Escribe: Luis Alen.
Aprovechar la pandemia para robarle al pueblo fue la denuncia más fuerte de los obispos en Caacupé, pero tampoco se debe olvidar el hecho de que se haya consolidado la impunidad de personajes como ZI y otros miembros de la clase política, cuya barrida del escenario nacional fue puesta como prioridad por la jerarquía católica para las próximas elecciones.
La extrema debilidad del poder de Marito ha sido la causa de la impunidad de Javier Zacarías Irún y otros denunciados por corrupción, lo que quedó demostrado durante los meses de la pandemia junto a otros acusados por perjuicios al erario.
Con tal de consagrar el manto del olvido sobre los sonados negociados pandémicos en el sistema de Salud Pública y otros descubiertos o a destapar en el actual gobierno, el abdismo es capaz de pactar hasta con sus antiguos enemigos para salvar el pellejo del jefe de Estado ante un eventual avance político-fiscal del cartismo.
Sorpresivamente, en las últimas votaciones de las cámaras del Congreso, ZI como los demás políticos acusados de corrupción se beneficiaron de una cierta “rebeldía” abdista al poder paralelo cartista, lo que genera más dudas acerca de la real posibilidad de derrotar las corruptelas de la clase política y, peor aún, de recuperar lo robado al pueblo.
No pasó desapercibido que el senador Zacarías Irún haya votado no sólo por el traspaso de US$ 17 millones a los “campesinos” de la multisectorial, a pedido de Abdo y contrariando la posición cartista, sino también a favor del veto del presidente a la inclusión de los “gastos sociales” de las binacionales en el presupuesto nacional, en dos casos emblemáticos que muestran la “necesidad” de Marito de comenzar a tener “a buen recaudo” una cantidad importante de recursos para encarar campañas electorales próximas, a despecho de la tan mentada operación “Cicatriz”, que se confirma ha sido más un pacto de impunidad mutua abdo-cartista, antes que una entente con miras a conformar listas únicas.
Como se empieza a notar, el nuevo proceso electoralista abierto en plena pandemia no es muy proclive a barrer de corruptos la administración pública, sino más bien tiende a blanquearlos, con el fin de doblegar voluntades hacia la conformación de un nuevo poder aglutinante, tanto en la ANR como en la oposición.
La responsabilidad del presidente Abdo es doble, porque le prometió a “la gente” que no se rendiría ante los tenebrosos ladrones del pueblo, pero también que se iría a su casa con la frente en alto sin haber desviado un guaraní del fisco.
El problema es que ahora Marito, por su interés en plantar cara ante la billetera del “patrón” HC, debe pactar hasta con los más pintados recaudadores corruptos para allegar fondos con los cuales encarar una campaña electoral medianamente aceptable en la interna colorada y, después, en el terreno nacional más amplio contra una posible coalición opositora.
Urgencia de los cambios
Como no podía esperarse otra cosa en un año por demás complicado por la pandemia, la festividad del 8 de diciembre fue aprovechada por la Iglesia para pedir el cambio en la política dominada por una implacable corrupción cuyo paradigma es la impunidad para Javier Zacarías Irún y otros impresentables, que debe ser erradicada por el pueblo para permitir superar la crisis.
El clamor de justicia de los obispos se oyó con fuerza en Caacupé, pero su mayor impedimento fue denunciado por la misma jerarquía católica, y es la coraza de los políticos abroquelados en una corporación mafiosa de la cual sólo saldrán a través de una gran patriada que podría tener lugar en las próximas elecciones.
Para cristalizar esta posibilidad, la Iglesia pidió en la fiesta de la Virgen un pacto social para construir el nuevo Paraguay, pero un escollo que obstaculiza llegar a este ideal es una administración de justicia maniatada por la lógica del poder corrupto.
Es que el ejercicio del poder político pasa en este país por la defensa de los intereses egoístas de quienes asocian sus destinos a las lacras sociales que impiden una administración judicial que asegure la plena vigencia de los derechos básicos, como son la salud, la educación y la vivienda dignas.
Una atípica festividad religiosa sin multitudes, marcada por la pandemia, no evitó que los pastores católicos se erigieran en “la voz de los sin voz”, para remarcar por los medios de comunicación y las redes sociales el persistente reclamo ciudadano que ha sido puesto con mayor evidencia aún por el coronavirus, como es la exclusión de las grandes mayorías de la población en el aprovechamiento de las riquezas generadas en el país.
La alocución al final de la misa central del obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, no tuvo desperdicios, para referirse sin rodeos a la peligrosa deriva del gobierno hacia la sumisión total a la narcopolítica y sus anexos. “Tanta impunidad en torno a la narcopolítica, que aprovecha la concentración de la opinión pública en la agenda única de la pandemia para que políticos recluidos recuperen no solamente sus libertades, sino también sus bancas en el Congreso de la República y todo tipo de privilegios, despreciando el Estado de Derecho y desafiando las palabras del Señor”, afirmó sin titubeos, dirigiéndose a quienes lideran la nación.
Agregó Valenzuela que “la narcopolítica es lastre y pesada carga para nuestro sufrido país”. Para el combate a este flagelo, el prelado identificó a los narcopolíticos como los principales obstáculos, lo que configura un verdadero desafío para el logro del cambio en la política en forma pacífica, a través del voto ciudadano.
La desidia judicial
Aquí es donde entra a tallar el gran déficit de la administración de justicia, que para empezar conduce a pérdidas multimillonarias para el país que implican recursos desperdiciados y no destinados a salud, educación y una vida más digna de la mayoría.
Precisamente, en 27 causas penales investigadas de casos de corrupción estatal, en 14 de ellas que guardan relación con lesión de confianza y estafa, se detectó un daño patrimonial que supera los US$ 1.000 millones, según la organización Somos Anticorrupción Paraguay, vinculada a la Coordinadora de Abogados del Paraguay, en cuyo sitio web www.coapy.org.py se puede tener un relación completa del estado de los expedientes.
Lo notable de todos estos procesos es la endémica mora judicial que es como la marca registrada de la justicia paraguaya. Y todo para alargar al máximo la concreción de las condenas, llevando a las calendas griegas una resolución o aclaración de las denuncias y, por tanto, se hace imposible la reparación del daño patrimonial con la recuperación de lo malversado.
La organización encabezada por María Esther Roa se dedica ahora a investigar expedientes emblemáticos de casos judiciales sin resolver, como los del clan Zacarías Irún. De los conocidos escraches realizados por Roa se pasó ahora a seguir de cerca el desarrollo de los procesos judiciales por corrupción, notándose moras de los tribunales de años, y sólo en el ítem de la denuncia por lesión de confianza contra la esposa de Javier, la ex intendenta de CDE Sandra McLeod, la cantidad por recuperar es de G. 3.700 millones, ¡con más de 300 días de mora judicial!
Como se recordará, María Esther pasó de ser denunciante a denunciada, por una causa judicial que se le abrió precisamente por los escraches públicos frente a las casas de los denunciados por corrupción.
Por las dudas, la clase política corrupta le devolvió la “gentileza” con un expediente para recordarle por dónde pasa el poder fáctico real en este país, ya que la fiscalía se halla cooptada por los mismos personajes sometidos a la vigilante mirada de Roa y por ende del pueblo, que es al final el gran perjudicado por los impresentables de la política, quienes se hallan a su vez sometidos al poder de los narcos, como lo acaba de denunciar nuevamente la diputada Celeste Amarilla, quien volvió a ocupar su banca después de la suspensión de dos meses que sufriera por afirmar que muchos de sus colegas llegaron a la Cámara financiados por la narcopolítica.
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