Escribe: Luis Alen.
Siempre quedaba en claro para la mayoría de los analistas políticos que, más temprano que tarde, el presidente Horacio Cartes tenía que convencerse de la imposibilidad de establecer con Javier Zacarías Irún un proyecto común que lleve a acuerdos duraderos de gobernabilidad y eventuales proyectos electorales conjuntos.
Las advertencias a Cartes del proceder político sinuoso de ZI fueron constantes y pruebas al respecto abundan tras los sonados casos de su “traición” a varias carpas políticas en las que militó el hombre del Alto Paraná. Pero todo eso se había soslayado de momento por parte de HC, con tal de lograr una necesaria gobernabilidad, que la tuvo realmente durante el año que duró la luna de miel entre el zacariísmo y el cartismo.
Lo que se decía en forma insistente entre los observadores de la coyuntura, y también en esta columna de análisis político, es que Cartes no podía seguir ignorando el dato relevante de las denuncias sobre malos manejos en la administración de la municipalidad de Ciudad del Este, y peor aún, el manto de impunidad con que se trataba de cubrir el cúmulo de irregularidades que hasta amenazaban con afectar el buen funcionamiento del Gobierno de HC.
No es un dato menor que se hayan esfumado la mayor parte de los recursos recaudados por el municipio de CDE, del orden de US$ 50 millones anuales, debido a los manejos irregulares denunciados y por la falta de una auditoría imparcial a la administración de la comuna. Al mismo tiempo, se estaba armando un blindaje de impunidad por jueces del Alto Paraná, con el aditamento del apoyo político del Parlamento en Asunción, tras conocerse que el propio presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Oscar González Daher, apañaba a los magistrados que protegían al Clan Zacarías.
El pueblo y algo más
La reacción popular contra el Clan Zacarías, que salió a las calles de Ciudad del Este, tuvo mucho que ver seguramente con la decisión de HC de romper con el pretendido blindaje protector al grupo familiar altoparanaense. Pero también entraron a tallar otras consideraciones políticas de peso, como para haber movido al presidente a tomar distancia del líder esteño.
Precisamente ocurre la arremetida de Cartes en momentos clave para decidir la nueva mesa directiva de ambas cámaras. En Diputados no hubo mayores inconvenientes para hacer valer la mayoría propia colorada, pero en el Senado se jugaba la carta brava de la gobernabilidad para HC, por lo que, finalmente, el jefe de Estado optó por el Plan B de contar con los votos liberales de Blas Llano, una vez que le fue imposible conseguir no sólo la unanimidad de la bancada colorada, sino también la posibilidad de llegar a entendimientos con la izquierda, que se puso dura y declaró la guerra a HC con la candidatura de Desirée Masi a la presidencia de la Cámara Alta.
En la imposibilidad de conseguir la unidad colorada tuvo mucho que ver el intento de Zacarías Irún de llegar a un acuerdo con la izquierda y algunos liberales, con el fin de obtener la titularidad del Senado y, eventualmente, reformar la ley de Alianza Público-Privada (APP), que resulta la herramienta vital para el Gobierno de Cartes. HC vio esta jugada como una verdadera traición de ZI, por lo que pidió le arrimen todas las informaciones y argumentaciones de peso como para neutralizar a su renacido enemigo político de la época de la interna.
Es en esta instancia en que su asesor principal, gerente de Tabacalera del Este y líder de Honor Colorado en Alto Paraná, José Ortiz, le hace llegar a Cartes un informe completo sobre las denuncias contra el Clan Zacarías en el manejo de la comuna de Ciudad del Este, así como los entretelones del maridaje entre ZI y los magistrados que estarían dilatando investigaciones sensibles que destaparían los datos de la corrupción, con el acompañamiento complaciente del titular del Jurado, el senador González Daher, hombre perteneciente al grupo de Zacarías Irún en el Senado.
HC empezó a operar fuerte y decidió tumbar a González Daher del JEM, imponiendo una votación sorpresiva para renovar la titularidad del organismo, recayendo la presidencia en Adrián Salas, representante de los abogados y hombre vinculado al senador cartista Enrique Bacchetta. Se dice que fue Juan Carlos Galaverna quien finalmente cumplió con el pedido de HC de proceder a la remoción, pero éste a su vez estuvo en directo contubernio con Bacchetta.
El Clan Zacarías fue avisado así de que HC no permitirá armar ningún esquema que le blinde al grupo familiar, más aún cuando está en riesgo la gobernabilidad para el proyecto de Cartes. Si es que se consolidaban los superpoderes de ZI, era sólo cuestión de tiempo que éste le empezara a cargar con exigencias a HC que hubieran puesto en peligro la marcha del nuevo rumbo cartista.
Ahora queda por ver qué dirección tomarán los acontecimientos, porque aún falta llegar a la meta de las auditorías de una excesivamente condescendiente y timorata Contraloría General de la República, en manos de los oviedistas. El informe de la CGR es el primer paso para el logro de una intervención al municipio esteño y, adicionalmente, para poner bajo la mira a las cuentas de todos los gobiernos subnacionales.
Simultáneamente, se comienza a desmontar el blindaje judicial del Clan, que ha sido un precedente nefasto para conseguir el buen uso de los recursos del Fonacide y de otros fondos procedentes del Gobierno central para municipios y gobernaciones. En efecto, siguiendo el ejemplo de los Zacarías, los gobiernos locales fueron también a la Justicia a obtener blindajes judiciales que definitivamente ponían negro el panorama del control de los fondos públicos, una materia muy importante para plasmar en la realidad los programas de gobierno de HC.
Es lo que se venía argumentando en esta misma columna, acerca de la necesidad que tenía Cartes de matar dos pájaros de un tiro, en el encontronazo con Zacarías Irún, ya que, por una parte escucha la voz del pueblo, que pide la intervención de la municipalidad esteña, y, por otro lado, cumple con la promesa de obras y fuentes de trabajo, que sólo se lograrán con aquellos planes bien hechos por parte del Gobierno Central, que entrega una buena parte de la responsabilidad de las realizaciones a los autoridades de nivel regional, pero que, a pesar de la confianza dada a ellas, respondieron en los últimos meses con un tendal de denuncias de irregularidades en el manejo del Fonacide y de otros fondos públicos.
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