Escribe: Luis Alen.
El impactante triunfo opositor en Ciudad del Este resulta un rotundo veredicto del pueblo contra la corrupción de la era ZI, pero al mismo tiempo origina notables implicancias en el futuro político del país, al confirmar el malestar profundo de la ciudadanía contra los blindajes que exhibe con todo desparpajo la corrupta clase política para defenderse de las investigaciones fiscales y judiciales.
La resonante victoria del joven dirigente independiente y concejal municipal, Miguel Prieto, debe ser analizada en primer lugar como lo que es en esencia: la señal del hartazgo de la población hacia una clase política que seguía creyendo, hasta el domingo pasado, que podía continuar engañando a la gente con discursos huecos que escondían siempre la aviesa intención de proseguir con las mismas perversas prácticas en el manejo de la administración estatal, tal como se estilaba en el extinto reinado del clan Zacarías Irún.
El mismo intendente electo lo graficó en forma elocuente, al decir que su éxito en las urnas se debía en gran medida a que muchos colorados votaron por él, al destaparse la olla maloliente de la componenda del oficialismo de Añetete con exponentes del zacariísmo, a cambio de la impunidad para el clan y en un pacto del que de ninguna manera estaría ausente también HC, aunque el cartismo haya aparecido sólo entre bambalinas durante la campaña electoral.
Es por ello que el resultado de la votación hay que tomarlo como una consecuencia no sólo del rechazo evidente a la era ZI, sino igualmente como el deseo ferviente de los electores de no validar la impunidad para el clan y todos los políticos metidos en la corrupción, como supondría la nueva entente Añetete-zacariísta-cartista, que podría haberse concretado en el caso de una victoria de la candidatura oficialista de Wilberto Cabañas.
El efecto a nivel nacional
La nueva administración municipal de Ciudad del Este, entregada por decisión popular a una convergencia independiente y a Conciencia Democrática del Este (CDE), liderada por Prieto, tiene la obligación de responder a la expectativa ciudadana con una gestión transparente y de limpieza de la desastrosa administración heredada de Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod.
La derrota de la ANR trae un mensaje claro para el mismo gobierno de Marito Abdo, que ya por las dudas asumió la responsabilidad por la debacle electoral, con la convicción de que la compulsa, atendiendo a la importancia del distrito en juego, hasta podría ser como un examen a la gestión de nueve meses de Colorado Añetete.
El presidente se adjudicó toda la culpa por bancarse un candidato perdedor, pero se cuidó de no referirse a algo que se percibe nítidamente entre las causales de la derrota, y es apostar nuevamente al mismo esquema que ya no convence de presentar candidatos ligados a los oscuros manejos corruptos de la clase política, con Zacarías Irún operando aún entre bastidores en CDE, así como lo hace Horacio Cartes en la trastienda del mismo grupo gobernante de la nación.
Resulta claro que en las próximas elecciones, sean municipales, a nivel de la junta de gobierno de la ANR e incluso en el proceso electoral de cara a 2023, el oficialismo abdista debe asumir la lección dada por las urnas en Ciudad del Este, cambiando radicalmente la imagen con que se presenta el coloradismo ante los electores, porque, si insiste con la misma fórmula ensayada en las elecciones esteñas, la ANR corre el riesgo de ir de nuevo a la llanura dentro de cuatro años.
El dilema de hierro de Marito viene dado desde ya, a partir del fracaso electoral del domingo, por la necesidad imperiosa de desligarse de toda atadura que aún le mantiene maniatado y dependiente de lo que proponga en última instancia el cartismo, especialmente en los grandes temas nacionales.
Por ejemplo, no le gusta nada al electorado las componendas que van ocurriendo en el Congreso nacional, sin solución de continuidad, y que consolidan un murallón de impunidad a favor de políticos investigados por corrupción, que se escudan en una especie de “hermandad” para lograr impunidad y continuar así delinquiendo a costa del erario, con el agregado del ruin sometimiento de la Justicia a los designios de la clase política.
Marito se adjudicó la responsabilidad por la caída en CDE, pero también la culpa debe ser cargada en parte por Hugo Velázquez, el vicepresidente, quien operó fuerte para tratar de unir a los colorados en el Este, a tal punto que puso a prueba un posible maridaje de nuevo cuño abdista-zacariísta, lo que no fue bancado por el electorado, evidentemente.
Las consecuencias están a la vista, para los próximos meses y años. Si el abdismo persiste en la conformación de una suerte de alianza de conveniencia mutua con el cartismo, para consolidar un reaseguro de impunidad, incluyendo el blindaje judicial a los investigados, indiciados o imputados por corrupción, la suerte está echada, porque se ha visto en CDE que la ciudadanía consciente del país ya no tolera esta clase de componendas a espaldas de lo que reclama el pueblo, que es una gestión gubernativa transparente y la independencia del Poder Judicial, para así asegurar la venida de las inversiones, la creación de empleos y la consiguiente prosperidad económico-social.
Paradójicamente, Marito podría salir fortalecido con el resultado del domingo pasado si es que apuesta definitivamente por orientar su período de gobierno sin acudir al tan mentado pacto de impunidad con HC, que hasta el momento en forma peligrosa le está marcando la agenda en algunos tópicos problemáticos de la gestión política y económica.
Es cierto que existe el riesgo de caer en la ingobernabilidad y de quedar atrapado en costosos pactos con la oposición, pero con el veredicto de las urnas en CDE está muy claro que la ciudadanía le va a acompañar a Marito en una posición férrea contra la impunidad y la corrupción.
La misma fuerza y determinación, con el apoyo de Estados Unidos, que está mostrando en el combate a los narcos de la zona nororiental del país, lo debe repetir Abdo Benítez con la rotura del blindaje de políticos y demás sospechosos de actos de corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado.
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