El Gobierno del presidente Horacio Cartes ya está preparando la implementación de la nueva figura de la inversión público-privada, a través de la reglamentación respectiva que debe salir a más tardar el mes de marzo próximo. La Ley de la APP ha creado la modalidad de la alianza entre el Estado y el sector privado empresarial, que supondrá un impulso importante para las inversiones que traerán mayor dinámica económica y creación de empleos.
La economía paraguaya ha venido sufriendo un marcado déficit de inversión pública en obras de infraestructura y servicios, que el Estado no ha sabido o no ha podido llevar a cabo ya sea por falta de recursos presupuestarios o por fallas en su capacidad de gestión.
Con la incorporación de este novedoso instrumento que revoluciona las relaciones jurídicas y contractuales para emprendimientos conjuntos de inversión, la iniciativa privada podrá incursionar en ámbitos productivos o de servicios que hasta el momento sólo el Estado estaba financiando o gestionando, lo que podrá así paliar las actuales falencias que traban el desarrollo de amplios sectores de la economía nacional.
En esencia, lo que se está buscando es potenciar la gestión pública con los recursos genuinos generados por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) como también con recursos provenientes del sector privado, con el fin de subsanar la limitada capacidad técnica, financiera, económica, humana y tecnológica del Sector Público. Esta situación ha llevado a la postergación de la ejecución de proyectos por años y décadas y ha impedido la adecuación de las ciudades y principales áreas metropolitanas al crecimiento actual de la población urbana.
Generar inversión y empleos
La aplicación de la Ley de la APP (Alianza Público-Privada) es el camino correcto para permitir una mayor audacia de la iniciativa privada en los proyectos que le interesan desarrollar al sector estatal. Sabido es que uno de los objetivos esenciales que se plantea el Gobierno es el incremento de las inversiones para la generación de fuentes de trabajo, que a su vez sirvan para sacar al país de la pobreza y la marginalidad de amplias capas de la población.
Uno de los motivos de la permanencia de niveles de pobreza elevados en el Paraguay, muy por encima del promedio de los países de la región del Cono Sur sudamericano, ha sido principalmente la reducción constante de los “ratios” de inversión con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), registrado desde finales de la década de los 90 del siglo pasado, en una tendencia que se ha mantenido en los últimos diez años, a pesar de la buena performance en materia de estabilidad macroeconómica que se ha tenido en el período 2004-2013.
Figura entre los desafíos económicos fundamentales para el nuevo Gobierno de Cartes, el volver a subir el índice de inversión/PIB, del actual 15 por ciento del 2013, a por lo menos 22 por ciento en 2018, mediante la implementación de la asociación público-privada. Una cifra todavía insuficiente, ya que el nivel que garantiza un crecimiento económico que reduzca sustancialmente la pobreza, se ubica por encima del 25 por ciento.
Esto es así porque hasta el momento, y a pesar del gran crecimiento del PIB de 13 por ciento conseguido el año pasado, la economía nacional presenta una tendencia a largo plazo de un incremento del Producto Interno Bruto de alrededor de 4 por ciento anual promedio, mientras que lo indicado es crecer a niveles de cerca de 7 por ciento anual promedio en los próximos diez o veinte años, como una meta necesaria para una drástica disminución de la pobreza, ya sea la general o la extrema.
Con el programa de alianza de inversiones público-privadas, es posible lograr esta meta de crecimiento. Pero, para ello, resulta esencial que el sector privado se anime a encarar en forma conjunta con el Estado los proyectos que sean realmente dinamizadores de la economía, y cuya identificación corresponderá a la unidad gerenciadora estatal respectiva, en unión a la misma iniciativa privada.
Lo novedoso del tema estriba en el papel protagónico que, de ahora en más, tendrá la inversión privada con fines de desarrollo, a través de la nueva normativa jurídica y legal que se ha confeccionado, y cuya reglamentación está por salir. La nueva Ley de la APP brinda precisamente las herramientas para que el sector privado se anime a impulsar el desarrollo de proyectos que hasta hoy se han postergado por falta de financiamiento.
El Paraguay necesita entre 3.000 y 4.000 millones de dólares para obras de infraestructura física y social solamente, y el Ministerio de Obras Públicas apenas posee un presupuesto de 1.000 millones, lo que da una idea de la gran importancia que puede adquirir la inversión privada con fines de desarrollar proyectos de envergadura y de impacto en la economía y en la generación de empleos.
Escribe: Luis Alen
lusialgo@yahoo.com
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