Reactivar la economía debe ser objetivo principal del Gobierno

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Entre las medidas para la reactivación económica, la ley de comercio fronterizo puede ser decisiva para permitir una renovada dinámica en el microcentro de Ciudad del Este. Foto Frankul2018

Escribe: Luis Alen.

 

Se conocen datos preocupantes de una tendencia a la recesión en la economía nacional en el transcurso de este año, pero lo peor es que el Gobierno resulta incapaz de aplicar un plan de reactivación productiva, al no haber privilegiado durante su gestión el cambio de modelo de un Estado sumido en la corrupción que incentiva el movimiento de dinero negro.

 

Primó la cordura y los legisladores archivaron la ley de reducción artificial en el precio de los combustibles, porque ante el fuerte impacto de origen externo no se podía recurrir a un expediente como el préstamo internacional o la distracción de los escasos recursos estatales para subvencionar a grupos de presión como los camioneros, ya que finalmente sería toda la ciudadanía la que termine pagando el subsidio, yendo en contra de la misma Constitución, que consagra la igualdad de oportunidades en un mercado libre, sin privilegios para nadie.

Pero he aquí un detalle estremecedor que pone de manifiesto hasta qué punto el Gobierno de Marito Abdo ha venido enfrentando con improvisaciones la problemática económica desde casi el inicio mismo de su gestión, con el agravante de sufrir los efectos adversos de la pandemia y de una grave sequía, que dejaron muy poco margen de maniobra es cierto como para llevar a cabo los planes de reactivación.

La cuestión más preocupante es que en los años de gobierno abdista no se tomó en serio la necesidad de cambiar el modelo de Estado clientelista, corrupto y favorecedor del dinero negro procedente del contrabando y de todos los tráficos habidos y por haber. 

Esta situación inhibe cualquier intento genuino de reactivar la economía, comenzando por la falta de equilibrio en las cuentas públicas sobreendeudadas con los bonos soberanos desde la época cartista, y siguiendo con las dudas que existen sobre la transparencia en el sistema financiero después que se haya descartado controlar el movimiento de dinero a través de las “billeteras electrónicas” monopolizadas por la principal empresa de telefonía celular.

Todo esto explica por qué se oponen también hasta los gremios empresariales a la necesaria reforma de la economía de las ciudades fronterizas como Ciudad del Este, que necesita más que nunca del régimen especial de las tiendas sólo para extranjeros, de tal forma a volver competitivo su comercio frente a los “free-shops” tanto de Brasil como de Argentina.

La ley de comercio fronterizo permitirá una mayor transparencia en las importaciones de productos a ser reexportados por medio del turismo de compras, contrariamente a lo que se viene afirmando que favorecerá el contrabando y la evasión de impuestos. Es una potestad que tiene el país de contrarrestar la fuerte pérdida de competitividad comercial que ha tenido últimamente ante las erráticas políticas económicas y cambiarias de sus vecinos.

Dada la urgencia de la reactivación, no se entiende por qué los legisladores volvieron a posponer el tratamiento y aprobación de la ley, que puede ser una de las medidas que integren el plan de dinamización económica, permitiendo además el resurgimiento comercial de las ciudades fronterizas.

 

El próximo Gobierno

Todo el peso de la crisis económica se dejaría al próximo Gobierno, que deberá no sólo realizar la reforma a fondo del modelo estatal sino también ver la forma de reunir los recursos para pagar la abultada deuda que dejarán los gobiernos tanto de Abdo como el anterior de Cartes.

Y en economía no hay secretos, porque sólo de la producción se pueden obtener los recursos para realizar la redistribución tanto de los fondos destinados a los fines sociales como la orientación de los recursos a la inversión para la creación de nueva riqueza y en la tarea de honrar los compromisos con los acreedores de los préstamos externos e internos.

Por ello no parece lo más recomendable insistir en los expedientes de los cierres de rutas que impiden la normal circulación de productos, cuando lo que se necesita es mover la economía para cumplir con los objetivos citados de inversión y pago de la deuda, no sólo ahora sino en preparación de lo que vendrá ya en el próximo Gobierno en 2023, que incluso podría ser el de la Concertación opositora.

Lo mejor sería poner manos a la obra y promover desde ya una urgente reasignación de fondos en el sector público, privilegiando los procesos de inversión tendientes a promover la industria y el transporte público basados en el consumo de la energía eléctrica excedente de las hidroeléctricas binacionales del río Paraná.

Tampoco se debe desatender el inmediato corte de gastos superfluos en el sector público, así como el tema de los aumentos salariales, que deberían dejarse para cuando la economía vuelva a crecer en términos reales, por encima del porcentaje de incremento poblacional. Lo peor sería tirar más leña al fuego del proceso inflacionario en curso por efecto de los aumentos del petróleo y de las materias primas en el mercado internacional.

Pensando en ello seguramente el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para frenar los incrementos salariales en épocas electorales como la actual, pero lo correcto sería un plan integral de medidas tendientes a evitar todo incremento del gasto corriente en el Estado, acompañado de estrictos controles anticorrupción en los procesos de contratación pública o en los pagos de “comisiones” en las grandes obras de infraestructura.

 

Los programas electorales

En forma llamativa, el proyecto de evitar aumentos salariales a los funcionarios públicos procede del mismo sector gubernamental, lo que a priori dificulta una mayor adhesión en la interna de la ANR hacia la dupla oficialista Hugo Velázquez-Juan Manuel Brunetti, del electorado colorado aferrado a los puestos públicos. 

Pero, como contrapartida, se da un mensaje sobre la importancia de equilibrar las cuentas públicas, además de evitarse un empeoramiento de la crisis inflacionaria por efecto del mayor gasto estatal, lo que además podría conducir a orientar los votos hacia la fórmula cartista antioficialista Santi Peña-Pedro Alliana, cuyo discurso empieza precisamente a lanzar cuestionamientos a la falta de conducción económica apropiada del Gobierno abdista.

Por el lado de la oposición, el lanzamiento de la Concertación con la adhesión de la mayoría de los partidos y movimientos para llegar unidos a las elecciones generales, plantea el reto no sólo de conformar una dupla presidencial que atraiga a los electores, sino también que tenga el soporte de un programa de gobierno realizable que impulse las reformas económicas que lleven a cumplir los grandes objetivos de desterrar la pobreza por medio de una mayor inversión proveniente principalmente de la creación de riqueza en el sector privado, redistribuida a través de impuestos y planes de inversión en la infraestructura social.

Para ello, se deberá apelar al ejercicio de la soberanía basada en la propiedad del 50 por ciento de la electricidad producida por las grandes represas hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, además de impulsar el desarrollo de energías renovables que completen la renovación de la matriz energética, acudiendo a la fuente eólica (viento), solar y a la producción de hidrógeno a través de la electrólisis del agua utilizando el excedente eléctrico.

Le corresponde a la oposición comprometerse también frente al electorado a realizar la transformación en democracia, respetando las libertades públicas y la firmeza en la independencia judicial, de tal forma a luchar mejor contra la corrupción y la impunidad, las mafias y el crimen organizado, que son los alimentadores de los mecanismos de dinero negro, que son también factores que impiden la concreción de un sistema de producción más dinámico y orientado a la formalización de la economía.

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