Escribe: José Martínez
El humano no hace más que utilizar en perjuicio de su propia especie todo el conocimiento que ha podido acumular. Los avances de la ciencia y la tecnología están en manos de un pequeño grupo de personas, que transformaron el conocimiento en un producto que se cotiza en el mercado y cuyos beneficios sólo llegan a quienes tienen el dinero para pagarlo.
El método en sí, no tendría nada de reprochable si no fuera porque la brecha entre pobres y ricos es cada vez más grande, y los que no acceden a los beneficios de la ciencia y la tecnología se multiplican, creando un desequilibrio social peligrosamente al acecho sobre todos los que vivimos de forma tan dolorosamente desigualdad.
El caso paraguayo de este drama global, es particularmente cruel, porque lejos de ser rechazado es considerado como el orden natural de las cosas. En esta percepción, los derechos humanos son del interés de la caridad pública antes que de las normativas legales que; obesas de insensibilidad, cierran todo intento de dar a cada quien lo suyo, como corresponde al Estado Jurídico con el que nos gusta calificarnos en el discurso.
La falta de recursos económicos deja sin educación, sin salud y sin oportunidad a miles de paraguayos, que ven marchitarse la juventud sin ninguna posibilidad de ser parte de la sociedad del conocimiento, reservada exclusivamente para quienes tienen dinero para pagarlo.
La desigualdad es reina en Paraguay y su imperio de injusticia, a la vez que golpea a sus víctimas, endurece la egoísta percepción de una sociedad que considera “normal” exponer en la TV los dramas de personas que, sin el dinero que requiere para un tratamiento médico, quedan a merced de la caridad pública, suplicando por su vida. Indiferente, la estructura gubernamental omite el auxilio, una de sus obligaciones consagradas en la suprema Ley de la Nación.
Al mismo ritmo del crecimiento macroeconómico, que acerca a poco más del 50% de la población del Paraguay los bienes de la ciencia y la tecnología, a la inversa, la pobreza reproduce los asentamientos, cuyo número al momento superan los 1.200, de los cuales sólo 170 reciben algún tipo de apoyo gubernamental, éstos no son otra cosa que las villas miserias de Argentina o las “favelas” de Brasil,
El pillaje de los jerarcas en este imperio de desiguales no hace más que perpetuar el drama de los excluidos del convite de la ciencia y la tecnología, los olvidados, los invisibles, los postergados, los ciudadanos que, aunque iguales ante la ley, están condenados injustamente a sobrevivir en las penumbras de la ignorancia.
A los que no se les reconoce el derecho constitucional, que debería acercarlos al influjo de las prodigiosas transformaciones que la sociedad del conocimiento ejerce sobre los que forman parte de ella, se les condena a lo más descarnado de la desigualdad en el Paraguay que, paradójicamente, ignora el supremo valor de compartir los saberes que liberan al hombre de todas sus miserias.
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