Una vez más quedó al descubierto la semana pasada el grosero sometimiento de la justicia al poder político, cuando la fiscal Carolina Rosa Gadea, en un abrir y cerrar de ojos, imputó a un grupo de dirigentes taxistas, quienes desde hace días vienen movilizándose en repudio de la persecución llevada adelante por el clan Zacarías contra los citados trabajadores del volante.
Los taxistas fueron imputados, supuestamente, por el delito de la “perturbación de la paz pública”. Pero lo más curioso de todo esto, fue que la notificación a los afectados fue acercada con un vehículo, con logotipo de la municipalidad de Ciudad del Este (sic). El curioso hecho no es más que otra cosa que la ratificación la fuerte ligazón existente entre varios jueces y fiscales de la zona, con el clan Zacarías, y que data desde hace tiempo.
La justicia altoparanaense y en especial, la esteña, está al antojo y capricho de los Zacarías, quienes son beneficiados con el famoso “pago de favores” por parte de varios magistrados y representantes del Ministerio Público de la zona, que accedieron al cargo gracias a la gran influencia política que ejerce Javier Zacarías Irún con las más altas autoridades del Poder Judicial del Paraguay.
El lamentable accionar de la fiscal Carolina Gadea, día atrás, pone al desnudo la flexibilidad de la justicia de este país, que siempre está al servicio de los poderes fácticos y del dinero. En esta región fronteriza de la república, el que marca las pautas a varios magistrados y fiscales, es sin dudas, el clan Zacarías. Hoy, con la gran influencia que tiene en el poder judicial, tratará de buscar blanquear la candidatura de su esposa, Sandra McLeod, para un tercer mandato, que por ley está inhabilitada.
Hoy la fiscal Carolina Gadea se expone a una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por “mal desempeño de sus funciones”. Se espera que este organismo juzgador analice objetivamente los elementos arrimados contra la citada representante de la ciudadanía y que obre en derecho, y que en caso de hallar responsable a la misma, que reciba el castigo que corresponde.
La fiscal Gadea no tiene el menor respeto hacia la población, primero, al dejarse influenciar por el poder político, y segundo, al enviar la notificación de imputación en un móvil de la municipalidad de Ciudad del Este; dejando al descubierto el claro contubernio entre esta funcionaria judicial y autoridades de la comuna paranaense.
Desde todo punto de vista esta actitud es un delito extremadamente grave, que sus superiores deben estudiar concienzudamente y de inmediato tienen que aplicar un castigo administrativo, para posteriormente sus antecedentes ser remitidos al JEM, independientemente a la denuncia que presente los taxistas, victimizados por la descabellada resolución.
No existe ninguna garantía de justicia, cuando sus representantes están al servicio de los poderosos, como recientemente ocurrió, cuando los trabajadores taxistas salieron a las calles a reclamar sus derechos, y una trasnochada fiscal, como medida de amedrentamiento, imputó a los mismos, a fin de cumplir y congraciarse con el clan Zacarías, a cuyo jefe, Javier, muchos jueces, fiscales y funcionarios menores del Poder Judicial, le deben sus nombramiento en el cargo que hoy ejercen. El pago de favores está a la orden del día; y aquel que piensa lo contrario, pregunte a la fiscal Carolina Rosa Gadea, quien además es una de las cuestionadas por presunto “enriquecimiento ilícito”. ¡Basta ya del sometimiento de la justicia!
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