitirán que el operativo “A Ultranza” pase a la fase de investigación del mecanismo de lavado de dinero que le sirve de soporte financiero a los distintos tráficos, y que es la fuente de financiamiento de la narcopolítica en el país. 

Aunque, al mismo tiempo, el crimen demuestra también el fracaso de la misma Fiscalía en investigar a los narcopolíticos y su papel en la gran lavandería de dinero sucio en el Paraguay.

Está claro que el asesinato en Colombia del fiscal antimafia Marcelo Pecci, en plena luna de miel, tiene el ominoso sello de los narcos parapetados en la proterva hermandad del crimen organizado transnacional, como una demostración de poder y con el fin de evitar que sigan los operativos antidrogas y antilavado de dinero como el caso del megaoperativo “A Ultranza Py”, cuyos procedimientos de allanamiento e incautación de toneladas de drogas y bienes malhabidos de los narcos estaban en su mayor parte a cargo de Pecci.

La siguiente fase anunciada por la misma unidad fiscal a cargo de Pecci era la relativa a investigar los mecanismos de lavado de dinero que permiten a los narcos introducir en el circuito legal sus activos ilegales. Era la prueba de fuego para conocer también el grado de infestación mafiosa de los estamentos estatales encargados de controlar el lavado en el sistema financiero.

Un centenar de allanamientos con más de 30 órdenes de capturas y unos 100 millones de dólares en bienes incautados a los traficantes fue el resultado inicial muy alentador de la mega operación antimafiosa “A Ultranza”, con el apoyo de la DEA norteamericana, la Europol de la Unión Europea, la Policía Federal brasileña y el organismo antidrogas de Uruguay. 

La Senad de Paraguay contaba con el apoyo decisivo de la fiscalía antimafia de Marcelo Pecci, comprometida por fin a iniciar la “madre de todas las batallas” como sería la incursión en el sistema financiero, pero con la misión vital de arremeter también contra la protección política.

 

Guerra contra el Estado

Pero sobrevino de improviso el ataque mortal del martes 10 en Colombia, que se constituye en un aviso estremecedor de que se lanza la guerra contra el Estado en la medida en que éste se atreva a escarbar en los esquemas de lavado de dinero. 

El atroz golpe contra el representante del Ministerio Público pone en evidencia más que nunca la necesidad de salvar al Estado de la toma del poder político por parte de la mafia, después que señales potentes se han conocido en los últimos meses de las ligazones directas de personeros de la política criolla con los grupos operativos criminales, no sólo para brindar protección desde los organismos estatales sino inclusive para ser directamente elementos directivos de las organizaciones delictivas, especialmente en materia del lavado de los activos procedentes de los tráficos de drogas y armas, el contrabando de cigarrillos y otras actividades ilegales.

Sin duda que el cruel sacrificio de Pecci en una paradisíaca playa caribeña resulta una demostración de poder de los narcos, pero que hayan llegado a cruzar el Rubicón desafiando de esta manera al Estado paraguayo, también pone en horrorosa evidencia la excesiva permisividad del sistema fiscal encabezado por la fiscala general Sandra Quiñónez, que por ejemplo no movió un dedo para investigar las conexiones del poder fáctico de Horacio Cartes con el lavado de dinero procedente de los tráficos ilegales, como ocurrió cuando se ignoró olímpicamente el informe Messer emitido por la bicameral de investigación.

 

Patria o Mafia

De allí que tenga razón Efraín Alegre al volver a poner como el objetivo de su campaña electoral con miras a las elecciones de 2023 el eslogan de “Patria o Mafia”, cuya actualidad y vigencia se puso en clara evidencia con el episodio luctuoso que tuvo como protagonista al fiscal asesinado.

Aparte de las consabidas condolencias a los familiares y las llamadas a Colombia y Estados Unidos para solicitar la cooperación internacional en procura de esclarecer el luctuoso atentado, llama la atención que los responsables del Estado nacional, comenzando por el propio presidente Marito Abdo, poco o nada movieran los mecanismos internos para identificar a quienes dieron “la orden desde aquí” para asesinar a Pecci. 

Tanto el vicepresidente Hugo Velázquez como el exministro del Interior y exfiscal Arnaldo Giuzzio están convencidos de que algún capomafioso local se halla detrás del atentado de Cartagena, como autor moral que ordenó la acción de los sicarios en Colombia. 

Pero la gran pregunta es si alguna vez se llegará a desvelar quién fue el que dio la fatídica orden para ejecutar tan horrible crimen.

Por ello, ojalá que se cumpla la promesa de la Corte Suprema, que en un comunicado aseguró que el bárbaro crimen no hará mella en la determinación del Poder Judicial de una lucha sin pausas contra el crimen organizado, porque el esclarecimiento del asesinato de Marcelo Pecci tendrá que darse indefectiblemente como consecuencia de la firme acción destinada a conocer no sólo a los asesinos materiales sino también a desenmascarar a los mandantes del alevoso atentado.

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