Escribe: Luis Alen.
El primer aniversario del triunfo electoral colorado tuvo su celebración, como era de esperar, pero muy afectada no sólo por las divisiones internas en el seno de la primera agrupación política del país, la ANR, sino por la sensación que flota en el ambiente, de que la delincuencia organizada, como el caso EPP, le tiene como rehén a todo un país.
Es que los festejos resultaron bastante desteñidos por la continuación del secuestro de Arlan Fick, que a más de treinta días de su retención forzosa a manos del grupo irregular armado del Norte, ya resulta todo un símbolo lamentable del fracaso de los organismos de seguridad para poner punto final a las tropelías de esta organización criminal, muy ligada al movimiento de las mafias vinculadas al narco-armatráfico de la frontera.
Los secuestradores no sólo utilizan al joven capturado como un escudo humano para evitar las tantas veces anunciadas incursiones de la Fuerza de Tarea Conjunta, sino también para marcarle la agenda al Gobierno, en un tema muy delicado como es la imagen que se da hacia el exterior, por cuanto los inversionistas dudan más de la cuenta a la hora de decidir sus radicaciones de capital en lugares donde casi son impunes los grupos criminales.
Si a esto se agrega la fama de país corrupto y donde el derecho ha estado siempre en segundo plano para dar lugar a la “ley del mbareté” (del más fuerte), que es como la ley de la selva, los esfuerzos que el Gobierno realiza para crear un ambiente favorable de negocios pueden caer en saco roto.
Ocurre en este primer aniversario del triunfo electoral de Horacio Cartes, que las críticas se centran en el hecho de que no hay nada que festejar desde el momento que un adolescente, miembro de una familia de colonos, se encuentra secuestrado en manos de unos delincuentes que se pasean por el departamento de Concepción con plena libertad de movimiento, pese a las fuerzas de seguridad desplegadas en la región.
Las acciones sociales opacadas
El despliegue de asistencia social del Gobierno en el Norte del país, a través de una comisión interinstitucional, la CAICO, resulta evidentemente una gran necesidad con el fin de paliar la ausencia del Estado en la zona, pero también hay que reconocer que todo será vano si es que la ley no campea en el espinoso tema de la inseguridad creciente para los productores y moradores de los departamentos más afectados por el flagelo, Concepción y San Pedro.
Las buenas señales que dan las autoridades en materia de gestión estratégica, en la lucha contra la pobreza y en la mejora de la administración general del país, quedan opacadas por los magros resultados en materia de seguridad ciudadana. Porque la sensación prevalente entre la ciudadanía es que no sólo el EPP le está marcando la agenda al Gobierno, en forma inicua, sino también la delincuencia organizada en general, no ya en la frontera como era antes, sino en todo el territorio nacional.
El Gobierno de Cartes busca instalar mecanismos más efectivos para gestionar sus acciones en ejes estratégicos en la lucha contra la pobreza, notándose la búsqueda de coordinación entre instituciones y el monitoreo de las acciones, buscando mayor eficiencia y menos duplicaciones y desperdicio de recursos. Pero estas actuaciones no son muy conocidas por el público, lo que lleva a pensar en la necesidad que tiene HC de mejorar sus canales de comunicación social.
Ya se le escuchó al presidente Cartes reconocer en varias ocasiones que todo es más lento y engorroso en el sistema público. El presidente se expresa positivamente sobre los resultados hasta ahora, aunque siempre insiste en que “queda mucho más por hacer”.
Se ha notado, a propósito, que poco a poco se van organizando sistemas de gestión más integrados y con perspectivas de mayor eficacia en el Ejecutivo. Pero esta evolución es lenta, lo que lleva a preguntar si alcanzará el tiempo disponible para lograr los resultados que espera la ciudadanía.
La prioridad ahora está en las herramientas de gestión, especialmente en el tablero de mando que está en fase de prueba y que permitirá monitorear de manera frecuente los avances o problemas de las acciones programadas por las diversas instituciones involucradas, coordinadas por la Secretaría Técnica de Planificación (STP)
Se informó que la STP pondrá a consideración del presidente el grado de avance o lentitud de los programas según un cronograma preestablecido. Esto permitirá también medir el grado de eficacia de las diferentes oficinas gubernamentales, especialmente del área social.
Precisamente, en el frente social se inició el diálogo con centrales sindicales y organizaciones campesinas sobre temas no coyunturales, con la presentación de las ideas centrales de un Plan Nacional de Desarrollo, que el Gobierno espera dejar aprobado como ley, con vigencia hasta el año 2030.
Si lo logra, será la primera vez que el país disponga de una herramienta de planificación a largo plazo, cuyo cumplimiento es obligatorio para el sector público, según lo indica la Constitución.
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