Si la ostentación de riqueza de algunos magistrados de la zona constituye una burla a la ciudadanía, la predisposición de que sean investigados por el Ministerio Público es una afrenta y hasta pasa a convertirse en una tira cómica, esto debido a que el fiscal adjunto de la Unidad Penal No. 10, Alejo Vera, habría asignado para llevar adelante el caso, justamente a una de las cuestionadas fiscales, también sospechada por el mismo delito. En total son cinco los representantes del ministerio público local que están siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito. Según una fuente fiable, los magistrados se habrían puesto a disposición de la Fiscalía, por indicación de un influyente ministro de la Corte Suprema, como estrategia, para luego buscar blanquearse.
En una muestra de desesperación, los jueces penales de la VI Circunscripción del Alto Paraná, renunciaron ayer a sus fueros y pidieron ser investigados por la Fiscalía. La acción tomada por los magistrados fue a consecuencia de las publicaciones periodísticas en medios regionales y nacionales sobre supuesto enriquecimiento ilícito, que afecta a muchos de ellos.
La semana pasada, los magistrados presentaron una nota formal en la Fiscalía Adjunta del Área Penal X de Ciudad del Este, a cargo del abogado Alejo Vera. La nota decía expresamente; “Los abajo firmantes, magistrados de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná, Área Penal, atendiendo las profusas publicaciones periodísticas de fotografías de residencias de algunos jueces, venimos a ponernos a disposición del Ministerio Público a los efectos de que se nos investigue para el esclarecimiento de cualquier supuesto hecho punible que puede surgir con relación a tales publicaciones”, señala una parte de la nota. “Los hechos denunciados, si bien son genéricos en el sentido de no especificar algún hecho punible en concreto, afectan de manera sensible la misma credibilidad de la administración de justicia en esta región del país y en vista que no tenemos nada que ocultar con relación a los hechos publicados, nos apresuramos en ponernos a disposición de esa autoridad investigativa para el fin apuntado”, añade el escrito.
“Así también renunciamos expresamente a nuestros fueros con el firme propósito de que la investigación no tenga obstáculo alguno”, concluye la nota que lleva la firma de los jueces Ana María Arréllaga, Manuel Trinidad Colmán, Raúl Insaurralde, César Níder Centurión, Amílcar Marecos, Carmen Barrios, Graciela Flores, Efrén Giménez, Norma Gamarra de Martínez, Neyder Alarcón de Duarte y Wilfrido Velázquez.
¿Quién los investigará?
La pregunta que se hicieron algunos abogados, que se encontraban en la Fiscalía a la hora en que los jueces presentaron la nota, fue la siguiente: quién es el fiscal que investigará a los jueces, pues la mayoría de los agentes fiscales está en igual o peor condición que los propios magistrados que ahora piden ser investigados.
En forma jocosa, algunos ya presagian el desenlace del pedido de los jueces, afirmando que quedará en la nada. “Esto fue una payasada, es sólo para hacer calmar a la prensa, sabemos que ningún fiscal se animará a investigar a un juez, porque no tienen moral para hacerlo”, aseguró un abogado, quien no quiso identificarse por temor a represalias.
Pedirán que investiguen crecimiento económico de fiscal Natalia Montanía
El fiscal general de Estado, Javier Díaz Verón, ya tiene en la mira a los agentes del Ministerio Público de Ciudad del Este, Arminda Rivas, Édgar Torales, Carolina Gadea, Liz Carolina Alfonso y Nilda Cáceres, quienes poseen lujosas residencias que no se ajustan a sus niveles de ingresos. También sería agregada a la carpeta fiscal, la cuestionada representante del Ministerio Público, Natalia Montanía, cuyo caso más sonado, es el robo de 100 mil euros del poder de un español y que se le atribuye a Montanía como responsable.
Verón dijo que van a iniciar una investigación preliminar y recabarán toda la información necesaria. Aclaró que, por el momento, los fiscales citados no serán apartados de sus cargos, pero garantizó que, en caso de encontrarse pruebas de las acusaciones de enriquecimiento ilícito, los responsables serán procesados.
“Los fiscales investigados tienen la oportunidad de demostrar cómo obtuvieron esas mansiones y los lujosos vehículos”, expresó Verón.
El Colegio de Abogados del Alto Paraná solicitará también que la fiscal Natalia Montanía, de la Unidad N° 8, también sea investigada, pues es sumamente llamativo el crecimiento económico de la misma. Montanía continúa en el puesto desde hace varios años, pese a las denuncias de extorsión y corrupción que la salpican.
En un sólo caso, ocurrido en el 2010, involucra a la fiscal con la desaparición de más de 100 mil euros del ciudadano español, José Zamora Linares. El mismo había denunciado que fue “pelado” por la fiscal Natalia Montanía, un grupo de funcionarios fiscales y agentes policiales, poco antes de abordar un avión con destino a su país. La agente fiscal nunca fue investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por ese caso en específico. Los abogados solicitarán que Montanía también sea investigada junto a sus colegas.
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