Por el Auto Interlocutorio (AI) número 135, de fecha 7 de mayo del 2014, la Cámara de Apelaciones beneficia a 23 funcionarios que fueron desvinculados sin causa justificada en el año 2001 y obliga a la comuna esteña al pago de 2.760 millones de guaraníes, más una multa de 1 mil millones de guaraníes por no incluir el pago dentro del presupuesto 2013. Esto se suma a la reciente resolución del Tribunal Electoral local, que ratificó la sentencia de la Corte, sobre la demanda laboral de más de 300 funcionarios, que fueron despedidos de manera injustificada, durante la gestión del intendente Eduardo Ramón Morales.
Otro revés judicial, producto de la arrogancia y prepotencia de Javier Zacarías Irún durante su gestión del 2001-2006, desangra las arcas de la comuna esteña, y una vez más obliga a pagar millonarios montos a obreros despedidos ilegalmente. Se trata del juicio “Luis Aníbal Páez Marsal y otros contra Municipalidad de Ciudad del Este, sobre ejecución de sentencia”.
“Es un juicio laboral que se inició a raíz del despedido injustificado de unos 400 obreros municipales por parte del entonces intendente Javier Zacarías Irún. De este grupo están involucradas 23 personas, que son mis clientes”, explicó el abogado Hernán Romero, representante legal de los ex obreros municipales.
El profesional explicó que la comuna perdió el juicio en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego se realizó la liquidación en concepto de indemnización, salarios caídos, más intereses, que fue apelado por la comuna. Se trata de un juicio que lleva 13 años.
En el 2012, dicho pago ya debía ser incluido en el presupuesto de la institución, por lo que el monto se incrementa con los intereses. “El capital es 2.760 millones, más 12 meses de intereses de 3 por ciento mensual por un año, que tiene que pagar la Municipalidad. Como no incluyeron dentro del presupuesto, eso le genera intereses cada mes”, señaló Romero, al aclarar que no incluye los honorarios profesionales.
El último 7 de mayo, el Tribunal de Apelaciones, segunda sala, emitió una sentencia favorable a los 23 ex obreros comunales. La medida revoca una sentencia emitida en primera instancia, por la jueza en lo Civil y Comercial, Máxima Meza, que data de setiembre del 2013, disponiendo que no correspondía el pago de la liquidación.
“Ella revocó la sentencia en contra de los trabajadores y lo que hizo la Cámara es dejar sin efecto la sentencia de esta jueza, diciendo que los trabajadores tienen derecho a cobrar, por eso es importante nuestra resolución, porque ahora le condena a pagar, aparte del capital, también los intereses a la municipalidad de Ciudad del Este”.
Recordó que en el año 2008, la CSJ ordenó que los recurrentes sean readmitidos, en todo caso se procesa al pago de sus liquidaciones, que nunca fue cumplido por la Municipalidad local. En el 2012 se ordenó a la comuna incluir el monto de la indemnización, en el presupuesto 2013, pero no se cumplió (por eso la multa de 1 mil millones).
Pleito judicial lleva más de 13 años
Romero dijo que se trata de una lucha que lleva 13 años en los estrados judiciales. Comentó que la institución municipal, de la mano de los Zacarías (primero Javier Zacarías, luego su esposa Sandra McLeod) lo que hace es dilatar parar evitar a como dé lugar el cumplimiento de lo que en derecho le corresponde a sus representados. “Están chicaneando para no pagar”.
De este nuevo revés judicial, la Comuna esteña aún no fue notificada, hecho que lo confirmó el mismo abogado Romero. “Todavía no fueron notificados y lo más probable que cuando eso ocurra, vuelvan a apelar. De hecho, por cuerda separada yo también voy a apelar, porque la sentencia dispone que el pago de mis honorarios sea por el orden causado, es decir, mis clientes me tienen que pagar, y yo considero que es la Municipalidad la que dede cargar con esa responsabilidad”.
Caso Sitramucde
Este no el único juicio laboral con revés para la comuna esteña. En otro expediente está en juego cerca de 70 mil millones de guaraníes que la comuna debería pagar en caso que no readmita a unos 103 funcionarios destituidos. El monto corresponde a salarios caídos y beneficios que dejaron de percibir los dimitidos, que está actualmente en la Corte Suprema de Justicia.
Es la tercera vez que la municipalidad de Ciudad del Este recurre en esta causa, según el abogado Gerardo López. Ahora el expediente está en el Tribunal de Cuentas, hasta donde la comuna recurrió contra el A.I. 01, de fecha 31 de marzo del 2014 emanada de la Justicia Electoral del Alto Paraná y Canindeyú.
Los antecedentes dan cuenta que un grupo de 300 funcionarios fueron dimitidos en el año 2000 por el entonces intendente Eduardo Ramón Morales. Luego, por una sentencia judicial, se ordenó el reingreso de los mismos ex funcionarios. En el marco de un acuerdo entre las partes fueron readmitidos 103, por aquel entonces era el intendente Carlos Nuñez, que asumió el cargo para completar el mandato de Javier Zacarías Irún que renunció a la intendencia para volver a candidatarse al mismo cargo.
Pero tras la reelección de Zacarías Irún como intendente, en el año 2006, a poco de asumir de nuevo la administración municipal, los readmitidos fueron echados, iniciándose una nueva demanda que terminó este año, con una sentencia en contra de la comuna.
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