Estado tiene que garantizar producción a pequeños agricultores

La decisión de que el Estado compre directamente su producción a los pequeños productores agrícolas, así como la orden a las gobernaciones y municipios para que adquieran insumos elaborados localmente, puede que tenga también impacto positivo en la actividad económica de las comunidades rurales, pero tampoco es una medida que incidirá mayormente en un cambio gravitante para la mejoría sustancial de los ingresos de la masa más pobre.
Lo que el Gobierno está obligado a acelerar es la creación de fuentes de trabajo para los jóvenes y para la masa campesina que es expulsada del campo por la expansión sojera y ganadera. Resulta imprescindible un Plan de Desarrollo Económico y Social que parta de la necesidad ineludible de promover un crecimiento industrial, comercial y de servicios para las ciudades, lo que redundará en beneficio de toda la población y posibilitará incluso la reducción de los elevados índices de delincuencia.
Es un error pretender que la masa campesina permanezca en sus chacras a la vista de que para muchos no hay otro horizonte que emigrar a las ciudades, ante el avance de la agricultura y la ganadería empresarial. Pretender a estas alturas hablar de “reforma agraria” es prácticamente una pérdida de tiempo, dada la valorización extrema de la tierra, incentivada desde el mismo Estado con los negociados en el Indert y por las ventas de “derecheras” de los campesinos a los brasiguayos. El gran desafío para Cartes está en las ciudades: Asunción y su área metropolitana del Departamento Central; Ciudad del Este y su zona de influencia; Encarnación, Coronel Oviedo, Villarrica, Pilar, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, son centros urbanos con crecimiento dinámico que demandan cada vez más atención en materia de infraestructura, servicios básicos de saneamiento, energía y vivienda, que las solas municipalidades o gobernaciones no podrán cubrir por sus propios medios.
Por estos días se nota que hay carencia absoluta de mejorías, por ejemplo en materia de transporte público, en la zona capitalina, pese a lo cual se resolvió un incremento de 20 por ciento del pasaje, lo que ha causado un señalado escozor en el ánimo de la población y un golpe bastante fuerte al bolsillo de los trabajadores, a falta de un incremento paralelo del salario mínimo.
Lo que debe plantearse el Gobierno de HC es si hasta qué punto no está jugando con la paciencia de la población más pobre, a la vista del deterioro causado en los niveles de ingresos y en la calidad de vida. El desafío del frente social puede ser enfrentado aún con el capital político ganado por el jefe de Estado, pero todo tiene su límite de tiempo.
Habrá que preguntarse seriamente en el entorno presidencial si no ha llegado el momento de poner más énfasis en el plano social, acelerando la toma de decisiones con el fin de facilitar la venida de las tan ansiadas inversiones público-privadas, y al mismo tiempo agilizar al máximo las masivas obras de infraestructura y de construcción de viviendas.