Escribe: Luis Alen.
Siguen los cambios en el equipo de gerentes de Horacio Cartes, como el sonado caso de la salida de Hugo Royg de la conducción del Instituto de Previsión Social (IPS), aunque llama la atención que el despido de un técnico de primer nivel del área de seguridad social se ha efectuado en medio de la batahola armada por los médicos de los hospitales públicos, a quienes se les endilga la solapada intencionalidad política de su protesta y no tanto el interés por solucionar los graves problemas de la asistencia sanitaria en el país.
Los problemas de equipamiento e insumos de los establecimientos sanitarios son de vieja data y parecen no tener solución a corto plazo, pero resulta muy sugestivo que Royg haya sido el “pato de la boda” para calmar las aguas en varios frentes, por parte del Gobierno.
Por ejemplo, se dio satisfacción a algunos liderazgos de la ANR que siguen reclamando la coloradización total de la selección nacional cartista, pero también a los empresarios del sector farmacéutico, que evidentemente no estaban muy contentos por la forma en que el ex titular del IPS resolvía el problema de la astronómica deuda de la entidad con la industria proveedora de medicamentos heredada de gobiernos anteriores, que supera los US$ 120 millones.
De cara a los sectores político y social, el presidente Cartes volvió a demostrar mano dura, al no ceder a las pretensiones de los sindicatos de médicos y de maestros, en el tema de la expansión del presupuesto para salud y educación. HC no quiere mostrar debilidad ante la arremetida política opositora camuflada de reclamos sociales, y hasta acuerda subsidios para el corrupto empresariado del transporte, con tal de no dar argumentos a las protestas con un incremento del pasaje.
La solidez política del jefe de Estado para contener la marea sindicalista contrasta con la alicaída gestión de sus gerentes en varias instituciones con graves problemas que se arrastran desde hace años. Tal el caso del sector viviendas, con una Senavitat que no termina de encender el motor de arranque en medio de obras inconclusas desparramadas en todo el territorio nacional.
A ello se suma que los empresarios de la construcción insisten en que los recursos están, pero brilla la ausencia de una capacidad de gestión. De allí que el presupuesto se haya ejecutado hasta agosto por debajo del 50 por ciento en instituciones claves como el Ministerio de Obras Públicas, lo que es como decir que desde el propio Gobierno se pone palos a la rueda para el avance del nuevo rumbo cartista.
El por qué de
la floja gestión
¿Qué está pasando para que haya una floja gestión gubernamental, lo que es toda una sorpresa a sabiendas de que HC cuenta con gerentes de primer nivel?
Definitivamente, no es lo mismo dirigir una empresa privada que una entidad pública. Se habla de presiones de todos lados, pero simultáneamente la propia cabeza del Gobierno, HC, pone en primer lugar, a la hora de tomar decisiones, sus propias prioridades de poder político, antes que una buena estrategia puramente empresarial aprendida en sus años de bonanza del sector privado.
La publicación de los privilegios de los funcionarios y de sus ingresos de primer mundo en un país de tercer mundo, causó un verdadero terremoto entre los empleados públicos, a lo que se suma la lucha contra la corrupción que emprende HC en todos los estamentos de la función pública. El nerviosismo entre los funcionarios por los posibles recortes de gratificaciones y aguinaldos, en el presupuesto de 2015, vino a provocar una virtual huelga de brazos caídos que afectó la gestión y la capacidad de resolver los problemas por parte de los connotados gerentes cartistas.
De hecho, los cambios de gerentes hasta ahora no afectaron a los más cuestionados y emblemáticos como el ministro del Interior (sensible área de seguridad), así como a los de Obras Públicas y al titular de Senavitat, pero sí a responsables de sectores muy relacionados con el empresariado en materia de licitaciones y compras de bienes o servicios, como el mismo IPS, Petropar y Contrataciones Públicas.
Se nota así de paso la sólida raíz empresarial del Gobierno, y que por eso mismo no da mucha manija a los reclamos sociales. Pero eso sí, calma HC a los funcionarios, manteniendo el 95 por ciento de los cuestionados niveles de salarios e ingresos totales de la función pública en el proyecto de presupuesto del año que viene, notándose que el presidente evita liquidar el carnaval, con tal de continuar ejerciendo un estricto control de licitaciones y contrataciones del Estado, por parte de su equipo de gerentes.
El Gobierno renuncia a enfrentarse al funcionariado, pese a dar el puntapié inicial de la transparencia para dar a conocer su festival de beneficios a costilla del pueblo. Pero prefirió dejar las cosas como están, con tal de no afectar su base política colorada e incluso para mantener callados a los liberales, que en su última convención se trenzaron por temas baladíes y no para adoptar una postura realmente opositora.
Los últimos retoques en el gabinete de gerentes vinieron a confirmar que la pata coja del Gobierno no está en el factor político o en las relaciones con el empresariado, que están en buena forma, sino en un asunto mucho más delicado, como es la falta de funcionamiento de los entes llamados a ejercer una función de contralor y de sanción a las trapisondas que ocurren en el sector público.
Todos los análisis de expertos internacionales y locales coinciden en lo delicado del problema de la debilidad institucional del país, por causa de que las entidades encargadas de luchar contra la corrupción y la impunidad no cumplen adecuadamente con su rol fijado en la Constitución. En cierto modo, los manejos de poder tienen consideración prioritaria a la hora de aplicar la ley a rajatabla en el control sobre las reparticiones del Estado.
Se esperaba que el presidente Cartes pusiera un punto final a esta situación, con el poder que ha ido acumulando, pero la premura por la gobernabilidad y la aprobación de leyes fundamentales para su Gobierno probablemente haya pasado a segundo plano la urgente tarea de limpiar la “mugre” estatal, relegando muchas veces los mecanismos existentes como la Contraloría y la Fiscalía, además de no exigir al Poder Judicial que se ponga a la altura del desafío histórico de satisfacer el unánime clamor ciudadano de mayor transparencia en las cuentas públicas.
Para muestra basta un botón: la municipalidad de Ciudad del Este cumple 13 años de blindaje contra las incursiones de los auditores de la Contraloría General de la República, sin que hasta ahora se tenga, por tal motivo, una idea de lo que ocurre en el segundo mayor municipio del país, con sospechas de serias irregularidades en su administración, a cargo del Clan familiar liderado por Javier Zacarías Irún.
Los medios de prensa y la ciudadanía en general enviaron un mensaje claro de insatisfacción sobre el desempeño de las instituciones públicas y la política, en áreas claves como seguridad y obras de infraestructura, en las que no se ven los resultados esperados, que engloban tareas muy relevantes pero deficientes como la merma de la inseguridad reinante y la pronta realización de obras que aseguren una mayor dinámica económica.
Movidas tienen trasfondo político
Todo indica que HC aprovecha los cambios de titulares de entes no precisamente para insuflar nuevos bríos a una administración cuestionada en forma llamativa por la lentitud en presentar resultados en sectores tan sensibles, sino para movidas de tinte netamente político, que posibiliten traer mayor tranquilidad a sus pilares de apoyo, como son el Partido Colorado y el empresariado.
Horacio ha demostrado también que es reacio a realizar remociones sin una profunda y serena reflexión. Lo que se busca, en esencia, es dar la necesaria seguridad en su cargo a los titulares de ministerios, secretarías y empresas públicas, pero eso no significa un cheque en blanco para sus gestiones, sino que, por el contrario, deberán estar sometidos a una constante evaluación de resultados.
Hay que entender que los retoques de Cartes en su equipo no se realizan sólo con el fin de calmar la insatisfacción ciudadana por la escasez de resultados en algunos sectores del Gobierno, o por las denuncias de corrupción que habría en otros, sino más bien por el deseo de continuar apareciendo como el “dueño de la pelota” en el ámbito nacional.
Las movidas, además de tranquilizar a la ciudadanía, deberán darse lógicamente atendiendo a las consecuencias políticas que acarrearán para HC, especialmente en las carpas coloradas y en el seno del empresariado, que son los soportes naturales del poder cartista.
Los cambios en el gabinete y en los entes son aprovechados para relevos que promuevan rostros más relajados en la dirigencia colorada, en momentos en que HC requiere de una afirmación de su liderazgo partidario para ser el gran árbitro en las municipales del año próximo.
El otro frente, el de los empresarios, se halla convulsionado por la falta de buenas noticias en materia de seguridad en el Norte del país, en la lucha sin resultados positivos contra el EPP, así como por el tema del contrabando, que no para de crecer y que afecta en forma creciente a los sectores más vulnerables por este flagelo. Varios proyectos de inversión están varados por causa de la inseguridad y el contrabando.
Un cambio en la imagen del país en el accionar de las fuerzas de seguridad, en la fiscalía y en el mismo Poder Judicial, no vendría mal, aprovechando las movidas políticas que se avecinan. La negociación entre los partidos para la renovación de la Corte Suprema de Justicia quedó para mejores tiempos, a pesar de que sigue como reclamo general la necesidad de la remoción total de los nueve miembros, ante la comprobada ineptitud y corrupción de la administración judicial.
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