Escribe: Luis Alen.
A nadie escapa que la Justicia está manipulada por la clase política, a pesar del precepto constitucional que trata de resguardar la independencia del Poder Judicial de toda injerencia de los demás poderes del Estado. De allí la desconfianza de la ciudadanía hacia la administración judicial.
Dejar los nombramientos de jueces y fiscales dependiendo totalmente de las instancias políticas, o, peor aún, hacer que las decisiones o sentencias de los magistrados dependan de los “criterios políticos”, al estilo del senador Juan Carlos Galaverna, agravan todavía más el desprestigio del Poder Judicial y, en especial, de la Corte Suprema, ante la sociedad.
Por eso se alzan voces pidiendo en forma insistente la reforma de la Constitución para evitar los nombramientos políticos de los ministros de la Corte y de los responsables de los juzgados, así como la consagración de la autonomía del Ministerio Público de toda injerencia política.
Ahora que se habla nuevamente de cambios en la Corte Suprema, preocupa precisamente que se vuelva al famoso sistema del “cuoteo” entre los partidos para la conformación de la más alta instancia judicial. Sin embargo, esta situación se dará como corolario lógico del renovado “pacto azulgrana” entre Horacio Cartes y Blas Llano, que reunirá los votos necesarios en el Congreso para un eventual juicio político a los miembros de la Corte marcados por los políticos y que no quieran renunciar voluntariamente.
La impunidad con color político
Una Corte Suprema dependiente de padrinos en los otros poderes y del “criterio político”, como es la actual, naturalmente deberá traer el resultado de un sistema de impunidad con marcado tinte politizado.
Por ejemplo, conociendo de la cobertura que le brindan algunos ministros de la Corte al jefe del Clan esteño, Javier Zacarías Irún, el Poder Ejecutivo ha decidido bajarles el pulgar, sospechándose tanto de miembros colorados como liberales, nombrados en su mayoría en la época de Nicanor Duarte Frutos.
El blindaje judicial a ZI ha creado un feo precedente para que también otros gobernadores e intendentes se arroguen el derecho de que no se les investigue en el uso de recursos que les destina el Gobierno central para el cumplimiento de programas de interés social, poniendo así en peligro la consecución de las metas de HC para reducir la pobreza y el déficit en la construcción de infraestructuras, como rutas de todo tiempo y puentes.
Así, la arremetida contra la Corte se sustenta en una necesidad de los políticos de asegurar apoyos en el más alto tribunal. Por este mismo motivo, se habla también de posibles cambios en el Tribunal Electoral y en la Fiscalía General. Con ello, lisa y llanamente se busca consolidar el poder de HC.
Uno de los objetivos de HC sería neutralizar el actual apoyo de algunos ministros de la Corte a Zacarías Irún, en el caso que se plantee a nivel judicial la posibilidad de una re-reelección de Sandra, la esposa de ZI, a la intendencia de CDE. Sabido es que ella ya no puede candidatarse a otro período, al haber ejercido el poder comunal por dos períodos. Sin embargo, podría darse una “interpretación política” favorable debido a que en la anterior gestión hasta 2010 sólo terminó el mandato del intendente renunciante.
Lo que llama la atención es que los ministros en cuestión ya no serían funcionales a los intereses políticos y, en especial, a los “criterios” de “Calé” Galaverna, toda vez que son sospechados de proporcionar el blindaje judicial al líder del Frente para la Victoria, eventual duro rival de Honor Colorado (HC) en las próximas internas coloradas para las municipales y para la renovación de la autoridad partidaria.
Por lo tanto, no queda claro el asunto de la reformulación de la administración de Justicia, con este proceder del Poder Ejecutivo. Muchos profesionales del foro han cuestionado la mera renovación de hombres, sin que varíe la política de injerencia exterior en el Poder Judicial, pero, por de pronto, igualmente avalan el argumento de que la actual Corte está sumida en el mayor de los desprestigios ante la sociedad y debe ser cambiada.
Es casi seguro que la única solución sea la reforma constitucional para lograr la nueva administración de Justicia en el país. Pero, no obstante, resultan inevitables los cambios en la Corte Suprema, debido a evidentes señales de un flojo desempeño de la principal instancia judicial en varios aspectos que hacen al ideal de “Justicia pronta y barata” sin mirar la cara del cliente, su color partidario o la tarjeta de presentación que exhiba con la firma de algún político.
Como dijo un empresario, la impunidad acumulada por años de deficiente ejercicio judicial con el condimento del “criterio político”, ha hecho crecer la inseguridad jurídica, que a su vez es el caldo de cultivo de la inseguridad física.
La inseguridad jurídica viene a ser así como el marco propicio para la rampante inseguridad física que asuela a la sociedad.
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