Escribe: Luis Alen.
La urgencia de los políticos por contar con los votos de los funcionarios hizo que finalmente los senadores cedieran a los descomunales incrementos de salarios estatales, con lo cual prácticamente “reventaron” las premisas de la Ley de Responsabilidad Fiscal agrandando el agujero del déficit a niveles peligrosos, poniendo en jaque el equilibrio monetario del país y, como era lógico suponer, dejaron los necesarios gastos de inversiones en infraestructura y en el sector social, en “veremos”.
Esta actitud irresponsable muestra nítidamente que a los legisladores ni les pasa por la mente no solamente la prioridad de respetar el tope del déficit fiscal de 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a falta del necesario financimiento de los gastos corrientes con los ingresos corrientes de origen tributario, sino también están muy lejos de la idea más atinada de reformar el Estado comenzando por un presupuesto nacional desarrollista y de avanzado enfoque social inclusivo.
Es que normalmente el que paga el pato del carnaval de gastos ordinarios sin control es siempre “Juan Pueblo”, ya que se le obliga a aportar cada vez más impuestos y encima debe financiar los costos de la corrupción de los funcionarios públicos al servicio de sus padrinos políticos, quienes además tienen la caradurez de solicitar otra vez el apoyo electoral de sus incautos adherentes para continuar exprimiendo las alforjas cada vez más enflaquecidas de los sectores postergados de la sociedad.
Los senadores no ocultan que haber aprobado un presupuesto desbalanceado podría obligar nuevamente al Poder Ejecutivo a vetar parcialmente los números aprobados, sin que incluso se sepa el monto total de gastos e ingresos aprobados, a sabiendas de que finalmente será Hacienda la que regule el grifo con el conocido plan financiero de ejecución de egresos de acuerdo a las disponibilidades y urgencias.
El año electoral condiciona
Pero el año electoral está llamando a la puerta y el mismo Ejecutivo tal vez entienda que el oficialismo tampoco está exento de atender las demandas de sindicatos y otros sectores que han venido solicitando aumentos de salarios cada año, como los docentes y la administración de la universidad nacional, en instituciones que nunca fueron auditadas en serio, para conocer el destino final de los recursos, conociendo los casos de escuelas y colegios en ruinas, o la falta de infraestructura para el desarrollo de clases en la UNA.
Las urgencias de contar con votos le llevaría al presidente Horacio Cartes a no vetar un presupuesto mal estructurado, al menos antes de las internas del 17 de diciembre, ya que es conciente que algunos sindicatos, como el de la ANDE, amenazaron con aplicar el voto castigo contra el cartismo si es que no aceptaban sus pedidos de ajustes salariales.
Definitivamente, de ocurrir ello sería un nuevo retroceso preocupante, ya que el actual período de Gobierno será otra vez un tiempo perdido para la necesaria reforma del presupuesto y del Estado en general, cuyos números no cierran tanto en materia del déficit continuado desde que asumió HC en 2013, así como en el caso de la postergación de una reducción necesaria del tamaño exagerado del total de gastos en salarios y otros beneficios al personal, mientras que los gastos sociales y las inversiones en infraestructura no cuentan con la prioridad que deberían tener si es que se desea una mayor equidad en la sociedad paraguaya.
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