En forma increíble, el procurador general de la República, Sergio Coscia, en vez de defender los intereses del Estado paraguayo, salió en defensa de Puerto Fénix, el “Puerto Narco” en la jerga de los navieros. Aceptando la posición de la empresa portuaria, pidió el archivamiento de una demanda de deslinde promovida por un propietario aledaño al puerto de Mariano Roque Alonso, sobre el río Paraguay y al norte de la capital, Asunción.
Pese a que la Corte Suprema decidió que se litigue en el juzgado de Luque, el procurador, que debe precautelar el patrimonio del Estado, acudió en ayuda de la posición del estudio jurídico de Puertos y Estabajes S.A., Puerto Fénix, uno de cuyos abogados es precisamente su vicepresidente, Pablo Livieres Guggiari.
Sergio Coscia aceptó sin mucho análisis la tesis del estudio jurídico Livieres Guggiari, muy vinculado al Grupo Cartes, que pretende anular la demanda supuestamente por una falta de competencia del juzgado de Luque, a pesar de la orden emanada de la propia Corte Suprema, que había enviado a dicha jurisdicción el juzgamiento de la demanda de deslinde.
Resulta sumamente llamativa la actitud del procurador general, ya que la demanda de deslinde contra Puerto Fénix podría comprobar la existencia de terrenos fiscales en los linderos, que estarían ocupados en forma ilegal por el complejo portuario, por lo cual deberían pagar al Estado millonarias sumas en dólares.
En el caso que el juzgado de Luque rechace la demanda de deslinde a partir de la posición del procurador, se estaría produciendo un eventual despojo patrimonial al mismo Estado que Sergio Coscia debería defender, según el art. 246 de la Constitución Nacional.
Vinculación con HC
El procurador Sergio Coscia, a pesar de haber sido nombrado por el presidente Mario Abdo Benítez, podría aparecer como respondiendo a intereses del expresidente Horacio Cartes, ya que HC estaría vinculado al holding empresarial que maneja Puerto Fénix, de Mariano Roque Alonso (Central), conocido en la jerga naviera como el “Puerto Narco” por las sucesivas incautaciones de drogas ocurridas en dicho recinto portuario en años anteriores, según fuentes judiciales.
La información surgió como resultado del juicio que lleva adelante Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, con domicilio en la ciudad de Hernandarias (Alto Paraná), en una demanda de deslinde del condominio que posee con el abogado Alfredo E. Wagener, de una propiedad lindante al norte del Puerto Fénix, a orillas del río Paraguay.
El denunciante acusa a los directivos de Fénix S.A., Julio Martínez Trueba y José Fassardi, de fabricar un título falso en connivencia dolosa con funcionarios de la municipalidad de Mariano Roque Alonso, para así supuestamente burlar a posibles interesados en la compra de la propiedad ubicada en el lindero norte del puerto citado, sobre la hidrovía, a quienes se les indica en forma fraudulenta que el terreno ya habría sido adquirido por la empresa portuaria.
Ramírez Alvarenga también denuncia a directivos de otros puertos vecinos, como San José y Caacupemí, del avasallamiento de su propiedad, e incluso afirma que en forma artificial han armado una “Res Litis” para despojar al legítimo propietario del valioso inmueble, sin pagarle un solo centavo.
El despojo a Ramírez Alvarenga se habría ya urdido cuando aún fungía Horacio Cartes como presidente de la República, quien estaría vinculado al holding de Puerto Fénix a través del abogado Pablo Livieres Guggiari, quien es el vicepresidente de la firma a partir del año pasado, ejerciendo siempre la presidencia el ingeniero Julio Martínez Trueba, el antiguo directivo de la citada empresa portuaria.
La expansión de las operaciones portuarias del complejo Fénix-Caacupemí-San José se estaría realizando con la exhibición de títulos falsos e incluso en abierta violación de la Ley 3001/06, de Servicios Ambientales, que obliga a las obras con alto impacto ambiental, como el caso de los puertos fluviales, a realizar compras de certificados de la Seam que se expiden a propietarios con reservas de bosques comprobadas.
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