El ex senador Óscar González Daher, destituido por tráfico de influencia en el JEM, rompió el silencio y puso una condición para renunciar a su candidatura al Senado: “Que también lo haga Juan Carlos Galaverna”, a quien apuntó como violador confeso de la Constitución. Calé replicó diciendo, que Pelukín (como lo llama despectivamente a González Daher) busca desviar la atención del rechazo y el pedido del pueblo colorado y toda la ciudadanía. Añadió, que el presidente de la Junta de Gobierno, Pedro Aliana, es el que debe tomar las medidas, pero éste lejos de hacerlo, lo protege al cuestionado político cartista, apuntó.
El primer senador destituido en la historia democrática del Paraguay, el colorado Óscar González Daher, habló tras el escándalo de los audios filtrados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), debido a su polémica integración en lista de la ANR, con la que tiene asegurada su vuelta al Congreso en el próximo periodo.
El político luqueño condicionó su renuncia a la integración de la lista, y apuntó que solo lo hará si también renuncia su correligionario Juan Carlos Galaverna, a quien apuntó como violador confeso de la voluntad popular.
“Yo creo que él como violador confeso de la voluntad popular al admitir robar las elecciones, también debe dar un paso al costado para que esto se sanee”. Entonces, lo pido que renuncia él y yo también voy a hacer la misma cosa si es por el bien del partido. Mi renuncia está a disposición si renunciamos los dos”, fueron las palabras textuales del ex senador..
González Daher sostuvo que su renuncia está a disposición para el bien de su partido, pero bajo esa condición, confirmando la versión que se venía especulando días atrás.
Galaverna, 10 años atrás, había confesado que incurrió en un fraude en las elecciones internas de 1992, ocasión en que se dio la victoria de Juan Carlos Wasmosy, cuando en realidad los resultados habrían favorecido a Luis María Argaña. Posteriormente, Wasmosy se convirtió en presidente de la República.
Tras esta confesión, el caso llegó hasta la justicia, que archivó la investigación en el 2012, debido a que la misma prescribió dos años después del hecho. Apoyaron esta determinación la Cámara de Apelaciones y la propia Corte Suprema de Justicia.





























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