Escribe: Luis Alen.
El Paraguay debe aprovechar la estrecha relación con la República de China (Taiwán) ya no para continuar recibiendo un poco más del centenar de millones de dólares en el actual período presidencial, que apuntala la corrupción del poder para seguir apoyando en el plano mundial a la isla asiática asediada por los chinos comunistas, sino para un plan de recuperación económica tras la crítica situación provocada por el Covid-19.
Además de potenciar la salud pública adaptando a nuestra realidad el exitoso sistema sanitario taiwanés, hay que promover una fuerte cooperación en materia de inversiones que serán claves para salir adelante en la post-pandemia. Pero una condición ineludible es el cambio en el proceso político paraguayo, con el fin de luchar contra la corrupción y la impunidad en el aparato estatal y en el ámbito de la justicia, lo cual en cierto modo ha llevado a los asiáticos a desconfiar de las verdaderas intenciones paraguayas.
Así como en las binacionales, cuyos fondos sociales han sido utilizados para beneficio de una minoría con tintes políticos para favorecer al poder de turno fuera del control del Presupuesto nacional, también la ayuda solidaria taiwanesa muchas veces ha sido usada en forma solapada para financiar la forma de hacer política prebendaria en nuestro país, y no precisamente a los fines de desarrollo, a pesar de las buenas intenciones de la nación asiática benefactora.
Queda también la duda de si por qué el Gobierno paraguayo no solicitó al inicio de la pandemia una amplia cooperación de Taiwán para enfrentar al Covid-19, con el fin de copiar lo bueno que hizo el gobierno de la isla hasta ahora para frenar el virus y tener sólo casos aislados a pesar de su cercanía con el epicentro de la pandemia, la China continental. Con esta asistencia valiosa, se podría haber logrado aquí también la neutralización de los contagios como la vacunación a tiempo de toda la población.
La agenda verdadera
Desorientado por los números asustadores de la pandemia en términos sanitarios y socioeconómicos, el Gobierno de Marito Abdo no le está dando la importancia que requiere a una agenda de salvataje post-pandémico, a pesar que los indicadores económicos y sociales ya son muy desalentadores, por el aumento de la pobreza, el desempleo, la creciente inseguridad, junto a los datos macroeconómicos preocupantes como el exagerado endeudamiento estatal o el siempre latente peligro de una inflación galopante por la gran cantidad de circulante fuera de control debido al déficit público.
Por lo visto, Abdo Benítez y su sostén Horacio Cartes prefieren estar en lo suyo para lo que han venido a la cima política, apretando a la ciudadanía con un intento de ley represiva al estilo de la 209 stronista, con la cual esperan que se eviten eventuales nuevos estallidos sociales como el registrado en marzo pasado, más aún ahora que en Latinoamérica existe un potencial peligro de remezones políticos -como el caso actual de Colombia- motivados todos por el explosivo cóctel de pobreza, narcotráfico y pandemia.
Hubiera sido mucho más práctico y eficaz para la disciplina social frente al virus, que en vez de imponer más medidas represivas de difícil aplicación y justificación legal, se recurriera al “garrote” con la propia tropa de la ANR, pillada en múltiples esquemas criminales de negocios turbios en plena pandemia, o entablar la batalla decisiva contra la economía negra como forma de allegar recursos al fisco. Porque no hay mejor forma de convencer a la gente de la necesidad de disciplinarse, que dando el ejemplo desde arriba, lo que no está evidentemente en la genética de la dirigencia colorada ahora agazapada bajo el manto protector de HC.
Una parte del empresariado se ha volcado a apoyar el aberrante propósito abdo-cartista de impedir el libre movimiento social con evidente tinte autoritario, pese a sus negativos efectos en la economía, y más aún cuando a diario se sufren las consecuencias de la falta de una plena independencia judicial originada en el pacto de impunidad Marito-HC, que notoriamente perturba las radicaciones de capitales genuinos, operando así en favor de los grises o negros.
Por fortuna, otra parte de los empresarios, más identificados con emprendedores independientes o las pequeñas y medianas empresas -los más afectados por la pandemia- han alzado el grito al cielo por la incongruencia de más represión sin plan económico, que a la larga afectará a todos los sectores ciudadanos, incluidos los mismos empresarios de alto coturno habituados a las mieles del poder.
Pero una creciente división entre el empresariado más potentado ya se está notando, como en el caso de las estaciones de servicio y los distribuidores de combustibles alineados en torno al Grupo Zapag, que en un comunicado público han denostado la grosera intromisión de HC en la justicia, y específicamente en la Corte Suprema, que hizo tabla rasa de disposiciones ambientales y municipales que prohíben la proliferación urbana de surtidores, por el peligro que representan para los habitantes de las ciudades en el caso que se ubiquen uno al lado del otro, como ya está ocurriendo con el patrocinio de un Poder Judicial copado por el cartismo, para beneficio de las estaciones de servicio del grupo Cartes.
Un plan orientado a la recuperación económica y a la atracción de inversiones extranjeras debe partir necesariamente de la vigencia irrestricta de las libertades públicas, el orden constitucional y el cumplimiento de las leyes, así como de la lucha sin cuartel contra la inseguridad, la criminalidad organizada, el contrabando, los distintos tráficos ilegales y el lavado de dinero. Sin estas condiciones, no habrá posibilidad de aplicar con éxito un programa de recuperación post-covid.
Con estas carencias políticas, judiciales y fiscales, tampoco se podrá afrontar el desafío de la renegociación del tratado de Itaipú en 2023, a pesar que ya se habla de adelantar las tratativas con el actual Gobierno, que ha perdido total credibilidad para encarar la defensa de los altos intereses nacionales en el crucial acuerdo que sellará el destino de las próximas generaciones de paraguayos.
El precio de la energía
En la época stronista, el “precio de la paz” se imponía para reprimir a la población en aras del plan para salir de la pobreza y la postración de decenios. Ahora se debe hablar del “precio de la energía” como faro que ilumine el programa de la reconstrucción económica, social y sanitaria, como forma de ir superando el desastre del coronavirus.
Es que el Brasil ha insinuado últimamente en repetidas ocasiones que desea bajar a mínimos ya a partir de 2022 el precio de la energía de Itaipú, como un estímulo para su propia economía. El Paraguay, sin embargo, sigue apostando por mantener un nivel de precio como el actual para continuar recibiendo exiguos montos de royaltíes y compensaciones por la cesión de la electricidad, que no pasan de los US$ 500 millones anuales, porque a sus élites políticas les conviene seguir succionando la mamadera del “dólarducto” binacional que, sin embargo, gran parte de su población no recibe en las cantidades que podría recepcionar en términos de salud, educación y otros servicios sociales, con un buen plan de desarrollo cimentado en el uso industrial de la energía.
Lo que el Gobierno paraguayo tiene que hacer en forma urgente es ejecutar una agenda de aprovechamiento total de la energía que le corresponde en la represa, sacando ventaja del precio menor planteado por el Brasil y adquiriendo toda la potencia a su disposición para consumirla en la industria, el transporte o en la venta de la energía a los vecinos a precios del mercado mayorista eléctrico vigente en la región del Mercosur.
Los beneficios recibidos actualmente por el Estado paraguayo de las represas del Paraná, incluidos los famosos “gastos sociales”, serán sobrepasados holgadamente con este nuevo negocio de industrializar el país, a la par que se aplican precios de mercado a la electricidad. Y todo esto se puede hacer incluso sin modificar la letra del Tratado de Itaipú de 1973, según los especialistas. Sólo falta la voluntad política, que se duda tenga el actual cogobierno abdo-cartista, abocado como está en cumplir una agenda diferente a la que será más útil a la sociedad en su conjunto.
En medio de tantas noticias negativas abrumadoras relacionadas con el plan represor del Gobierno para apañar su ineficacia con la llegada de las vacunas y seguir así restringiendo las actividades de la gente, casi pasó desapercibida la información sobre las tratativas que se realizan con Estados Unidos y Taiwán para llevar a cabo el plan de fortalecer la economía paraguaya a través de inversiones en los sectores estratégicos del futuro, como son el enlace de las energías renovables, hidroeléctrica, solar y eólica, con las industrias de alto bagaje tecnológico, que se podrán instalar aquí como resultado de la nueva realidad internacional, signada por la singular carrera por la supremacía económica entre Estados Unidos y China.
El excedente energético paraguayo es la atracción, más aún que se habla de una reducción en los precios de la energía de Itaipú. Pero esta energía adicional no utilizada tiene sus límites, por lo que se debería diferenciarla para su uso en la industrialización o el transporte eléctrico, que traerán más beneficios al país, pero no en el uso residencial domiciliario o en los demás sectores comerciales, para los que tendrían que regir precios mayores de mercado, pudiendo provenir la energía de otras fuentes renovables como la solar o la eólica, cuyas instalaciones se deberán estimular desde ahora, más aún a la vista de que el excedente de Itaipú y Yacyretá tiene su terminación de aquí a diez años, o menos.
A la necesidad de combinar la vigencia de la democracia y la independencia judicial para alentar las inversiones, se agrega indudablemente el tema de conocer el precio de la energía que finalmente regirá para estas nuevas inversiones que se propician de alta tecnología con Taiwán y Estados Unidos, como el caso del uso de la electricidad para producir hidrógeno, que a su vez será un insumo clave en las industrias de alto consumo energético para la producción de los microchips que ahora escasean a nivel mundial y que son esenciales para fabricar toda clase de electrónicos de alta gama como los celulares y computadores, e incluso los automóviles eléctricos, sin olvidar las baterías y el almacenamiento de electricidad.
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