Escribe: Luis Alen
No está mal tomar deuda en el mercado internacional, como el caso de los bonos soberanos del Gobierno, pero lo que no está bien es hacerlo sin tener planes de desarrollo a mediano y largo plazos, debido a que, precisamente, la carga del endeudamiento se traslada hasta a 30 años.
Se podrá aducir que el Gobierno nacional tiene buen crédito, lo cual resulta real, como resultado de una política macroeconómica estable en los últimos 10 años. Sin embargo, el problema es a futuro, tomando sólo como ejemplo la experiencia del “crédito chino” de 1999, de 400 millones de dólares, que aún tiene un saldo importante a pagar y no se conoce de su buena aplicación en proyectos rentables que ayuden al repago de la deuda.
En todo caso, lo más probable es que, a falta de proyectos con rentabilidad económica asegurada, los futuros gobiernos del país tendrán que acudir a los impuestos para la devolución de los US$ 1.000 millones captados ahora en el mercado internacional, a 30 años de plazo y a un interés anual de 6,1 por ciento, que, desde donde se lo mire, implica un espaldarazo de confianza de los inversores externos en el Paraguay y su manejo económico.
Este monto nuevo se agrega al de US$ 500 millones captado en enero del año pasado, a 10 años de plazo y a 4,6 por ciento de interés.
A partir de ahora, se redobla la responsabilidad de los ejecutores de la política económica para continuar consolidando el prestigio paraguayo de buen pagador, lo cual lleva a la necesidad de realizar profundas reformas en el Estado, para mejorar la calidad del presupuesto público, recortando drásticamente los gastos superfluos y haciendo que la presión impositiva se traslade hacia los que pueden pagarla, en vez de cargar más del 50 por ciento de los ingresos impositivos sobre las espaldas de los contribuyentes más pobres, a través del IVA y del Selectivo al Consumo.
Pero no sólo eso se requiere. Se sabe que está en los planes del equipo económico gubernamental la máxima transparencia en el manejo de los fondos que vendrán, especialmente para obras de infraestructura, energía y construcción de viviendas. No obstante, lo fundamental será demostrar que cada dólar utilizado se lo hace en función a parámetros medibles de rentabilidad económica y social.
Solamente a través de un plan de desarrollo se podrá afirmar que estos recursos han sido utilizados en forma correcta, ya que la programación así efectuada se hará con un sentido de conjunto y en base a prioridades desarrollistas.
Si la prioridad en infraestructura es un transporte eficiente, en términos energéticos y de utilización óptima de los recursos económicos, lo podrá indicar el orden de prioridades originado en un diagnóstico y una planificación en función a los altos objetivos de desarrollo nacional.
Lo más probable es que la construcción de viviendas de interés social esté también en primerísimo lugar entre las obras a encarar, dada su importancia en materia de bienestar social. Su rentabilidad posiblemente sea más baja que la del sector transporte, pero, sin embargo, en términos sociales resulta una necesidad básica, junto a las obras de saneamiento ambiental.
Todas estas inversiones prioritarias generarán a su vez un ambiente adecuado de dinamismo económico que augura crecimientos del orden del 6 al 7 por ciento anual en los próximos ejercicios, con lo cual se conseguirá también la reducción de los altos niveles de pobreza.
Lo que sí resulta imprescindible es evitar que los fondos originados en los bonos sean utilizados para cubrir gastos corrientes o pagos de deudas anteriores, que deberían ser cubiertos con mayor presión impositiva sobre empresas y personas que muy poco están pagando tributos en comparación a su gran capacidad económica, como el caso de las firmas jurídicas o unipersonales del ámbito agropecuario.
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