Isolux Corsán propone invertir 2.500 millones de dólares en Paraguay

La multinacional española Isolux Corsán propuso al Gobierno paraguayo una inversión de 2.500 millones de dólares en la ampliación y mejora de cuatro carreteras en el país, y también la instalación de cuatro líneas de alta tensión, según informó el viernes pasado el Ministerio de Obras Públicas.
Actualmente Paraguay solo cuenta con una línea eléctrica de alta tensión, y este año está previsto que se inicien las obras de una segunda con financiación principalmente de bancos multilaterales.
La STP recogió la propuesta de Isolux Corsán y la tramitará una vez que se apruebe la reglamentación de la ley de alianzas público-privadas, indicó el Ministerio.
El viceministro de Industria, Oscar Stark, afirmó en diciembre que espera alcanzar en los próximos diez años una inversión de 30.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura con el impulso de la APP.
Isolux Corsán cuenta con una cartera de negocio de más de 46.481 millones de euros (63.248 millones de dólares), el 82% fuera de España, y presencia en 38 países, según su página de internet.
Sus ingresos fueron de 3.410 millones de euros en 2012 (4.640 millones de dólares) y su beneficio bruto de explotación (ebitda) sumó 521 millones de euros (709 millones de dólares).
Opera 6.047 kilómetros de líneas eléctricas en India, Brasil y Estados Unidos, y construye y gestiona 1.610 kilómetros de carreteras en España, India, Brasil y México.
La compañía firmó este mes contratos en Chile para la construcción de un tramo del metro de Santiago y dos edificios de la Universidad de Santiago de Chile por un importe conjunto de 88 millones de euros (120 millones de dólares).
Se trata de la primera propuesta formal al amparo de la ley de promoción de las alianzas público-privadas (APP) aprobada por el parlamento el pasado octubre a instancias del presidente, Horacio Cartes, con la que el Ejecutivo quiere atraer inversión extranjera.
La ley ha sido muy criticada por los opositores al Gobierno vinculados a sindicatos y organizaciones sociales, que alegan que es una forma de “privatización maquillada”.
Los ejecutivos de la empresa española hicieron su oferta en un encuentro celebrado el viernes pasado con el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona; el titular de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), José Molinas; y el asesor jurídico del presidente, Marcelo Duarte, según dijo el Ministerio en un comunicado.