El ministro de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco estuvo el viernes pasado en Ciudad del Este en su “gira pastoral” y en una reunión “confidencial” en las oficinas del tribunal, frente al camarista Miguel Otazo, mandó llamar a la jueza Máxima Meza y le “ordenó” levantar los embargos contra la municipalidad de CDE bajo la amenaza de “rajarle del cargo”.
Es decir, Sindulfo Blanco le ordena a una magistrada a violar la ley 3.966 Orgánica Municipal, que autoriza la ejecución de bienes del dominio privado municipal cuando no se cumplen las órdenes judiciales.
Sin lugar a dudas, con esta actitud Blanco es pasible de juicio político y destitución por mal desempeño, o peor aún, por hacer caso omiso a lo que mandan las leyes de la República. El nexo del ministro Blanco en Ciudad del Este es su ex relator, el abogado Blas Pereira, quien es el que le maneja los hilos de los contactos en el poder judicial y así lograr para Zacarías la impunidad total. Claro, con la protección de jueces, fiscales y hasta de algunos miembros de la Corte Suprema.
De este modo, queda comprobado que los altos jueces de la máxima autoridad judicial siguen con su comprobada complicidad en el blindaje otorgado al clan Zacarías durante años por parte de fiscales y magistrados de todos los niveles de la judicatura.
Por ejemplo, no se conoce que Javier Zacarías Irún haya pisado alguna vez la fiscalía o un juzgado para rendir cuentas de las múltiples irregularidades denunciadas durante su gestión y la de su esposa Sandra McLeod al frente a la comuna esteña.
Osadía
La magistrada Meza tuvo la osadía de emitir una resolución contra los intereses del clan Zacarías, que muy pocos jueces y fiscales de esta zona fronteriza se animan a hacerlo. La mayoría de quienes ejercen altos cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público local recibió la bendición de Javier Zacarías Irún, quien utiliza al máximo su influencia, para posteriormente recibir el famoso “pago de favores”.
Hoy la jueza Meza, aparte de recibir la reprimenda del ministro Blanco, también ya está “marcada” por el clan, por haberse atrevido a emitir una resolución contra la municipalidad de Ciudad del Este, institución que está plagada de irregularidades. A pesar de las reiteradas denuncias de la galopante corrupción que se practica en la comuna paranaense, hasta hoy ni un fiscal se animó tan siquiera a investigar y llamar a indagatoria a los sospechados por los hechos señalados. En Ciudad del Este impera la ley del más fuerte, la de la jungla y reina una total impunidad, donde el único dueño de la verdad es el clan Zacarías.
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