A nadie escapa que, fruto del mayor poder cartista, el Senado ha accedido a investigar al poderoso Clan que controla Ciudad del Este, a instancias de un bien planeado ataque de HC para, por fin, poner a raya al ambicioso líder de la disidencia colorada, Javier Zacarías Irún, cuya administración y la de su esposa, a lo largo de trece años de gestión, ha estado plagada de sospechas de corrupción y manejos financieros poco claros, que nunca fueron aclarados por la Contraloría ni por alguna auditoría contable seria.
Lo que tampoco fue evaluado por los políticos en los últimos días, es la reacción prevista a la embestida de HC, por parte de ZI. La respuesta del líder esteño no se hizo esperar, con el rechazo a la “intromisión” de la comisión del Senado, según la declaración de la junta municipal dominada por el Clan, a la que siguió la demostración de fuerza contra los ocupantes de la vía pública sin que se les diera una reubicación, como debía ser hecha en las nueve hectáreas que han tenido otro destino, por obra y gracia del mismo Zacarías, que las ha destinado a albergar shoppings de comerciantes extranjeros.
La reacción de los Zacarías contra su propia gente, desde todo punto de vista arbitraria e ilegal, según la opinión de connotados juristas, era de prever, como dando a entender quién manda en CDE. Pero la actitud desafiante puede conducir a que Javier se aísle en su feudo, perdiendo influencia a nivel nacional, que es lo que quiere HC.
Lo que sí han señalado los políticos como de “cumplimiento imposible” es la reforma del Presupuesto Nacional y del Estado en su conjunto, con la racionalización del funcionariado y de sus remuneraciones, ya a partir del cálculo presupuestario que se inicia en setiembre para el ejercicio del año próximo. Esto, a pesar de que calaron hondo en la ciudadanía las escandalosas revelaciones de altos ingresos de algunos estamentos, en relación a la media general de salarios del sector público y del sector privado.
La lógica consecuencia de la política de transparentar los gastos públicos y del personal estatal, es la segunda parte del plan, que consiste en unificar los sueldos y las demás gratificaciones en un solo salario que contemple el nivel jerárquico del funcionario y un digno estándar de vida para su familia. Aquí entra a tallar la posibilidad de que los políticos muevan entre bastidores a los sindicatos estatales contra HC, hasta ahora silenciosos y sin capacidad de reacción aparente, en una especie de quietud que precede a la tormenta.
Domar el monstruo del presupuesto estatal rígido que absorbe el 90 por ciento de los recursos totales en salarios y gastos operativos, sin mayores resultados para una gestión eficiente del Gobierno, significa en primer lugar pensar qué hacer con los planilleros, que serían nada menos que 60 mil, según el “sincericidio” realizado por Galaverna en un conocido programa de televisión. Los que cobran sin trabajar, más el resto de 200 mil funcionarios públicos que sí trabajan, están ahora a la espera de lo que se propone realizar HC para mejorar la calidad del gasto público.
Para racionalizar el gasto público, Cartes debe afectar necesariamente a su base política colorada, cuyos operadores y punteros, apadrinados por los líderes políticos, conforman una fuerza no desdeñable a la hora de captar votos.
Pero no le cabe otra a Cartes, en función al gran desafío que se echó él mismo encima, al captar los US$ mil millones en el mercado internacional de bonos, aprovechando el buen posicionamiento paraguayo de la actualidad en los ámbitos de negocios.
El presidente debe hacer toda la mejor letra posible para canalizar las inversiones en forma tal que no haya un menor resquicio posible para corruptelas y manejos sinuosos con el dinero público, a los que nos acostumbraron las administraciones anteriores de la República.
Mientras tanto, los políticos se hallan agazapados para dar sus conocidos zarpazos al erario, más aún cuando se contará con los recursos provenientes de los bonos, de las compensaciones de Itaipu y de los mayores ingresos tributarios que se darán por el incremento del Producto Interno Bruto.
Al estilo de la respuesta de Zacarías Irún en Ciudad del Este, a la clase política en general le cuesta adaptarse al nuevo rumbo cartista y tratan de reagruparse para defender su terreno en el análisis del próximo presupuesto general de 2015, así como en sus respectivos feudos en entes estatales, gobernaciones y municipalidades.
De allí que de la forma en que HC resuelva el caso de CDE, depende finalmente la suerte del país en su conjunto, porque se creará un precedente necesario al rechazar la pretensión del Clan Zacarías de forzar que Cartes reconozca el hecho consumado de la “república aparte” de Ciudad del Este, un verdadero Estado dentro del Estado.
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