Escribe: Luis Alen
Al cumplirse un año de la victoria electoral de Horacio Cartes, paradójicamente resalta la evaluación positiva de su gestión en el aspecto clave de la gobernabilidad y la estabilidad política, lo que es un logro en extremo plausible teniendo en cuenta la aparente inexperiencia en los avatares políticos de parte del empresario devenido en líder nacional.
Lo que sí implica una resta en el balance positivo, en vez de sumar, es la lentitud con que se han encarado los programas de obras de infraestructura, visiblemente aquellos que podrían haber aportado mayor dinámica a la economía, así como las mejoras en la institucionalidad, de tal manera a conseguir un Estado más preparado para encarar las reformas estructurales que favorezcan el crecimiento económico y social sostenible a largo plazo.
Es cierto que el presidente Cartes heredó una situación calamitosa en cuanto a los planes de obras en curso, la mayoría de las cuales con atraso o directamente con suspensión por problemas de financiamiento y de ejecución, pero ahora surge el problema de la lentitud para salir de este estado de cosas adverso, habida cuenta que ya han transcurrido más de seis meses de gestión.
Si bien el jefe de Estado ha sabido rodearse de un equipo de ejecutivos y asesores de muy elevado perfil profesional, la gestión de los diferentes ministerios y entidades públicas deja mucho que desear, al arrastrar los mismos vicios de antaño, como es el caso de la pesada burocracia y los incontables recovecos por los que se debe deambular para la realización de los proyectos que son necesarios con el fin de encarar un proceso de desarrollo.
La reforma del Estado
Cartes arremetió ya en la campaña electoral contra el modelo paquidérmico y clientelista en el cual se halla inmerso el Estado paraguayo, al cual dio el certificado de defunción tildándolo como agotado y por tanto insostenible. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho.
Se ha comprobado, por ejemplo, que el sector público sigue ensanchándose, con la creación de más cargos y con un gasto estatal que no para de crecer, por lo que se incrementa la presión sobre la ciudadanía en materia de tributos y demás imposiciones, así como la vigencia de una política monetaria restrictiva que debe frenar la inflación con un tipo de cambio real no estimulador de la producción, como inevitable compensación a la continuidad de un déficit fiscal potencialmente desequilibrador de la estabilidad económica.
Pero el mayor problema resulta, en definitiva, la poca capacidad de gestión dinámica del aparato gubernamental, atiborrado de procesos burocráticos que se agravan con la proverbial lentitud de un funcionariado pendiente en muchos casos, con honrosas excepciones, de la coima y de todas las corruptelas imaginables.
A ello se agrega un Poder Judicial que no acompaña un tiempo signado por la rapidez de los procesos económicos, por lo que se impone un cambio inmediato en este importante ámbito estatal, con la renovación de la Corte Suprema y las reformas constitucionales necesarias para el logro de dicha finalidad.
En suma, para que sea más dinámica la gestión de HC y se noten rápidamente los resultados que anhelan los ciudadanos que creyeron en él, es notoria la necesidad de mejorar el funcionamiento institucional del Estado, con las reformas que se deberán acometer, como el caso de la mejoría en los procesos burocráticos y de los cambios en el Poder Judicial.
Otro aspecto en el que se debe poner mucho énfasis afecta a la seguridad ciudadana, es decir, la continuada percepción que tiene la gente de la permanencia de elevados índices de inseguridad física. Esto constituye un lastre que se viene arrastrando desde hace años, no sólo por la carencia de más fuentes de trabajo para los jóvenes, sino también como resultado de las deficiencias institucionales ya comentadas, que apuntan a la deficiente performance de la Policía y al desinterés de la misma Justicia por ponerse a tono con las necesidades de seguridad de la sociedad.
En síntesis, el balance positivo del Gobierno de HC se da por el lado de la gravitante importancia de haber obtenido una notable gobernabilidad con las leyes sancionadas en los primeros meses de gestión, como son la de Alianza Público-Privada y de Responsabilidad Fiscal, verdaderos pilares para una evolución dinámica, así como la demostración de un liderazgo político muy necesario a la hora de tener la idea de quién corta la torta en el país, después de la penosa experiencia en este sentido de gobiernos anteriores.
Es el momento de aprovechar este liderazgo nacional para encarar las reformas estatales necesarias. HC tiene que exhibir más energía y determinación para lograr estos cambios, porque de esto depende no sólo su futuro político, más allá de los juegos de cintura partidarios o políticos, sino también el devenir mismo de la nación.
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