Algunos pobladores, inmigrantes brasileños y otros paraguayos, eran ocupantes por más de 20 años de las tierras en conflicto, sin embargo el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), no tuvo en cuenta estos antecedentes y procedió al desalojo y la recuperación de las propiedades, que están localizadas en la Colonia Santa Lucía, distrito de Itakyry, al norte de Ciudad del Este.
El argumento esgrimido por Justo Cárdenas, titular del Indert, es que, supuestamente, los ocupantes de las tierras no estaban sujetos a la reforma agraria. No obstante, los afectados argumentaron que ellos son ocupantes legales, desde hace más de dos décadas, y que no pueden demostrar lo contrario, ya que el Paraguay no cuenta con un catastro nacional. “Hay mucha deficiencia en el manejo de las tierras aquí en el país”, afirmó uno de los desalojados
La finca en cuestión tiene una extensión de 3 mil hectáreas, y los ocupantes tenían en gran parte cultivada. En principio, las familias ocupantes se resistieron para abandonar sus fincas, pero el Indert con apoyo de la justicia y la policía logró quitarles del lugar.
Los agricultores quitados del sitio en conflicto acusaron al presidente de Indert de “mentiroso”, porque les aseguró que los documentos expuestos serían respetados, pero a la hora del procedimiento se desentendió de lo prometido, ignorando totalmente la palabra empeñada.
Comitiva judicial-policial
La actuaria judicial, Lourdes Martínez, del quinto turno, acompañada del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas y el general Máximo Díaz, secretario permanente del Concejo de Paz, portando la orden judicial emanada de la jueza Tania Irún, que restituyó al Indert la propiedad. Pero las autoridades pertinentes no tuvieron en cuenta y ni respetaron el derecho de los afectados, que perdieron tiempo y dinero en el sitio, se lamentó uno de los desalojados.
El acto se cumplió el viernes de la semana pasada. La propiedad recuperada está totalmente cubierta de soja y maíz. Durante el procedimiento se pudo observar a muchos pobladores locales frente a sus parcelas, documento en mano, para certificar su titularidad sobre las tierras, que fueron chequeados por los técnicos, quienes habían adelantado que sus documentos serían respetados.
El acto se pudo cumplir sin ningún contratiempo. Tras labrar el acta, la actuaria Martínez, dio lectura a los presentes y luego de estampar sus firmas la propiedad quedó en manos del Indert, que realizará el loteamiento en el sitio, adelantaron autoridades responsables.
El presidente de la República, Horacio Cartes, monitoreó durante toda la jornada el proceso de restitución en la zona, a través del coordinador del operativo, el general Máximo Díaz, hasta recibir el informe de misión cumplida, sin contratiempos, indicaron autoridades del Indert. No obstante, un colono dijo que el gobierno tendrá “como mínimo, resarcirnos de los daños y perjuicios”, ocasionados en el desalojo, ya que el lugar está lleno de plantaciones de oleaginosa.
“Se respetará documentos”
“Sobre los títulos entregados no se discute. Se respetará la propiedad privada y al mismo tiempo el Indert precautelará el patrimonio estatal; lo que hacemos ahora es simplemente recuperar tierras que son parte del patrimonio del Estado a los efectos de canalizar hacia la función social, para lo cual en su principio fueron adquiridas”, había señalado Cardenas.
Añadió el titular del Indert que el gobierno respetaría a todos los ciudadanos de distintas nacionales en sus derechos, y que se iba garantizar los derechos individuales. “Habrá algunas situaciones irregulares que afectan no solo a inmigrantes sino también a los propios paraguayos, por eso estamos en un proceso de reordenamiento institucional dentro del Indert, para que cada sujeto de la reforma agraria pueda acceder a su título de propiedad”, concluyó.
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