Escribe: Luis Alen.
Todos los balances realizados hasta el momento sobre la gestión de un año de Horacio Cartes han coincidido en que la política de transparencia -la “glasnost” soviética de Gorbachov- terminó por consolidar el poder del presidente, en detrimento de una clase política hundida en el fango de la corrupción y que ha quedado en evidencia ante la opinión pública en sus más procaces e impúdicas obscenidades. Uno de los que tenazmente se resiste a la transparencia que propone el presidente es Javier Zacarías, quien se aferra a la impunidad en la comuna esteña.
Las evaluaciones de los propios políticos en los diferentes medios de comunicación, especialmente en la TV del último fin de semana, son dignas de un argumento kafkiano –del escritor checo Franz Kafka-, por su evidente desorientación ante las jugadas de ajedrecista de HC, con afirmaciones que rayan lo absurdo o la irracionalidad.
Indudablemente les asusta a los políticos y no saben cómo reaccionar ante el desafío de la política de transparentar la cosa pública, en la que está embarcado el jefe de Estado. Reconocen, empero, como en el caso del senador “Calé” Galaverna, que Cartes sólo está poniendo en ejecución su propuesta electoral ya conocida de “publicar lo que es público” y que está previsto en la propia Constitución Nacional.
Lo que sí no digieren hasta ahora y se cuidan de no mencionarlo, es que HC utilizó hábilmente la política de “glasnost” para neutralizar al Parlamento y por ende a la clase política, con el fin de llevar adelante el plan de cimentar su poder más allá de la presión de los liderazgos partidarios, específicamente de su propio partido, el Colorado, y así lograr no sólo importantes leyes que le garanticen una cómoda gobernanza, sino también la sumisión de un Poder Judicial que hasta ahora era movido entre bambalinas por los políticos y que ahora respira aliviado ante la embestida de Horacio contra éstos.
Como una señal de la consolidación del poder de HC, la última cumbre de poderes en el Palacio de López condujo a la virtual reconciliación de la Corte con el Ejecutivo, al asentir aquélla la salida del Registro Público de su hasta ahora cerrado círculo de influencia, para la conformación de una entidad autónoma que rija el sistema catastral y registral del Estado.
Una crítica que siempre se ha hecho es que la Corte se constituye en juez y parte al mismo tiempo cuando juzga los casos de conflictos sobre títulos de propiedad, ya que además de tener la facultad jurisdiccional en el tema, gestiona el aparato administrativo de los registros públicos.
La independencia administrativa del Registro Público implica una victoria más de la política de transparencia, que ahora ya llega al Poder Judicial, iniciándose así su proceso de reorganización a instancias del Poder Ejecutivo y la aquiescencia de la presidencia del Congreso, en manos de un aliado de HC como es el liberal Blas Llano, con quien lleva adelante el famoso Pacto Azulgrana.
Transparencia llega al Este y
comuna sigue con sus “negociados”
A nadie escapa que, fruto del mayor poder cartista, el Senado ha accedido a investigar al poderoso Clan que controla Ciudad del Este, a instancias de un bien planeado ataque de HC para, por fin, poner a raya al ambicioso líder de la disidencia colorada, Javier Zacarías Irún, cuya administración y la de su esposa, a lo largo de trece años de gestión, ha estado plagada de sospechas de corrupción y manejos financieros poco claros, que nunca fueron aclarados por la Contraloría ni por alguna auditoría contable seria.
Lo que tampoco fue evaluado por los políticos en los últimos días, es la reacción prevista a la embestida de HC, por parte de ZI. La respuesta del líder esteño no se hizo esperar, con el rechazo a la “intromisión” de la comisión del Senado, según la declaración de la junta municipal dominada por el Clan, a la que siguió la demostración de fuerza contra los ocupantes de la vía pública sin que se les diera una reubicación, como debía ser hecha en las nueve hectáreas que han tenido otro destino, por obra y gracia del mismo Zacarías, que las ha destinado a albergar shoppings de comerciantes extranjeros.
La reacción de los Zacarías contra su propia gente, desde todo punto de vista arbitraria e ilegal, según la opinión de connotados juristas, era de prever, como dando a entender quién manda en CDE. Pero la actitud desafiante puede conducir a que Javier se aísle en su feudo, perdiendo influencia a nivel nacional, que es lo que quiere HC.
Lo que sí han señalado los políticos como de “cumplimiento imposible” es la reforma del Presupuesto Nacional y del Estado en su conjunto, con la racionalización del funcionariado y de sus remuneraciones, ya a partir del cálculo presupuestario que se inicia en setiembre para el ejercicio del año próximo. Esto, a pesar de que calaron hondo en la ciudadanía las escandalosas revelaciones de altos ingresos de algunos estamentos, en relación a la media general de salarios del sector público y del sector privado.
La lógica consecuencia de la política de transparentar los gastos públicos y del personal estatal, es la segunda parte del plan, que consiste en unificar los sueldos y las demás gratificaciones en un solo salario que contemple el nivel jerárquico del funcionario y un digno estándar de vida para su familia. Aquí entra a tallar la posibilidad de que los políticos muevan entre bastidores a los sindicatos estatales contra HC, hasta ahora silenciosos y sin capacidad de reacción aparente, en una especie de quietud que precede a la tormenta.
Domar el monstruo del presupuesto estatal rígido que absorbe el 90 por ciento de los recursos totales en salarios y gastos operativos, sin mayores resultados para una gestión eficiente del Gobierno, significa en primer lugar pensar qué hacer con los planilleros, que serían nada menos que 60 mil, según el “sincericidio” realizado por Galaverna en un conocido programa de televisión. Los que cobran sin trabajar, más el resto de 200 mil funcionarios públicos que sí trabajan, están ahora a la espera de lo que se propone realizar HC para mejorar la calidad del gasto público.
Para racionalizar el gasto público, Cartes debe afectar necesariamente a su base política colorada, cuyos operadores y punteros, apadrinados por los líderes políticos, conforman una fuerza no desdeñable a la hora de captar votos.
Pero no le cabe otra a Cartes, en función al gran desafío que se echó él mismo encima, al captar los US$ mil millones en el mercado internacional de bonos, aprovechando el buen posicionamiento paraguayo de la actualidad en los ámbitos de negocios.
El presidente debe hacer toda la mejor letra posible para canalizar las inversiones en forma tal que no haya un menor resquicio posible para corruptelas y manejos sinuosos con el dinero público, a los que nos acostumbraron las administraciones anteriores de la República.
Mientras tanto, los políticos se hallan agazapados para dar sus conocidos zarpazos al erario, más aún cuando se contará con los recursos provenientes de los bonos, de las compensaciones de Itaipu y de los mayores ingresos tributarios que se darán por el incremento del Producto Interno Bruto.
Al estilo de la respuesta de Zacarías Irún en Ciudad del Este, a la clase política en general le cuesta adaptarse al nuevo rumbo cartista y tratan de reagruparse para defender su terreno en el análisis del próximo presupuesto general de 2015, así como en sus respectivos feudos en entes estatales, gobernaciones y municipalidades.
De allí que de la forma en que HC resuelva el caso de CDE, depende finalmente la suerte del país en su conjunto, porque se creará un precedente necesario al rechazar la pretensión del Clan Zacarías de forzar que Cartes reconozca el hecho consumado de la “república aparte” de Ciudad del Este, un verdadero Estado dentro del Estado.
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