Pese a la oposición de los pobladores de la Colonia Santa Lucía, distrito de Itakyry, el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) inició el traslado de los carperos de Ñacunday. Los afectados se concentran en la capital del país, donde se busca que el gobierno central ordene la suspensión de la acción.
A como dé lugar el Indert se encuentra en plena tarea de traslado de las primeras familias de Ñacunday, hasta la zona de la Colonia Santa Lucía, donde comenzaron los trabajos para la construcción de viviendas provisorias.
Los pobladores afectados insisten que en el lugar no hay tierras disponibles y en el peor de los casos, si así lo fuera, piden que se dé prioridad a la población local. Aseguran que no tienen nada contra los carperos de Ñacunday, pero afirman que no pueden venir a ocupar tierras ajenas, que el Indert asegura son sus tierras.
El abogado y concejal municipal de Minga Porá, Ángel Moran, en declaraciones para una radio local, señaló que están recurriendo a todas las instancias para contar su verdad. Señalan que un completo informe se entregó a la presidencia de la República, a los efectos de que Horacio Cartes, esté enterado de lo que ocurre en realidad en la Colonia Santa Lucía. Dijo que al presidente le llegan informes distorsionados por parte del Indert, cuya gestión es seriamente cuestionada por los lugareños.
Dijo que le llama la atención la forma en que el Indert y sus actuales autoridades, se empecinan en sacar de las tierras de Favero a los carperos y trasladar el problema al norte de Alto Paraná. El comentario entre los pobladores de Santa Lucía es que la plata de Favero está detrás de toda la operación emprendida por la entidad.
En otro momento Morán afirmó que colonos tienen tierras legalmente y con documentos. Fustigó contra el titular del Indert, acusándolo de perseguir a los pequeños productores y no a los grandes. Denunció que Justo Cárdenas no cuenta la verdad de la situación y no tiene temor en demostrar la legalidad de las propiedades. “Qué se puede esperar del Indert si hace mensura sobre tierras con títulos, no garantizan seguridad ni confianza» alegó el abogado.
Suspender traslado
El senador Sixto Pereira, quien integra la Comisión de Reforma Agraria, señaló que los procedimientos técnicos realizados por los asesores y técnicos del Indert adolecen de la falta de participación de los colonos afectados, así como de la falta de seguridad jurídica y transparencia legal, por lo que instó al Indert y al Gobierno a “generar un espacio interinstitucional, entre campesinos y campesinas de Ñacunday, de Santa Lucía, el Indert, el Congreso a través de la Comisión Reforma Agraria, y los que se crean pertinentes, para discutir caso por caso esta situación”.
Por su arte el ingeniero agrónomo Alberto Romero, asesor de la Comisión de Reforma Agraria, explicó que la Comisión realizó un estudio pormenorizado sobre la situación jurídica y legal de las 4.135 hectáreas existentes en la Colonia Santa Lucía, para lo cual se recurrió a los títulos de propiedad y expedientes obrantes en el mismo Indert.
Con ello, dijo, se pudo comprobar la existencia de un total de 1.130 ha. debidamente tituladas; 1.405 ha. sobre las que existen los recibos de pago y sus expedientes en el Indert pero que aún no están tituladas; 800 ha. con recibos de pago y expedientes, aún a pagar; y 800 ha. ocupadas que el Indert pretende lotear.
Agregó que las parcelas que pretende recuperar el Indert son tramitadas en la misma institución con expedientes y que sus moradores llevan décadas de arraigo, algunos de 30 años, otros de 20 y otros de 10 años. Además, presentan recibos de pago que datan desde antes del año 2000, incluyendo los años 2001 y 2002.
“El Indert, según constatamos, va a cometer una irregularidad al suspender un trámite administrativo. Está dentro de la potestad del Indert, pero mientras haya personas que ocupan y trabajan el terreno no puede desalojarle a ninguna de ellas, según el Estatuto Agrario”, indicó Romero.
Apuntó que el Indert habla de recuperar unas 3.000 ha. pero que -según los documentos analizados- no existe tal cantidad de tierra disponible. “La sugerencia del equipo técnico es revisar con el Indert todos los documentos existentes con los afectados, e ir ubicando en cada parcela la situación de los mismos. Se necesita trabajar entre el Indert y los pobladores de aquel lugar para una solución definitiva”, indicó.
Evitar desarraigo
En otro momento el senador Sixto Pereira reclamó que el Indert actúa en base a una orden judicial y que sobre esa base se da la presencia permanente de efectivos policiales y militares en la zona, generándose esa situación de zozobra. “El gobierno dice: vamos a perseguir a los que no tienen arraigo. Pero para ello debe haber una política económica agraria intencionada del gobierno. Y acá la política, tanto de garantía jurídica, como de política y seguridad es para los agronegocios. Todo es para las grandes plantaciones de soja, pero no hay una política de arraigo para la agricultura campesina y la reforma agraria”, enfatizó.
Además, Pereira sostuvo que el Grupo Favero posee grandes extensiones de tierra en Ñacunday y que allí debería impulsarse un proceso de expropiación que beneficie a los campesinos del lugar y evite su desarraigo.
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