Las últimas acciones de HC, como el concurso obligatorio para acceder a cargos públicos y su nueva arremetida contra el sector privado, se enmarcan en la búsqueda de la transparencia en la gestión estatal. Su próximo paso debe consistir en involucrar en esta lucha al Poder Judicial, para completar el cerco que logre embretar y neutralizar tanto a corruptos (funcionarios y políticos) como a corruptores (empresarios), según la óptica del primer mandatario.
Cansado que los dirigentes colorados le pidan cargos, el presidente Horacio Cartes cortó por lo sano y dio a conocer el decreto por el cual sólo por concurso de méritos y aptitudes se accederá a la carrera de funcionario público. Esta medida es necesaria para impulsar la transparencia y la equidad en el reclutamiento que se haga en la función pública, de ahora en más.
La decisión presidencial era un paso ineludible, como si se tratara de limpiar primero la casa antes de salir a exigir a otros la misma misión de transparentar los negocios del Estado. Es que casi inmediatamente el jefe de Estado volvió a arremeter contra sus colegas empresarios, por los conocidos esquemas de evasión que arman en contra del fisco, y ni qué hablar de los inicuos negociados que se fabrican para desfalcar al Estado, como el caso de los créditos IVA, que se han convertido en una verdadera industria urdida por facinerosos organizados para embolsarse multimillonarias sumas, con el sorprendente apoyo de la Justicia.
Es cierto que HC no puede limpiar de buenas a primera las oficinas estatales de funcionarios corruptos, pero dio a entender que los corruptores de éstos se encuentran en las empresas privadas, que son auténticas máquinas de sacar dinero al Estado, en vez de que el fisco sea el que les cobre los impuestos que deben pagar.
Pero no basta con barrer bien en la administración pública, ni son suficientes las leyes ya obtenidas del Congreso, si es que no se logra el apoyo del Poder Judicial y la Fiscalía, que son conocidas máquinas de impedir y cajonear expedientes con miras a la sanción de corruptores y corrompidos.
De allí su llamado a un gran pacto nacional que incluya a todos los partidos y el sector privado, de manera a convencer de una vez por todas a los jueces y fiscales del gran apoyo ciudadano con el que pueden contar en la lucha por la transparencia y en contra de la corrupción, que son materias muy necesarias con el fin de impulsar el nuevo rumbo cartista.
La política
como negocio
El gran problema que enfrenta Cartes en estos momentos son las presiones por cargos de los políticos y las maniobras del empresariado contra el Estado, que le escamotean los recursos para dar el empuje necesario a las políticas del nuevo rumbo que plantea para el país.
Por un lado, la persistencia de entender la política sólo como un negocio, por parte de dirigentes políticos y parlamentarios, conspira contra las reformas para realizar una mejor gestión en la administración estatal.
De allí que la obligatoriedad de los concursos para acceder a la función pública, reglamentada por decreto, signifique un paso fundamental para transparentar los procesos de incorporación a la administración pública sin más requisito que la idoneidad, yendo así en contra del sistema vigente hasta ahora, cuando lo normal era acceder a un cargo público a través del padrinazgo de algún político connotado.
Este primer requisito para optar a la función pública tendrá sus efectos sobre los procesos de gestión en las entidades estatales, hoy tan afectadas por el deficiente plantel de funcionarios, la mayor parte de ellos sin la preparación o la capacidad para cumplir con las tareas asignadas, lo que en definitiva implica la deficiente gestión de los diferentes planes del Estado.
Esto sin dejar de considerar el alto costo de la corrupción en la que están involucrados tanto los funcionarios como exponentes del sector privado. Ahora que se da la señal de que se desea acabar con la política como negocio, se supone que también los colegas empresarios de HC empezarán a entender cuál es el “rumbo” que quiere el jefe de Estado para el país y su gobierno.
Por su parte, los empresarios no hicieron el mea culpa, como era de esperar, sino que retrucaron acremente pidiendo al presidente Cartes los nombres de los posibles delincuentes de guante blanco. Pero evitaron comentar que HC dio nada menos que el nombre de un conocido club social de alto coturno de la capital, como el botón de muestra de lo que se está planificando en contra de los intereses del fisco y de la nación, con la complicidad de nada menos que el Poder Judicial, ya que la Corte Suprema se alió con los empresarios que solicitan la devolución del IVA a las entidades “sin fines de lucro”.
Si HC pidió armar líos en protesta por manejos poco claros en el Gobierno, tal como muchos manifestantes le tomaron nota y actuaron, ya sea en contra del aumento del pasaje o del criticado sistema del seguro obligatorio contra accidentes (SOAT), lo que corresponde ahora también es hacer ruido en contra de quienes se aprovechan de la política y del Estado para desfalcar o ganar dinero en forma ilegal a costa del fisco, es decir, de todos los paraguayos.
Los manifestantes, con justa razón, arremeten también contra la corrupción que urden tanto funcionarios públicos como empresarios, en el tema del transporte y en la cuestión del seguro obligatorio. Pero quien más les da el espaldarazo para su lucha es el propio presidente, con el decreto que establece la igualdad de todos los ciudadanos para acceder a la función pública, y al mismo tiempo advierte que será implacable contra los corruptores (empresarios) de los corruptos (funcionarios y políticos)
Sin embargo, todo de-penderá de la habilidad que tenga el presidente para conseguir un mayor ahínco del Poder Judicial y del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y para el logro de la transparencia en el accionar del Estado.
Escribe:
Luis Alen
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