Los miembros de la Bancada del Frente Guasú presentaron el jueves de la semana pasada, en conferencia de prensa, el proyecto de ley “De Hidrocarburos, que modifica la Ley N° 779/95 “De Hidrocarburos de la República del Paraguay, por la cual se establece el régimen legal para la prospección, exploración y explotación de petróleo y otros hidrocarburos”.
El líder de bancada, Carlos Filizzola, explicó que el proyecto establece un régimen legal para la prospección, exploración y explotación de petróleo y otros hidrocarburos, “con garantías plenas para el respeto de la soberanía energética de nuestro país, adaptando la actual legislación a marcos jurídicos similares a los que rigen en todo el mundo para países con condiciones similares a las del Paraguay”.
La propuesta habilita a la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) a participar de la exploración y explotación de hidrocarburos en territorio nacional, correspondiéndole entre el 100 por ciento y 51 por ciento de las acciones, conservando siempre la mayoría accionaria en caso de asociarse a empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras.
“Los hidrocarburos que están bajo el territorio paraguayo son del Estado paraguayo, ojalá que cuando sean explotados sigan siendo del Estado”, expresó el legislador.
El documento también establece que si el Estado abriese la concesión a la participación de otras empresas, éstas podrán: si son empresas públicas extranjeras, firmar un Convenio Internacional que deberá ser ratificado por el Congreso; si son empresas privadas, participar de una licitación pública y luego firmar un contrato de concesión que deberá ser aprobado por el Congreso.
A su vez, el senador Fernando Lugo dijo que se abre un debate nacional y que la participación de la ciudadanía es importante.
“Creemos que es un recurso nacional del cual en el Paraguay por lo menos hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de sentirlo un país petrolero. Es un elemento que si bien hay reservas en otros países para años y años, también es un recurso natural que va terminando poco a poco”, acotó.
Igualmente, el legislador anunció la realización de una audiencia pública sobre el proyecto de ley de Hidrocarburos para el próximo 11 de junio, que contará con la participación de especialistas extranjeros donde existe experiencia en la exploración y explotación petrolífera.
El proyecto de ley tuvo entrada oficial el viernes pasado y será girado a comisiones para su respectivo estudio, según informó prensa del Senado.
Proponen consulta a indígenas
Los integrantes del Frente Guasú propusieron además un proyecto de ley que exige al Estado consultar a los pueblos indígenas antes de otorgar la concesión de un posible yacimiento de hidrocarburos en lugares que afecten a su modo de vida.
Según el partido, la actual legislación establece «condiciones extraordinarias a la inversión extranjera, casi sin ninguna exigencia».
«Este tipo de legislaciones han impulsado más que nada la especulación en el sector con nulos resultados en cuanto a la explotación de hidrocarburos en el Paraguay», aseguró la formación política en un comunicado.
En el país se han realizado 49 pozos exploratorios, ninguno de los cuales ha sido rentable para su explotación comercial, según datos del partido, que es la mayor fuerza de izquierdas con representación parlamentaria en Paraguay, con cinco asientos en el Senado.
El proyecto, «Soberanía Energética, protección del medio ambiente y de los pueblos indígenas», propone que el Estado realice una consulta a los pueblos indígenas afectados antes de otorgar la concesión de un posible yacimiento.
También contempla que firme con ellos un acuerdo vinculante para que reciban un porcentaje de la renta del proyecto y compensaciones sociales y ambientales, como establece el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según el Frente Guasú, «hoy se tienen informaciones ciertas» de que Paraguay dispone de «importantes potencialidades de hidrocarburos, si bien probablemente no convencionales».
Según la formación, en Paraguay actualmente el Estado otorga las concesiones al sector privado sin ningún mecanismo competitivo, sino por «orden de llegada».
«La legislación ni tan siquiera menciona a Petropar (la empresa estatal de petróleo), aunque tampoco la excluye», reza el comunicado.
El grupo de izquierdas propone establecer a Petropar como socio obligatorio y mayoritario, con entre el 100% y 51% de las acciones en caso de asociarse a empresas privadas o públicas, nacionales o extranjeras y sin necesidad de que aporte ningún otro capital, porque considera que el Estado ya aporta el recurso.
También sugiere que las regalías para el Estado sean como mínimo del 51%, pudiendo incrementarse en las ofertas de las licitaciones, ya que la ley actual establece un canon para el Estado de entre un 10 y un 14% del volumen de extracción bruta de hidrocarburos.
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