Con justa razón la ciudadanía espera de sus autoridades, que son sus representantes, un accionar transparente en el uso de los recursos que les son puestos a su disposición. Más que nunca existe el clamor por las rendiciones de cuentas rigurosas que demuestren el destino del dinero en principio comprometido para las inversiones. Un caso puntual es la municipalidad de Ciudad del Este, que bajo el control total del clan Zacarías, no conoce de la presencia en la institución de fiscales de la Contraloría.
Es el caso, por ejemplo, del Fonacide y de otros fondos orientados a municipios y gobernaciones, con el fin de que las administraciones regionales o locales orienten los recursos hacia necesidades concretas en el campo de la educación y en otras obras importantes para las comunidades.
Sin embargo, es lamentable ver cómo se despilfarran decenas de millones de dólares, en medio de un virtual caos administrativo en el que se desenvuelve la mayoría de las comunas del interior y la misma capital de la República. Es como resultado, obviamente, de la falta de seguimiento y control adecuado de las inversiones.
La misma gestión exitosa del Nuevo Rumbo del presidente Horacio Cartes está en peligro si es que persiste la falta de un potenciamiento de los controles sobre las gestiones de los gobernadores e intendentes, terminando la impunidad con que se han manejado a los largo de los años, por la falta de oportunas auditorías a sus funciones y por la apatía con que la Fiscalía se ha puesto a investigar los posibles delitos cometidos.
Ahora recién se ha escuchado hablar, por parte del procurador general de la República, de la intención de proceder a la recuperación del dinero malversado por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, una vez probada su culpabilidad y con sentencia ejecutoriada.
Manejos de poder
Todos los análisis de expertos internacionales y locales coinciden en lo delicado del problema de la debilidad institucional del país, por causa de que las entidades encargadas de luchar contra la corrupción y la impunidad no cumplen adecuadamente con su rol fijado en la Constitución. En cierto modo, los manejos de poder tienen consideración prioritaria a la hora de aplicar la ley a rajatabla en el control sobre las reparticiones del Estado.
Se esperaba que el presidente Cartes pusiera un punto final a esta situación, con el poder que ha ido acumulando, pero la premura por la aprobación de leyes fundamentales para su Gobierno probablemente haya pasado a segundo plano la urgente tarea de limpiar la “mugre” estatal, relegando muchas veces los mecanismos existentes como la Contraloría y la Fiscalía, además de exigir al Poder Judicial que se ponga a la altura de las exigencias de satisfacer el unánime clamor ciudadano de mayor transparencia en las cuentas públicas.
Para muestra basta un botón: la municipalidad de Ciudad del Este cumple 13 años de blindaje contra las incursiones de los auditores de la Contraloría General de la República, sin que hasta ahora se tenga, por tal motivo, una idea de lo que ocurre en el segundo mayor municipio del país, con sospechas de serias irregularidades en su administración, a cargo del Clan familiar liderado por Javier Zacarías Irún.
HC no debe seguir tolerando esta situación, más aún cuando ahora se ha desatado una feroz interna entre el Clan y el grupo político colorado que es su oponente y que responde al senador Nelson Aguinagalde, quien a su vez ha sido referente del movimiento cartista Honor Colorado en las elecciones pasadas. Zacarías Irún atacó a aquél con auditorías a su gestión por parte de su hermano Justo, gobernador del departamento de Alto Paraná, cargo que fuera ocupado anteriormente por el ahora investigado.
El enfrentamiento adquirió un cariz extremo de no retorno, lo que lleva a pensar en una división que le puede resultar de un alto costo al Partido Colorado en su afán de retener la comuna esteña en las elecciones municipales de 2015.
De allí que, por encima de las consideraciones políticas, urge que la Contraloría realice las investigaciones imparciales que sean necesarias, tanto a la administración de Aguinagalde en la gobernación del Alto Paraná, como a la gestión de los Zacarías, Javier y su esposa Sandra, en la municipalidad de Ciudad del Este.
Se debían deslindar ya hace tiempo las responsabilidades de estos funcionarios y no dejarlo todo librado a los vaivenes políticos o a los manejos de poder. La misma Corte Suprema había comunicado que el blindaje del Tribunal de Cuentas, conseguido por los Zacarías en 2009 para obviar la investigación de la Contraloría a su gestión por denuncias de irregularidades, no podía entorpecer o anular la función constitucional de la Contraloría General de la República (CGR) de proceder a auditar las administraciones de cualquier entidad estatal, ya sea un ministerio o un municipio.
Está claro que la jurisdicción del Tribunal de Cuentas para juzgar los usos de fondos del Estado, no inhabilita las auditorías y los procedimientos de control de la CGR.
Queda finalmente la sensación de que los políticos muchas veces utilizan hábilmente sus relaciones con el poder para evitar ser auditados o controlados por la CGR y la Fiscalía, ya que la instancia del Tribunal de Cuentas prácticamente es de mero cumplimiento formal, en vista de que no posee la estructura ni el plantel de funcionarios para realizar una investigación exhaustiva de los números que entregan las entidades.
Llegado el caso, los manejos de poder no deben llevar a considerar intocables a ciertos personajes de la política criolla que se creen indispensables para la gobernabilidad de un país. Por el contrario, el apoyo ciudadano será tal para el jefe de Estado si es que procede a barrer con estas verdaderas rémoras que no hacen otra cosa que succionar hasta más no poder los escasos recursos en manos del Estado y a despilfarrarlos, en vez de destinarlos para beneficio del pueblo.
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