¡Basta de burla!

La semana pasada, sorpresivamente, la municipalidad de Ciudad del Este dispuso la intervención de la empresa de transporte público Ciudad Jardín, propiedad del cuestionado y eterno concejal comunal paranaense, Celso Morel, cuyo servicio que ofrecen sus unidades, es de lo más pésimo que se conoce en este distrito fronterizo de la república.
La ciudadanía, a pesar de la medida tomada por la intendenta Sandra McLeod, no cree que la misma tenga una sincera voluntad política para castigar al sector empresarial del transporte público, que constantemente expone al peligro a los pasajeros, atendiendo el estado calamitoso en que se encuentra cada unidad de las diferentes empresas que prestan servicio en todo Ciudad del Este.
La intervención de la empresa Ciudad Jardín no deja de ser una vendetta política del clan Zacarías contra el propietario de la citada firma del transporte, Celso Morel, con quien mantiene, actualmente, un fuerte entredicho cuyo trasfondo se desconoce, y que a raíz de eso ya no tendría la bendición de Javier Zacarías, para postularse por un quinto periodo como edil municipal.
Morel es un eterno bufón al servicio del clan Zacarías, pero como hoy está distanciado de este grupo político, comenzó a masticar la misma medicina de aquellos ocasionales adversarios de Javier Zacarías, que es la persecución. Hoy le toca a este seudo legislador, que nunca defendió los intereses del pueblo como tal, sino sus intereses personales y los de su jefe, el ex presidenciable colorado.
Pero analizando a fondo el tema, aquí no cabe la palabra persecución, sino lo que se hizo con esta empresa del transporte público, fue justicia, porque desde hace años venía operando sin las mínimas condiciones exigidas por ley, pero como contaba con el aval del clan Zacarías, siempre se manejó al amparo de la impunidad.
Sus colectivos ya han enlutado el hogar de muchas familias, ha dejado inutilizado, físicamente, a otras personas, y nunca respondió por los daños ocasionados. Sin embargo, siguió operando con normalidad, sin que tampoco la justicia haya castigado a los responsables, porque la mayoría de los fiscales y jueces de la zona, también responden a intereses de los poderosos, en este caso, al clan Zacarías. Así impera la ley hasta ahora en este país.
Lo que hay que dejar claro en este tema puntual, es que la jefa comunal paranaense tomó esta determinación contra la empresa Ciudad Jardín como una clara represalia política. Esta decisión, si Sandra McLeod tenía voluntad política de hacer bien las cosas, hace años ya hubiera tomado, no sólo contra Ciudad Jardín, sino contra todas las empresas del transporte público, cuyas unidades se caen a pedazos.
La intervención de la mencionada empresa de transporte es una afrenta para los usuarios y para toda la ciudadanía, porque está claro que solamente fue por una acción coyuntural que mantiene Javier Zacarías con Morel, eterno sirviente del clan, que maneja la municipalidad de Ciudad del Este desde el 2001.
Queda evidenciado que el clan Zacarías quiere seguir imponiendo la vieja política de la trampa, que hasta ahora le dio buenos resultados para sus intereses mezquinos. Demuestra que no tiene el mínimo interés en tratar de alinearse a la nueva política que intenta imponer el presidente Horacio Cartes, del que funge como asesor político (sic). Se debe reiterar que la intervención de la empresa Ciudad Jardín no pasa de ser mero marketing. Basta de burla.