*Se trata de la firma industrial Rotesma Paraguay SAIC.
La firma Rotesma Paraguay S.A.I.C., que se encuentra entre las más de 40 empresas investigadas por lavado de dinero en la Causa N° 68/14, por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, estaría ligada al actual vicepresidente, Hugo Velázquez. La misma está ubicada en Calle 16 lado Monday de la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná. La industria se dedica a la producción de prefabricados de concreto, y que se ha adjudicado varias obras ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que se llevan a cabo, principalmente, en el Alto Paraná, además de los departamentos de Itapúa y Caaguazú.
Rotesma Paraguay S.A.I.C. es una de las 41 empresas vinculadas entre sí, que son investigadas por la Fiscalía en el emblemático caso conocido como “megalavado”. A lo largo del 2016, el Ministerio Público realizó una serie de procedimientos en Ciudad del Este para investigar casos de blanqueo de activos, evasión impositiva, asociación criminal y contrabando. En aquel entonces hablaban del mayor esquema de lavado que se haya detectado en el país, cuyo movimiento de dinero giró en torno a la suma de US$ 1.200 millones.
Según la página web de la empresa, la misma fue la encargada de la construcción de los tres puentes sobre el río Acaray, sobre la Avenida Perú, que conecta Ciudad del Este con Hernandarias. Estas obras fueron inauguradas el 13 de abril del 2018. Constantemente los accionistas de la industria se ufanan de las obras materializadas en el país, al tiempo de resaltar las bondades del gobierno de turno.
La empresa hace un intenso marketing en redes sociales sobre su participación en obras del MOPC, tales como la construcción del puente sobre el río Monday, que une Minga Guazú y Los Cedrales y sobre el río Acaray, que conecta a Minga Guazú con Hernandarias, como también la duplicación de la ruta PY02 y la construcción del corredor de exportación entre Itapúa y Alto Paraná, entre otras.
Supuestamente acciones fueron vendidas
Supuestamente, a finales del año 2019, una parte de las acciones de la industria de prefabricados de concreto fueron vendidas. Sin embargo, Rotesma Paraguay, cuyos principales accionistas son el libanés Walid Amine Sweid y el importador Ricardo Galeano, ese mismo año se adjudicó la construcción y finalización de una fábrica perteneciente a otra firma que se encuentra vinculada al mismo grupo empresarial, que también estaría indagada en el esquema de lavado de dinero.
Empresa viene siendo
investigada desde años
La Causa N° 68/14 está caratulada “Investigación fiscal sobre lavado de dinero y otros”. Según los reportes, el esquema movió alrededor de US$ 1.200 millones, desde Ciudad del Este y que se sospechan que habrían sido utilizados para el financiamiento de la organización musulmana chií, Hezbollah, grupo al que se le liga como supuesto financista a Walid Amine, según investigación de la justicia.
La carpeta fiscal fue abierta en el año 2014, por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y cuenta con más de 430 tomos de documentos, evidencias y pericias que actualmente se encuentran en las oficinas del Ministerio Público en Asunción.
Transacciones sospechosas
Operaciones de transferencias internacionales, boletas de cambio y arbitrajes, cheques emitidos, informes de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC); reportes bancarios y de casas de cambio, son algunos de los documentos incluidos en los biblioratos. Más de 40 empresas se encuentran ligadas a esta red, y muchas de ellas seguirían operando, según los que tienen a su cargo la carpeta fiscal.
La investigación fue abierta luego de que organismos de Estados Unidos, como la FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Departamento del Tesoro y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), alertaron sobre un mega-esquema de lavado de dinero que estaría vinculado al grupo terrorista Hezbollah, con sus ramificaciones en el Paraguay.
Al respecto, la SEPRELAD sostiene que “es importante mencionar que se cuentan con indicios de hechos antijurídicos precedentes, detonantes a los efectos del inicio de la investigación por lavado de activos, los cuales se refieren a las mercaderías ingresadas por contrabando al país por las empresas citadas, desde diferentes puertos”.
En su momento el juez Penal de Garantías de Delitos Económicos, doctor Humberto René Otazú, en el 2016 ya había sostenido que existía un esquema de asociación criminal, para el lavado de dinero, lo que motivó la firma de una orden de allanamiento, el 4 de diciembre de ese año.
En aquella ocasión, fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) realizaron una serie de allanamientos a empresas en la capital de Alto Paraná, además de procedimientos en residencias en el Paraná Country Club de Hernandarias. Todos los indiciados en la Causa N° 68/14 tienen canceladas sus visas para ingresar a Estados Unidos desde hace años, por sus reiterados presuntos vínculos con el financiamiento al terrorismo y otros delitos transnacionales.
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