Escribe: Luis Alen.
No es ninguna novedad que se le endilgue a Horacio Cartes el mote de “contrabandista”. Pero aunque no lo sea porque el delito de contrabando se configura según la legislación interna de cada país afectado y la fábrica del presidente vende sus productos o exporta de acuerdo a las leyes nacionales, lo cierto es que la continuidad de las denuncias a nivel de la prensa continental puede resultar una pesada carga no sólo para la imagen de HC, sino para todo el país.
Tanto el jefe de Estado como su staff de ejecutivos son reacios a salir a explicar al público los reales pormenores del comercio tabacalero en el plano latinoamericano, por lo que, muchas veces, quedan interrogantes sin aclarar dando pábulo a todo tipo de conjeturas entre la gente.
Para periodistas de investigación reunidos en un congreso en México en los últimos días, “no quedan dudas de que Cartes es contrabandista”, al inundar con cigarrillos de origen supuestamente ilegal los mercados de varios países latinoamericanos, según informó el diario ABC el pasado domingo.
Es porque han detectado que marcas producidas por Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) son vendidas en Colombia y otros países como México, Brasil y Argentina, al margen de las leyes aduaneras. Como se sabe, el propietario de Tabesa es el presidente de la República, Horacio Cartes.
Pero lo que no se dice es que todo esto se enmarca en una campaña que realizan las grandes multinacionales del tabaco, como British American Tobacco (BAT) y Philip Morris International (PMI), molestas por la creciente competencia de los cigarrillos de origen paraguayo en los mercados de Latinoamérica.
Es como si la consigna de la hora es mediatizar al máximo el tema, con el fin de ejercer presión sobre los gobiernos latinoamericanos para reducir la venta “ilícita” de los productos de Tabesa, que por buena calidad se están imponiendo en el continente.
Los periodistas investigadores se suman a la campaña aprovechando el efecto “bomba” que puede tener la información en el público, por tratarse de la denuncia contra una empresa ligada al presidente de Paraguay.
La suspicacia sobre la investigación periodística aumenta cuando se ve que los dardos se concentran sospechosamente sólo en HC, mientras se sabe que sólo en Colombia se comercian más de 200 marcas de cigarrillos procedentes de todo el mundo.
Pero el daño a la figura del presidente puede ser incalculable, como así también al país como receptor de inversionistas que desean trabajar dentro de la ley.
De que preocupa el hecho al mismo HC, lo demuestra el dato de que las exportaciones de cigarrillos de Tabesa hacia Aruba, en el Caribe, han disminuido ostensiblemente durante este año. Dicho paraíso fiscal era usado en los años precedentes para enviar los cigarrillos a Colombia, Venezuela y otros destinos en Centroamérica y el Caribe.
El contrabando es de cada país
Si lo que buscan las multinacionales es golpear la figura del presidente paraguayo, lo están logrando, sin importar que al mismo tiempo se conozcan datos de que el contrabando golpea a toda Colombia y a otros países, a través de muchos otros productos además del tabaco. Es lo que no explican HC ni sus voceros.
Hasta el gobernador de un departamento colombiano se dio el lujo de liderar un juicio ante los tribunales de su país, acusando a Tabesa por un supuesto perjuicio a las arcas tributarias de unos US$ 67 millones anuales por el ingreso de cigarrillos de la firma del presidente, cuando el contrabando está permitiendo ganancias de US$ 6 mil millones a todos los contrabandistas colombianos a nivel nacional, que hacen pasar por las narices de la aduana de dicho país productos que van desde aceite de cocina hasta combustibles derivados de petróleo, pasando por toda clase de productos de consumo masivo, según datos que obran en los archivos de publicaciones colombianas.
El delito de contrabando se configura en Colombia y en cualquier país afectado, al infringirse las leyes aduaneras locales, que deben ser hechas cumplir por los gobiernos nacionales. Son los responsables internos, con nombre y apellido, quienes deben pagar con las consecuencias, y que generalmente son los miembros de organizaciones de traficantes.
Pero de allí a pretender enrostrar al presidente de Paraguay la participación en el contrabando, por el ser el propietario de marcas de cigarrillos que se venden o exportan legalmente en el país de origen, ya es otro cantar.
Es como si aquí se acusara de contrabando al dueño de las fábricas de la leche Nido o del aceite Vicentín, que ingresan profusamente a nuestro país al margen de las leyes aduaneras y fiscales, correspondiendo la autoría de estos ilícitos a toda una cadena de tráfico interno.
Como se ve, tanto énfasis en sólo un producto y en el fabricado por la tabacalera de Cartes, huele a un eslabón más en la campaña emprendida contra Tabesa por las multinacionales British American Tobacco (BAT) y Philip Morris International PMI), que, mucho antes de la aparición de los apetecidos cigarrillos paraguayos en el mercado latinoamericano, han sido acusadas por los gobiernos europeos y americanos de haber construido las rutas del contrabando de tabaco en todo el mundo.
Los periodistas de investigación deberían centrar su atención en esta problemática, que asuela a Colombia y a los demás países, pero con una mirada de conjunto, y no sólo con la intención de ser voceros oficiosos de las multinacionales tabacaleras, interesadas en ensuciar a como dé lugar la imagen del presidente paraguayo.
Por su parte, Cartes y su equipo de asesores deberían explicar todo esto a una opinión pública nacional que no se merece el silencio presidencial y menos aún que se ensucie con tanto lodo la imagen de todo un país.
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