El Senador Sixto Pereira, quien integra la Comisión de Reforma Agraria, hizo una denuncia pública sobre las intervenciones del Indert, que tiene por finalidad el reasentamiento de los labriegos de Ñacunday en las tierras de la citada Colonia.
El senador Sixto Pereira sostuvo que los procedimientos técnicos realizados por los asesores y técnicos del Indert adolecen de la falta de participación de los colonos afectados así como de la falta de seguridad jurídica y transparencia legal, por lo que instó al Indert y al Gobierno a “generar un espacio interinstitucional, entre campesinos y campesinas de Ñacunday, de Santa Lucia, el Indert, el Congreso a través de la Comisión Reforma Agraria, y los que se crean pertinentes, para discutir caso por caso esta situación”.
Seguidamente intervino el ingeniero agrónomo Alberto Romero, asesor de la Comisión de Reforma Agraria, quien explicó que la Comisión realizó un estudio pormenorizado sobre la situación jurídica y legal de las 4.135 hectáreas existentes en la Colonia Santa Lucía, para lo cual se recurrió a los títulos de propiedad y expedientes obrantes en el mismo Indert.
Con ello, dijo, se pudo comprobar la existencia de un total de 1.130 ha. debidamente tituladas; 1.405 ha. sobre las que existen los recibos de pago y sus expedientes en el Indert pero que aún no están tituladas; 800 ha. con recibos de pago y expedientes, aún a pagar; y 800 ha. ocupadas que el Indert pretende lotear.
Agregó que las parcelas que pretende recuperar el Indert son tramitadas en la misma institución con expedientes y que sus moradores llevan décadas de arraigo, algunos de 30 años, otros de 20 y otros de 10 años. Además, presentan recibos de pago que datan desde antes del año 2000, incluyendo los años 2001 y 2002.
“El Indert, según constatamos, va a cometer una irregularidad al suspender un trámite administrativo. Está dentro de la potestad del Indert, pero mientras haya personas que ocupan y trabajan el terreno no puede desalojarle a ninguna de ellas, según el Estatuto Agrario”, indicó Romero.
Apuntó que el Indert habla de recuperar unas 3.000 ha. pero que -según los documentos analizados- no existe tal cantidad de tierra disponible.
“La sugerencia del equipo técnico es revisar con el Indert todos los documentos existentes con los afectados, e ir ubicando en cada parcela la situación de los mismos. Se necesita trabajar entre el Indert y los pobladores de aquel lugar para una solución definitiva”, indicó.
Posteriormente, el senador Pereira reclamó que el Indert actúa en base a una orden judicial y que sobre esa base se da la presencia permanente de efectivos policiales y militares en la zona, generándose esa situación de zozobra.
“El gobierno dice: vamos a perseguir a los que no tienen arraigo. Pero para ello debe haber una política económica agraria intencionada del gobierno. Y acá la política, tanto de garantía jurídica, como de política y seguridad es para los agronegocios. Todo es para las grandes plantaciones de soja, pero no hay una política de arraigo para la agricultura campesina y la reforma agraria”, enfatizó.
Además, Pereira sostuvo que el Grupo Favero posee grandes extensiones de tierra en Ñacunday y que allí debería impulsarse un proceso de expropiación que beneficie a los campesinos del lugar y evite su desarraigo.
El encuentro de prensa concluyó con las declaraciones de pobladores de la Colonia Santa Lucía, que se quejaron de la inseguridad constante provocada tanto por el accionar del Indert como de las fuerzas de seguridad apostadas en el lugar.
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