El comercio, principal arteria que da vida a Ciudad del Este está pasando por uno de sus momentos más críticos, y eso se debe a que nunca existió un plan verdadero, eficiente, de los Gobiernos de turno, tanto nacional como regional, para protegerlo. Están en riesgo millonarias inversiones, justo en momentos de una transición, ya de por sí muy extensa en el tiempo. La ciudadanía se manifiesta, pero Federico Franco ya no tiene tiempo suficiente. El presidente electo, Horacio Cartes, asegura que tiene el mecanismo para convencer a Brasil. Apuntalará a la industria como principal brazo para formalizar la economía regional. Hasta hace poco, el comercio de Ciudad del Este era uno de los principales alimentadores del Presupuesto General de la Nación, a través de los ingresos fiscales. Mucho trabajo ocupará a Javier Zacarías Irún en esta gestión; toda la que debió hacer cuando ocupó la intendencia.
Las influencias políticas que pueda tener Javier Zacarías Irún en las gestiones del próximo Gobierno deberá ser utilizadas sin dudas para tentar nuevas políticas de Estado, que resuelvan definitivamente la situación comercial que hasta hoy pende exclusivamente del humor de Itamaratí y de quien detente el poder.
Las prácticas militares, policiales y las gestiones de represión de la Receita Federal están reduciendo al comercio en esta parte de la frontera a niveles bajos, jamás alcanzados. La operación “Frontera Blindada” en en un solo puesto de peaje, el de San Miguel de Iguaçú (Brasil) se requisaron mercaderías por valor de 1 millón 200 mil Reales, unos 2 mil 400 millones de guaraníes en varios rubros, legales e ilegales.
El operativo fue anunciado por los medios brasileños y debía durar dos semanas, sin embargo después de varios días de cumplido el plazo, ahora apuntan a un control permanente. Es más, en la primera quincena de abril pasado se reformó los controles en la frontera, sumando más agentes de la Policía Federal, Rodoviaria Federal, Militar y Civil, además de la Receita Federal (Aduana).
Mercaderías
Las autoridades brasileñas aseguran que sólo reprimen el paso de drogas en cualquiera de sus tipos; automóviles presuntamente robados y personas que están bajo sospechas o indocumentadas. De hecho, en el primer informe se destaca que fueron requisados 142 kilos de marihuana, 8 kilos de cocaína, 14.800 unidades de diferentes medicamentos prohibidos en el Brasil, 954 anabolizantes y 70 frascos de lanza perfume. Un total de 57 vehículos, utilizados para el tráfico de droga y contrabando, fueron incautados por la Policía Rodoviaria y 18 personas fueron detenidas.
No obstante, el efecto es más amplio pues termina resintiendo el comercio. “Los compristas ya no vienen por temor que su mercadería sea requisada por la Receita; nosotros terminamos pagando por culpa de los que están haciendo negocios sucios”, destacó Antenor Gutiérrez, funcionario de la agencia de cambios que funciona cerca del puente. Si el comercio sufre, todo el espectro que gira en torno a la actividad también cae a la par, como las casas de cambio.
La medida afecta a los comercios de Ciudad del Este, que de hecho ya venía arrastrando un escaso movimiento comercial. Por ahora, los pocos compradores que tenían previsto cruzar la frontera, esperan que concluya el operativo para volver, aseguran los comerciantes.
Los empresarios y comerciantes de Ciudad del Este sostienen que el Brasil tiene todo el derecho de controlar sus fronteras y combatir hechos, como el contrabando y el tráfico de drogas, males que afectan a la imagen de la frontera y que nada tienen que ver con los sectores que trabajan en forma legal.
Inversiones
Existen varios proyectos que están en marcha, que requirieron grandes esfuerzos en inversiones. Tal es el caso de Monalisa, cuyo proyecto de inversión es de unos 200 millones de dólares para la construcción de un complejo turístico comercial. Si bien los empresarios inversionistas no paran en el plan, sin embargo la situación comercial en descenso afectará la velocidad que se imprime en este y otros proyectos.
Este complejo comercial tiene una inversión del 50% de capital paraguayo, y el restante 50% de empresarios brasileños.
La mención de esta inversión, quizás una de las importantes, es a modo de ejemplo, de los riesgos que generan la no búsqueda de soluciones a corto plazo y permanentes.
Otro sector también bastante sensible es la de generación de empleo. Con el motor del comercio frenado, sin dudas baja la contratación de mano de obra.
Hace algunos días, jóvenes organizados marcharon por Ciudad del Este en reclamo de empleo y sueldos muy bajos. Prácticamente no existe el salario mínimo.
Son representantes de la Asociación Movimiento Teko Pora Rekavo (Amoter) de Presidente Franco, quienes denunciaron que el 40% de los jóvenes del Alto Paraná no acceden a fuentes de trabajo pese a la preparación que tienen.
Nadia Ayala, una de las organizadoras de la marcha de protesta, explicó que “numerosas personas no tienen un empleo digno” y en el caso del comercio se acentúa por dos motivos: la crisis propiamente, y los pocos lugares que existen están todos copados por brasileños, en su mayoría indocumentados, que abre puertas a la explotación de los contratantes.
Cartes
El principal reclamo al Gobierno es la carencia de una política de Estado, que permita un respiro al comercio. Todas las administraciones se ufanaron de tener soluciones, sin embargo nada ocurrió hasta el momento. Incluso la intendencia en manos del clan Zacarías se reunía con gobernadores brasileños, pero jamás trajeron soluciones. Todo sirvió para proselitismo.
Ya no existe tiempo para Federico Franco; además no sería recibido en Brasilia. Todo quedará en manos de Horacio Cartes y su discurso destaca que habrá varios cambios en la gestión diplomática, que permita abrir un nuevo escenario con Brasil.
“Yo quiero trabajar con el Brasil y no contra el Brasil. Paraguay es un país bendecido, tiene energía, una necesidad mundial que compartimos con ellos y esa es una tranquilidad para trabajar. Hay muchas razones para que seamos felices juntos”, dijo el presidente electo a los medios cuando se le consultó su plan de reanudación de las conversaciones con el país vecino.
Dejó en claro que no pedirá limosnas, porque “nuestro país tiene muchos elementos que Brasil necesita y nos vamos a sentar a dialogar, a llegar acuerdos que nos convengan a todos”.
Sin dudas uno de los elementos que tendrá cerca será Zacarías Irún, quien tiene acabado conocimiento del día a día del comercio fronterizo.
Hace bastante tiempo se mencionaba la necesidad de reformular el comercio de Ciudad del Este; sin embargo fuerzas contrarias lo han evitado. El próximo Gobierno tendrá en sus manos un nuevo proceso que incluya a todos los sectores.
Entre ellos, sin dudas, el industrial tendrá gran protagonismo. Lo adelantó Cartes al mencionar que la maquila “podrá atraer inversionistas”, e invitó al empresario industrial brasileño a instalarse en la zona, indicando que ellos pueden ser mucho más eficientes con nosotros. “Debemos ser serios y ofrecer reglas claras” para alentar y atraer a los inversionistas, dijo.
No quiso entrar en detalles, relacionado a los controles que ahora ejecuta el gobierno de Dilma Rousseff, porque no es su tiempo; él asume recién en agosto, pero reiteró que Paraguay tiene atractivos para sentarse a conversar con los brasileños.
Escribe: Federico Herreros T.
federicoherrerost@gmail.com
Prioridad de reducir la pobreza obliga a tener como clave atraer inversiones
El Gobierno saliente tuvo que reconocer que la pobreza no fue posible reducir con los cuantiosos fondos que son destinados al presupuesto social. En los últimos diez años dicho presupuesto se ha ensanchado seis veces más, abarcando los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y el actual de Federico Franco, pero los resultados están a la vista: el 32 por ciento de la población del país sigue bajo el umbral de la pobreza y el 18 por ciento es indigente, es decir pobres extremos.
Ahora el mero asistencialismo social se quiere acompañar con una alianza público-privada con el fin de eliminar la pobreza extrema, que resulta a todas luces inconducente con una economía de alto crecimiento como es la que se espera se dé a lo largo de la presente década. Pero el éxito en la reducción de la pobreza sólo comenzará a ser visible, según los voceros del gobierno que se va, al término del mandato del nuevo presidente, en consonancia con la prioridad dada por Horacio Cartes a la lucha contra la miseria, el atraso y la falta de oportunidades para una parte importante de los paraguayos.
El presidente electo fue tajante al declarar la guerra a la pobreza, pero sin inflar el presupuesto nacional con más clientelismo y creación de fuentes de trabajo en un sector público ya muy cargado de burocracia estéril. Su artillería evidentemente apunta a las inversiones que el sector privado pueda realizar con miras al aprovechamiento de las grandes potencialidades productivas del país, todo lo cual redundará en la captación de la mano de obra ociosa, que abunda especialmente en el campo y que se ha trasladado a la periferia de las ciudades, con la consecuencia de cinturones pobres donde proliferan la delincuencia y la drogadicción.
El momento actual resulta muy propicio para la inversión privada en sectores como la agroindustria, la energía, la infraestructura vial y de transportes, que son grandes generadores de empleo. Sólo falta que el Estado se arremangue y acompañe el “boom” económico propiciado por la iniciativa privada, creando las condiciones de seguridad jurídica y política que afortunadamente se pueden obtener con la toma de posesión del nuevo gobierno encabezado por Cartes, catapultado al poder por una gran mayoría ciudadana.
La confianza popular en Horacio se basa en que sabrá poner orden en una clase política que muchas veces jugó en contra de las posibilidades de atraer inversiones desde el exterior o mismo de atemorizados compatriotas que prefirieron invertir afuera una parte de sus capitales antes que exponerlos al riesgo de la inestabilidad institucional.
Al mismo tiempo, este capital político le habilita al gobernante electo a acelerar los procesos para que se noten, año tras año durante su mandato, los resultados exitosos en la reducción de la pobreza, y no esperar el término del período en 2018 para ver la luz al final del túnel, como esperan los actuales detentadores del poder, que reconocieron la imposibilidad de luchar contra la pobreza con la sola asistencia social del Estado.
Para la atracción de las inversiones con el fin de aumentar el empleo y a través de éste incrementar los niveles de ingreso de la población que lleven a reducir los bolsones de pobreza en el campo y la ciudad, aparece como fundamental dar una imagen de lucha frontal contra la corrupción y la ineficiencia estatal.
Otro elemento clave en el proceso actual de atracción de inversiones es el respeto hacia el Estado de Derecho y de las reglas claras y permanentes, siendo uno de los puntales el reconocimiento de la propiedad privada como elemento esencial para atraer al país a grandes compañías interesadas en invertir en rubros estratégicos como el energético y la minería. Esta declaración de principios ya se ha incorporado como preámbulo esencial en los discursos del presidente electo y dan la pauta de cómo se actuará en los cinco años de mandato del empresario ahora investido de la responsabilidad de liderar el Estado paraguayo entre 2013 y 2018.
En un ámbito regional donde la inversión extranjera ha sido golpeada en extremo, como en el caso de las nacionalizaciones de YPF en la Argentina y de las compañías eléctricas españolas en Bolivia, cabe elogiar que el Paraguay ha sabido demostrar su apuesta por atraer capitales externos al poner freno a los intentos bolivarianos de Fernando Lugo de poner en jaque las propiedades de tierras, a lo que se puso punto final con el juicio político de junio de 2012.
Precisamente, la multinacional granelera ADM acaba de poner en funcionamiento en la zona de Villeta, a orillas del río Paraguay, una industria procesadora de soja, trigo y otros productos agroalimenticios con la mira puesta en el mercado internacional. La inversión, de US$ 400 millones, estuvo en riesgo de ser suspendida por los sucesos de invasiones de tierras y desconocimiento de la propiedad privada, durante la era Lugo.
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