Facsimil de la resolución de la Justicia Electoral, que emplaza a la municipalidad de Ciudad del Este a acatar la medida judicial.
Llegó a su fin una de las más extensas y encarnizadas batallas entre Javier Zacarías Irún y 300 funcionarios de la Intendencia de Ciudad del Este, expulsados de sus cargos. Fue todo un símbolo, en un proceso de reivindicación institucional contra un plan, cuya política era someter a toda una ciudad, hasta convertirla en un feudo de una familia. En caso de negarse a acatar la resolución, esta vez, de la Justicia Electoral, los afectados deberán recibir su liquidación por despido injustificado o en un caso extremo, solicitar el embargo de los bienes de la municipalidad esteña.
El acuerdo y sentencia de la Justicia Electoral N° 01, de fecha 31 de marzo, dispone la reincorporación de unos 300 funcionarios contratados y permanentes de la comuna esteña. A los mismos se les deberá abonar el salario correspondiente a los 14 años, conforme con lo establecido en la resolución.
La Corte Suprema de Justicia, el 25 de julio del 2006 ya había emitido una sentencia firme y ejecutoriada a favor de los demandantes. En ese entonces, Javier Zacarías Irún era el intendente y se desentendió, como en tantas otras, del mandato de la justicia, amparada en una ley trasnochada, que la institución municipal no podría responder con sus bienes. Por suerte en el 2011, esa ley fue modificada.
El pasado 31 de marzo, nuevamente, la justicia electoral vuelve a emitir una resolución, donde emplaza a la administración de la intendente Sandra McLeod a readmitir a los 300 funcionarios despedidos sin causa justificada, en el año 2000, durante la gestión de Eduardo Ramón Morales, además del pago de G. 80 mil millones en concepto de salarios caídos. El capricho y autoritarismo de Zacarías costarán bastante caro a los contribuyentes.
La historial en realidad arrancó durante la gestión de Eduardo Ramón Morales; que después la heredó Zacarías, que hizo suya o de su administración y es cuando la lucha de los trabajadores se convirtió en una dura batalla por la reivindicación social de 300 familias. La más fuerte persecución a los trabajadores la ejerció Zacarías Irún con fuerte acusaciones a los mismos líderes de la lucha obrera.
Se trata de un grupo de 300 funcionarios que fueron despedidos en el año 2000, por participar de una huelga, cuya calificación había solicitado el entonces intendente Morales. En una primera instancia la huelga fue declarada ilegal y sin esperar el finiquito del juicio fue apelado por los trabajadores- Morales despidió sin derecho a los ahora accionantes. Efectivamente en segunda instancia la huelga fue declarada legal y desde entonces los afectados piden su reincorporación.
Dura lucha
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió –en última instancia- a favor de unos 300 trabajadores nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Ciudad del Este (Sitramucde) y la administración de Sandra McLeod está obligada a reincorporarlos y además abonar salarios caídos a contabilizar desde el 2000, año que fueron despedidos. Alrededor de 80 mil millones de guaraníes deberá abonar en concepto de salarios caídos.
“Fueron duros años de lucha; pasó toda una vida; muchos compañeros ya no pudieron trabajar por mucho tiempo porque fuimos satanizados; la influencia de Zacarías era tan fuerte que nos impedía conseguir trabajo”; explicó Rogelio Núñez, líder del sindicato aludido. Destacó que debían ocultar en muchos casos que eran parte del sindicato para poder trabajar y “si un empresario nos empleaba de inmediato caían los fiscalizadores de Zacarías con abultadas multas”, explicó Núñez como demostrando de esta manera la tenaz persecución contra los trabajadores.
La Resolución de la Justicia Electoral sentenció el 31 de marzo pasado que las actuales autoridades de la Municipalidad local deberán reincorporar en goce de todos los beneficios laborales y sociales a los 300 funcionarios.
La ausencia de muñeca política del jefe del clan, Javier Zacarías Irún, llevará a la Intendencia a pagar una suma que generará un fuerte golpe a las arcas de la comuna. La gestión McLeod se encuentra atrasada al menos tres meses en el pago de salarios a los actuales empleados. A esto se agrega que deberán ser reubicadas las 300 personas en una administración sobrecargada de funcionarios.
“Nada de es esto es responsabilidad de Sitramucde; pues durante los 14 años intentamos acercarnos a la municipalidad para negociar e impedir esto que hoy es irreversible; nosotros nunca cerramos puertas a la negociación; si Zacarías nos hubiera recibido nada de esto pasaba”, aseguró Núñez.
Esta situación plantea otro posible escenario peligroso para los Zacarías. Hace algunos años; cuando Sitramucde ganó la segunda instancia el monto a pagar fue de unos G. 50 mil millones, más la reposición; sin embargo Javier Zacarías seguía oponiéndose y desacatando la orden judicial. Estas circunstancias generan elementos para enjuiciar al hombre fuerte de Alto Paraná, por no proteger los bienes públicos, producto de los impuestos y tasas municipales. Cuando perdió la segunda instancia ya debió abrir una mesa de negociaciones; pero confió en su poder e influencia, que esta vez no le funcionaron.
Ahora ya no hay espacios legales que permitan a la intendencia a buscar chicanas para dilatar, pues no existe instancia superior al de la Corte, que ya había emitido su fallo en el 2006.
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