Al cumplirse dos años de la masacre de Curuguaty, que se llevó la vida de 17 personas (6 policías y 11 campesinos), el Frente Guasu emitió un comunicado en el que señala el gran conflicto de las tierras públicas que existe desde hace varios años.
Expresa la misiva que desde la época de Stroessner se entregaron más de 7 millones de hectáreas de tierras malhabidas a jerarcas políticos, económicos y militares de un orden oligárquico que hasta hoy día domina a nuestro país.
“En la actualidad, aquel acaparamiento irregular de las tierras públicas (80% de tierras en manos del 2% de la población) va acompañado por la transferencia masiva de pueblos enteros a corporaciones agroempresariales extranjeras, acentuándose así los niveles de desigualdad social (uno de los mayores del continente), y la pérdida de nuestra soberanía como nación, agravando el proceso de extranjerización de nuestro territorio”, dice el comunicado.
“En ese orden injusto y perverso es que se sucede la masacre de Curuguaty, que hoy día continúa siendo una llaga sangrante y representativa de los padecimientos de todo el pueblo paraguayo. Marina Kue es un caso emblemático de tierra pública para el campesinado, que fue usurpada por la familia de un jerarca tradicional del partido colorado: Blas N. Riquelme”, agrega. Señala además que el juicio que se lleva adelante por lo acontecido en Curuguaty es aberrante. “Ese proceso amañado que ha perdido cualquier sesgo de imparcialidad, sigue sin indagar sobre la muerte de campesinos”, agrega.
Asimismo, el FG llamó a la unidad de todos los sectores democráticos y progresistas al cumplirse el segundo aniversario del sangriento desalojo campesino de Curuguaty.
El 15 de junio del 2012 más de 600 policías tomaron por asalto el asentamiento de labriegos sin tierra que ocuparon una pequeña zona de un gran latifundio situado en esa área del departamento de Canindeyú, con el saldo de 11 campesinos y seis agentes fallecidos.
La conmoción nacional provocada por el hecho fue argumento fundamental esgrimido para la destitución por el Congreso del presidente constitucional Fernando Lugo, mediante lo considerado aquí como un golpe de Estado parlamentario.
En una declaración con motivo del mencionado aniversario el Frente se refirió a la actuación en aquella tragedia de grupos políticos artífices del patrimonio público constituidos por las cúpulas de los partidos políticos tradicionales y conservadores aliados a intereses extranjeros.
Recordó que son los mismos que, actualmente, negocian pactos políticos y alianzas para sostener privilegios y cuotas de poder en el orden nacional, considerado escandalosamente injusto.
Resaltó que Curuguaty es un caso emblemático de tierra pública usurpada por la familia de un jerarca tradicional del gobernante Partido Colorado.
Finalmente dijo que es aberrante el juicio seguido contra los campesinos presos por ese hecho con ausencia total de pruebas y que perdió cualquier sesgo de imparcialidad, sin indagar sobre la muerte de los labriegos e intentando descargar sobre esos presos políticos la responsabilidad penal.
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