Rafael Fernández, abogado querellante del caso Cajubi, denominado la “estafa del siglo”, pidió al tribunal de sentencia revocar los beneficios de las que gozan los acusados. El letrado asegura que los procesados tienen cierta restricción de horarios, pero que en la práctica es una plena libertad ambulatoria, ya que no existe siquiera control aleatorio de la Policía Nacional.
Fernández en su pedido de revocatoria de medidas al tribunal de sentencia, integrado con Mesalina Fernández, Gloria Hermosa y Alba González, indicó “que los acusados pretenden continuar con ‘arresto domiciliario’, pero con amplia libertad de horarios y que en el fondo son privilegios y una burla para las víctimas y para la sociedad en general”.
A pesar de que se había decretado el arresto domiciliario de los acusados, ninguno solicitó la revisión de medidas porque en la práctica todos gozan de plena libertad ambulatoria, sin ninguna clase de control aleatorio por parte de la Policía, indicó.
El abogado querellante solicitó en su escrito al tribunal de sentencia que se decrete la detención de todos los procesados por la notoria desnaturalización e incumplimiento de los mandatos judiciales del supuesto arresto domiciliario.
Agrega: “existe un engaño procesal que es de público conocimiento que ya está causando indignación de los funcionarios de la Itaipu Binacional y asociados dentro de la Caja de Jubilados de Itaipu (Cajubi)”.
Los acusados
Están acusados por lesión de confianza por el Ministerio Público Víctor Bogado Núñez, Mariano Escurra, Walter Elías Delgado, Félix Villamayor Gabaglio, Aurelio Sosa Álvarez, José Salvador Alonso, José Szwako, Cíbar Enrique Insfrán, Ricardo Pereira Poletti y Édgar Mengual Herken.
También enfrentarán juicio oral César Bejarano, Pabla Mieres de Scavenius y Gustavo Duré.
El perjuicio a la Cajubi es de unos US$ 40 millones, según lo determinado por los fiscales Victoria Acuña y Aldo Cantero. La querella, representada por Fernández y Gustavo Gorostiaga, asegura que el daño patrimonial es de unos US$ 70 millones.
El 8 de octubre pasado, el juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor elevó a juicio oral y público para los trece exdirectivos de la Caja, en cuatro causas acumuladas.
Las causas acumuladas
El caso Cajubi sobre lesión de confianza agravada, que fue elevada a juicio oral y público por el juez Hugo Sosa Pasmor, tiene acumulados cuatro procesos. El caso Euro Invest es por una empresa de fachada creada en Panamá por Marcelo Barone y su esposa Elizabel Vázquez Galiño (ambos prófugos y con orden de captura internacional, que con simples correos electrónicos enviados por el expresidente de Cajubi Víctor Bogado Núñez se realizaban las “inversiones” en Europa sobre propiedades, en empresas de explotación minera. Las otras operaciones de “alto rendimiento” tienen que ver con el caso Keystone, Union Securities y Génesis. La quinta causa es tramitada ante el juez Rubén Ayala.
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