Escribe: Luis Alen
Ejemplos pasados y actuales abundan de cómo las internas partidarias o de otras instituciones pueden llegar a afectar liderazgos nacionales, hasta ponerlos en situaciones límites de no retorno. Es lo que ocurre con la actual lucha por espacios de poder en el Congreso, que inevitablemente terminarían por tener consecuencias en el Poder Ejecutivo.
El presidente Horacio Cartes había actuado bien al bajarle el pulgar al senador Juan Carlos Galaverna para la presidencia del Senado, pero lo ha hecho mejor aún al declararse prácticamente prescindente en el actual forcejeo por la candidatura colorada entre los dos bloques republicanos irreconciliables de la Cámara Alta.
Pero a HC le conviene que la tendencia de la elección vaya en una dirección que le brinde después la tan ansiada gobernabilidad, desde el momento que existe siempre el riesgo de que finalmente las bancadas opositoras se unan y planteen una oposición más fuerte, lo que no le conviene de ninguna manera al Gobierno nacional, habida cuenta de la necesidad de impulsar medidas firmes en varios campos, atinentes con suma urgencia a la seguridad y a las inversiones público-privadas con el fin de crear fuentes de trabajo.
Pero no sólo eso preocupa a Cartes, ya que en el Ejecutivo hay señales de alarma con respecto a la formación de una especie de acuerdo de autodefensa de la clase política corrupta parapetada en el Parlamento, con el fin de continuar acumulando fuerza sobre los demás poderes del Estado: el Ejecutivo, el Judicial y el Ministerio Público.
Galaverna gana protagonismo
Debido a la notable dejadez que reina en las cúpulas partidarias, ganan la palestra aquellos personajes acostumbrados a medrar con el poder gracias a su experiencia como capeadores de tormentas políticas. Es el caso de “Calé” Galaverna, que de nuevo es el hombre del momento, al comandar nada menos que un proceso de afianzamiento de la vieja política cuyo mayor elemento de defensa son las listas sábana, que ahora vuelven a ser reivindicadas a pesar del fuerte apoyo popular al desbloqueo, que posibilitara la ley que salió en 2012 y que ahora se tacha de inaplicable justamente por aquellos que ven sus intereses apeligrados.
Ausente también la movilización ciudadana, ya sea por cansancio o por resignación ante la imposibilidad de poner freno a la creciente dictadura parlamentaria, corresponde analizar lo que está en juego con la consolidación del poder en manos de desprestigiados personajes de la política criolla.
En aras de la gobernabilidad, HC supo manejarse en el primer año de gobierno contemporizando en buena forma con los liderazgos partidarios colorados y hasta se podría decir de algunos opositores. Pero éstos ahora se van diluyendo en una desgastante interna partidaria, especialmente en el Partido Colorado, a sabiendas que la cúpula liberal prácticamente se halla acéfala.
Entonces aflora la hábil maniobra “calesista”, llenando en apariencia un vacío de poder dejado por HC. Sin embargo, todo lleva a suponer que el presidente no caerá en el maquiavélico juego del senador colorado, ya que no sólo está en juego la gobernabilidad de los próximos meses sino también su proyecto de reelección.
Es cierto que “Calé” puede llegar a jugar hasta a dos puntas, volviendo en cualquier momento a ser, llegado el caso, un elemento de acción para HC en el Parlamento, toda vez que el jefe del Ejecutivo le dé guiños favorables para seguir poniendo operadores en los cargos públicos.
Pero, definitivamente, Cartes debe tener cuidado de no depender en demasía de un proyecto de poder como el de Galaverna, que se orienta nada menos que a la titularidad partidaria en las próximas internas de 2016.
La razón principal para que HC tome distancias del plan “calesista” es que no sólo involucra el control partidario colorado, sino de todo el Parlamento, pactando a la vez con la oposición liberal y del Frente Guasu, como una especie de autodefensa de la clase política ante las graves acusaciones de corrupción que la afectan y que se encuentran bajo investigación por parte de la Fiscalía.
El primer paso es lógicamente asegurar tanto a colorados como a liberales la no implementación del molestoso desbloqueo de las listas sábana, que también nunca fue tomado en serio por la misma Justicia Electoral, manejada por control remoto por los mismos políticos.
El segundo paso involucra una presidencia del Senado que sea útil para condicionar la gobernabilidad de HC, con lo cual se avizoran reñidas negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en cada caso y en cada gran tema en discusión. Se volverá al famoso “toma y daca” de los gobiernos anteriores sin excepción.
Avisado de esta disyuntiva no tan favorable, Cartes sabe que tiene que afinar su capacidad de gestión política para descompaginar el juego de Galaverna. Seguir prescindente no es el camino acertado, por cuanto no asegura la gobernabilidad y menos aún el control de la batuta con el fin de liderar un proceso que le lleve a contar con el apoyo colorado y opositor para una eventual convocatoria a la Constituyente.
Su éxito político a partir del apoyo internacional evidenciado en la celebración de la asamblea de la OEA en el país apenas un año después de su elección, así como la continuidad del apoyo ciudadano, pueden erosionarse rápidamente, por lo que HC tiene que dar un golpe de timón acordando con la oposición o una parte de ella y el bloque de senadores que le son leales, un programa de gobernabilidad de aquí a un año, por lo menos.
El momento político es de definiciones para HC, a lo que se agrega la necesidad de mostrarse más apegado a las causas ciudadanas, como el caso de responder con eficacia por parte de las entidades gubernamentales a las demandas de asistencia de los ciudadanos damnificados por la crecida de los ríos.
También deberá expedirse sobre eventuales vetos a leyes como la de colegiación obligatoria o a la de expropiación de tierras de empresarios europeos para indígenas en el Chaco. Todo ello tendrá que tener necesariamente la cobertura política de sectores partidarios todavía a salvo del contagio del tenebroso plan “calesista” de copamiento del poder parlamentario, cuyo objetivo es influir a su gusto sobre el Ejecutivo y el Judicial.
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