Todos los políticos más conspicuos y representativos de sus partidos, con honrosas excepciones en el Senado, se frotaron las manos con satisfacción ante la noticia de la salida de Carlos Arregui de la fiscalía de delitos económicos y anticorrupción, no por mal desempeño en sus funciones, sino por haber osado meter las narices en el entramado de corruptelas de la clase política.
La remoción de Arregui sobrevino en un momento inoportuno, justo cuando se empiezan a tratar en el Congreso los desafueros de varios legisladores. En una suerte de desafío a la ciudadanía que espera la profundización de las investigaciones, el alejamiento forzoso del fiscal adjunto es una señal clara que los políticos no dudarán un solo instante para blindarse y dejar sentado que no permitirán a los fiscales meter sus narices en las tramoyas o juegos de oscuros intereses que realizan a espaldas del bien común.
Está claro que la clase política le pasó la factura a la fiscalía, pero por hacer bien su trabajo. Se podrá aducir que en diez años de funciones en su oficina, Arregui prácticamente no metió en la cárcel a ningún corrupto de alto coturno, sea político, funcionario estatal o empresario exponente del sector privado, pero últimamente se animó por lo visto a destapar la olla de la corrupción de altos exponentes del Parlamento y de los partidos políticos, tanto de la ANR como del Partido Liberal o el Frente Guasu.
Consecuencias
políticas
El fiscal general Javier Díaz Verón trató de calmar la indignación general por la remoción de Arregui con el argumento de una “rotación normal en el Ministerio Público”, pero la posterior renuncia indeclinable del ex fiscal adjunto vino a desmentirlo, porque evidentemente se está en presencia de una movida trascendental para el devenir de la lucha contra la corrupción empotrada en el Estado.
Las causas y consecuencias políticas de la medida contra Arregui están a la vista, por cuanto las investigaciones fiscales afectan a casi todo el arco parlamentario. Algunas versiones hablan incluso de un pedido del presidente Cartes a Díaz Verón, pero lo cierto es que a quien más debe interesar que culminen los procesos de investigación es al propio HC, ya que podrá recuperar una parte del dinero sustraído en forma ilícita de las arcas estatales en administraciones anteriores, así como pondrá en la picota a los políticos corruptos que tratan de recaudar más con miras a futuras campañas políticas en las que eventualmente enfrentarán a Cartes o a algún delfín nombrado por él.
Es cierto que si la salida de Arregui fue por orden de HC, resulta un triunfo más sobre los mismos políticos de parte de Horacio, ya que ni las amenazas del senador Enrique Bachetta, proferidas en noviembre pasado contra los fiscales, habían hecho mella en la convicción de Díaz Verón de defender a sus investigadores.
Esta situación puede constituirse en un elemento más de consolidación del poder de Cartes, lo que es valioso en el marco del fuerte internismo existente en el Partido Colorado, en sus relaciones con los legisladores republicanos y en su relacionamiento con los partidos de oposición con representación parlamentaria.
Por eso, una lectura política de la movida en la Fiscalía apunta inexorablemente hacia un fortalecimiento de la capacidad de presión del primer mandatario sobre su propia dirigencia partidaria, pero también puede constituirse en un innecesario desgaste frente a la opinión ciudadana, cansada de la intromisión de los políticos en la Justicia.
Cuando arrecia la presión por demandas sociales de todo tipo, como el tema del descontento campesino por las fumigaciones sojeras o por la anunciada huelga general, sin olvidar las recurrentes escenas de pobreza extrema que aparecen en los noticieros de televisión, medidas como la remoción del fiscal adjunto sólo auguran malos tiempos para la lucha exitosa contra la corrupción y hacen pensar que la recuperación del dinero malversado por políticos y personas relacionadas con el poder resultaría finalmente una verdadera quimera.
La ida de Arregui puede ser nada más que una victoria pírrica para políticos y parlamentarios actualmente bajo la lupa de la Fiscalía, por cuanto a ojos vista se ha fortalecido la influencia de HC sobre el Ministerio Público, porque una medida como la adoptada por el Fiscal General no es en beneficio de los parlamentarios, como se creería de primera intención, sino una decisión bien pensada en función a consolidar el poder del mismísimo Cartes.
De allí la oportunidad que tiene HC de demostrar a la ciudadanía su compromiso de limpiar de corruptos la administración pública, no poniendo obstáculos al desarrollo de las investigaciones fiscales. De otra manera, la indignación ciudadana puede revertirse en su contra, lo que no es muy recomendable en momentos en que pone en juego su capital político y el apoyo de los electores con el fin de domar a sus díscolos liderazgos partidarios con miras a las internas y a las generales que se asoman en el horizonte.
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