Escribe: Luis Alen.
Ya pasaron casi dos meses de la presentación del reglamento de la Ley de Alianza Público-Privada (la 5.102/13), sin que se tengan novedades acerca del inicio del primer proyecto conjunto entre el Estado y una empresa del ámbito empresarial privado, ya sea nacional o del extranjero, con miras a reducir el gran déficit de inversiones en infraestructura que adolece el Paraguay.
Como era de suponer por la paralización de inversiones en obras públicas desde hace más de un año, se confirma que el Producto Interno Bruto (PIB) del país va a depender de nuevo en 2014 de la evolución favorable de los sectores ligados a la soja y a la carne, fundamentalmente, de tal forma a tener una perspectiva de crecimiento de 4,8 por ciento, que de todos modos resulta casi el doble de la media latinoamericana que no supera el 3 por ciento.
Lo indicado es revertir rápidamente la anemia inversora del Estado con el inmediato inicio de las obras en proyecto, para así tener un impulso en la actividad económica que permita contar en el segundo semestre con el motor adicional de los programas de infraestructura, tan necesarios y cuya demora está ocasionando un retroceso en la expansión del PIB, después que en 2013 se tuviera el récord de crecimiento de 15 por ciento, siempre cimentado en la buena performance del sector agropecuario.
Estudios deben estar bien hechos
A la espera de concretar el primer proyecto de alianza público-privada, el Gobierno no tiene otra alternativa que encarar la inmediata reanudación de aquellos proyectos que ya estaban en marcha en el Gobierno anterior o que cuentan con estudios realizados, como el caso del ensanchamiento de las rutas 2 y 7, por ejemplo.
El problema está en que los proyectos deben tener estudios bien hechos de factibilidad antes de ser llevados a la práctica, especialmente en cuanto a su impacto económico-social y, por supuesto, ambiental. Por ejemplo, el de la hidrovía, que se debe concentrar en el dragado y mantenimiento del río Paraguay, no debe afectar el rico ecosistema que lo circunda ni mucho menos realizar cambios en su curso que podrían terminar dañando la frágil ecología del Chaco o la del Pantanal, el más grande reservorio de agua dulce en superficie de todo el planeta.
Sin estos estudios de factibilidad no se puede llamar a ninguna licitación para la realización de las alianzas, y menos aún que el propio Estado se involucre en proyectos que dañen el ecosistema natural del país. Ya mucho perjuicio se ha causado al ambiente con la tala de bosques, la degradación de suelos y la contaminación de los ríos, como para continuar rematando la riqueza nacional a cambios de dudosos beneficios para la nación.
Por fin ahora el Gobierno ha anunciado el urgente inicio de obras que estaban paralizadas o semiparalizadas, con la esperanza de contribuir para una mayor dinámica económica en los meses que restan del año. Es que se ha constatado que se mantiene el contraste del crecimiento sobre la base de la expansión agropecuaria con un perfil de inversión y consumo que han tendido a la baja en el primer trimestre enero-marzo, según el Banco Central, lo que ha encendido la luz de alarma en el tablero de la coyuntura.
Si se tiene en cuenta que normalmente los estudios de proyectos llevan un año hasta el llamado a licitación, y otro año para el inicio de las obras después de la convocatoria, sólo se tendría el “boom” de la construcción de infraestructura en 2016, lo que supone que el segundo semestre de este año y el 2015 todavía deberán tener obras financiadas por recursos netamente estatales, a menos que se aceleren al máximo algunos planes en el marco de la APP, como el caso del ferrocarril de cercanías Asunción-Ypacaraí, con una inversión cercana a los US$ 500 millones, que se encararía con una empresa europea.
La figura del “iniciador privado”, que incorpora la Ley de APP, está por verse aún si funciona, porque llegado el caso podría colisionar con las prioridades que establece el Estado en materia de inversión en infraestructura, que hasta ahora se concentran en rutas, aeropuertos, hidrovías, ferrocarriles, agua y saneamiento, así como viviendas.
En cualquier caso, lo ideal es que tanto la iniciativa privada como las prioridades estatales confluyan en un entendimiento, para así tener los primeros contratos de APP en el menor plazo posible, en los próximos meses.
También hay que ver si el Estado cuenta realmente con los recursos internos y externos para encarar los emprendimientos conjuntos. El financiero resulta el aspecto fundamental para las alianzas de APP, así como también que los proyectos tengan la necesaria rentabilidad económica y social.
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