Manipulación de la estadística por parte de los gobiernos siempre la hubo, aquí como en cualquier país del mundo, y la historia paraguaya muestra mucho de esto. Pero el reciente dato de la fuerte caída de los porcentajes de pobreza, del orden del 50 por ciento, en menos de un quinquenio, le puso contento al Gobierno de Horacio Cartes, que lo reveló sin censuras o recortes, a pesar de ser un logro del período de Gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco, con la base aportada por la estabilización económica y el crecimiento sostenido de la época de Nicanor Duarte Frutos.
Hay que reconocer que cierta desconfianza hubo hacia los números manejados por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), especialmente de parte de técnicos en la materia y analistas, y hasta de políticos del Frente luguista, que paradójicamente no llevaron mayor agua a su molino pese al espaldarazo que podrían significar estos datos para las próximas campañas electorales.
Es que las estadísticas nunca fueron del todo fiables en un país donde han sido manipuladas siempre o sufrieron serios inconvenientes, como el reciente fracaso del censo nacional de 2012, que fue calificado de inservible, por lo que deberá ser realizado de nuevo.
En este caso, la encuesta de hogares de la DGEEC ha servido, mediante una canasta básica de consumo, datos de empleo e ingreso en el núcleo familiar, para confirmar lo que se había venido sospechando: que con el crecimiento económico fuerte y sostenido de los últimos años no se podían seguir sosteniendo las altos índices de pobreza general y pobreza extrema, que se venían manejando todavía, de casi 40 y 20 por ciento, respectivamente.
Una lectura política
y otra económica
La explicación más atendible para que se dieran a conocer los datos sin manipulaciones, es que un “sincericidio” ocurrió tanto en carpas oficiales como en la vereda de enfrente. La izquierda evidentemente no quiso ser el padre de una criatura -es decir del logro de la drástica reducción de la pobreza en tan poco tiempo- por un simple motivo ideológico, más allá de las conveniencias políticas.
El razonamiento viene así: aunque es cierto que la fuerte baja ocurrió en el período anterior de Gobierno, la misma obedeció casi en su totalidad a la buena performance de la economía, más que a un proceso bien estructurado de inclusión social o mejora de los indicadores sociales, como educación, salud, vivienda y saneamiento básico.
Por el contrario, algunos de éstos índices son aún de los más bajos, casi similares a los de Africa o los países más pobres de América Latina, lo que indica una mala política de inclusión social llevada a cabo por la misma izquierda en el ejercicio del poder entre 2008-2012. Una especie de mea culpa hubiera sido importante también para los opositores, por su incapacidad manifiesta en función gubernamental, pero esto ya es mucho pedir.
La distribución del ingreso en el Paraguay es aún una de las más injustas del continente americano, con gran diferencia entre una ínfima minoría de ricos que tienen casi todas las propiedades en sus manos, y una gran mayoría de la población en pobreza, con bajos ingresos y poco acceso a la propiedad. Para más se agrega el dato de las Naciones Unidas, conocido ahora, de que un 22 por ciento de la población paraguaya está por debajo de la línea de seguridad alimentaria, lo que implica que este elevado porcentaje corresponde a gente con hambre o muy mal nutrida diariamente.
Lo más categórico es que aún existen dudas sobre la capacidad del sistema económico de mantener a la masa de compatriotas –más de un millón- que dejó el umbral de pobres en el último lustro, en la zona superior a la línea de pobreza, ya que todavía se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como consecuencia de los vaivenes de la misma economía por basarse en el sector agropecuario, y por la falta de una política firme de inclusión social, con servicios suficientes y adecuados en materia de educación y salud, por parte del mismo Estado.
La estadística publicada indica la satisfacción del Gobierno por mostrar que el crecimiento económico sostenido, que será apuntalado por las inversiones que se anuncian en el tema de la Alianza Público-Privada (APP), deberá ser mantenido a toda costa, a pesar de las presiones políticas, sindicales y campesinas, que se evidenciaron en la huelga general del 26 de marzo.
El crecimiento económico promedio de entre 5 y 6 por ciento anual entre 2004 y 2013, permitió llegar a una instancia en la que dejaron de ser pobres más del millón de paraguayos, una conquista que sólo se mantendrá en el caso que se consiga el crecimiento continuado en el mismo orden, con inclusión social y conservación del medio ambiente, de tal forma que se pueda hablar de un proceso de desarrollo sostenible.
Los políticos de izquierda, que manejaron el país durante cuatro años, fueron sinceros al no admitir que se debiera a ellos el crecimiento económico y la consecuente reducción fuerte de la pobreza, porque fue más bien obra del empresariado privado y de la continuidad de un sistema de redistribución del ingreso “sui generis”, apostando a la cada vez más creciente importancia del Estado como empleador de desocupados y como responsable de transferir una ínfima parte de la torta económica a los pobres a través de las políticas de transferencia, condicionadas o no. Sin olvidar el peso propio de la corrupción secular enquistada en el cuerpo estatal, como factor distributivo por excepción sempiterna.
Corresponde ahora al Gobierno del presidente Cartes continuar apostando al crecimiento de la economía, con las inversiones que son muy necesarias en infraestructura física y social, pero también en no repetir la inoperancia de los gobiernos anteriores en cuanto a la casi inexistente mejoría de los indicadores de desarrollo humano, tal como lo revelan los informes de las Naciones Unidas.
Facebook Comentarios