Escribe: Luis Alen.
Horacio Cartes se halla ante el dilema de poner mucho más dinero para que gane su candidato Santi Peña en la elección del 30 de abril, como forma de defenderse ante lo que se viene posiblemente en forma de un pedido de extradición. Pero a estas alturas debe pensar también en “salvar” sus negocios procurando hacer buena letra y silenciar las bravuconadas de algunos de sus partidarios que exigen a EE.UU. “rectificar” sus medidas ya tomadas que son prácticamente inapelables.
Nunca ha sido más contundente el Gobierno norteamericano en su calificación a los dos principales dirigentes políticos de la ANR, como lo ha estado al denunciar con firmeza a Horacio Cartes y Hugo Velázquez, de haber corrompido a otros miembros de la cúpula colorada acumulando predominio político con sobornos, a fin de conseguir mayor poder fáctico para realizar sus negocios y así lograr el formidable enriquecimiento del cual hacen notoria ostentación.
El segundo acto del melodrama EE.UU. vs. HC se ha cumplido ahora con la prohibición de realizar negocios en el país del Norte sin acceder ya a su sistema financiero ni a su moneda, pero lo notable del caso es que el Gobierno de Joe Biden se ha expedido en base a pruebas que por lo visto posee del proceder habitual de los dos principales dirigentes colorados de la actualidad y que ya era un secreto a voces en los mentideros políticos de nuestro país.
Además de la conferencia de prensa realizada por el embajador Marc Ostfield, el propio secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se despachó realizando una descripción bien somera y sin desperdicios del modus operandi de Cartes y Velázquez que la potencia del Norte quiere ayudar a los paraguayos a desterrar de nuestro suelo: “Sancionamos al expresidente Cartes y al actual vicepresidente Velázquez por su participación en actos de corrupción que socavan la institucionalidad democrática en Paraguay. Los gobiernos deben responder a su gente y no ser manipulados en beneficio de una élite política corrupta”.
Asimismo, Blinken aseveró que “durante su mandato como presidente y desde entonces, Cartes se ha involucrado en un patrón concentrado de corrupción, incluido el soborno generalizado de funcionarios gubernamentales y legisladores”.
“Por más de una década, Cartes aprovechó su riqueza e influencia ilícitamente adquiridas para expandir su poder político y económico sobre las instituciones paraguayas”, remató el alto funcionario de Estados Unidos, denotando explícitamente la decisión extrema de la administración Biden, sin vuelta atrás, de poner un final al modelo político basado en la corrupción y la impunidad fiscal-judicial para los funcionarios allegados, extensivo a otros beneficiarios del festín cartista, sean o no partidarios directos del Patrón que incluye a gente de la oposición.
La encrucijada de Santi
Como una muestra de que el mazazo recibido de Washington caló hondo en la campaña electoral cartista, el candidato a la presidencia Santi Peña tuvo que asimilar el trago amargo de admitir la posibilidad de encarar un pedido de extradición del Patrón en el eventual caso de que sea ungido por los paraguayos como su nuevo jefe de Estado, en las próximas elecciones.
Peña va a tener que enfrentar la disyuntiva de salir en defensa de su mentor, pero dio a entender en un lenguaje críptico que no podría solventar un costo muy alto como sería el caso de una negativa a la orden proveniente del Norte. Lo dijo en la conferencia de prensa que organizó a poco de arribar de Estados Unidos, donde justamente le llegó la incómoda noticia de las sanciones financieras contra HC y Velázquez.
Para Santi, “es la Justicia la que debe actuar”, y agregó que el embajador Ostfield le había llamado poco después de hacer públicas las nuevas sanciones, para decirle que el anuncio no debía ser interpretado como una maniobra contra su candidatura o como una intención de influir sobre el resultado electoral del 30 de abril.
En conclusión, todo hace suponer que la embajada deja libre la elección del votante paraguayo, sea por Santi Peña o por Efraín Alegre, pero, hecha la aclaración, lo concreto es que HC tiene el mensaje claro de la potencia norteamericana, acerca de que ya no tolera su presencia como factor de poder total, legal y fáctico, en la política nacional.
Los estrategas cartistas habrán tomado nota de estos detalles detrás de la espectacular movida de los hombres de Biden, quienes lo han expresado sin rodeos hasta el hartazgo que un aliado como Paraguay ya no deberá tener como mandamás a un “juez y parte” de la situación como es Horacio.
La descalificación contra HC ya ha pasado el segundo escalón de las sanciones financieras después del primero que involucró la pérdida de la visa. Si llegara el tercer escalón, ya no habría escapatoria para el Patrón, por lo que debería hacer el esfuerzo por tratar de por lo menos mantener sus negocios y quedarse en el país, atendiendo al hecho de que mucha gente depende de él en términos laborales y no solamente por prebendas políticas.
Esperando las pruebas
Tanto Cartes como Velázquez han dicho que siguen esperando que Estados Unidos presente las pruebas de sus acusaciones que sólo podrán ser puestas sobre la mesa en un proceso judicial, naturalmente. Hasta la fiscalía paraguaya sigue aguardando dichas pruebas, escudándose en la falta de remisión de los documentos para no iniciar aquí las acciones investigativas y esclarecer los graves delitos denunciados por los norteamericanos, que van desde soborno a funcionarios públicos hasta tráfico de influencia, pasando por lavado de dinero y relacionamiento con la organización terrorista Hezbollah.
Pero el hecho cierto es que, a falta del tercer escalón que ya será judicial, tanto HC como Velázquez tienen bloqueado el uso del sistema financiero-bancario de los Estados Unidos, y cuentan con 60 días de plazo, hasta el 27 de marzo, para que ambos liquiden cualquier tipo de fondo en dólares que posean.
Esta sanción implica un fuerte golpe especialmente para Horacio, cuyos movimientos en dólares han sido una constante, como el caso de las transferencias del orden de US$ 2,2 millones mensuales promedio, que recibió de su principal empresa, Tabacalera del Este S.A. (TABESA), entre los meses de noviembre de 2020 y enero de 2022, según el informe de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos) que obra en la fiscalía general.
Para tener una idea de la magnitud de la sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al designar a HC como persona bloqueada, también se prohíbe a todas las personas de dicho país participar en transacciones financieras con Cartes y al mismo tiempo con sus empresas que fueron igualmente interdictadas, como el caso de Frigorífico Chajhá SAE, Bebidas USA Inc., Tabacos USA Inc. y Dominicana Acquisition S.A.
Pero mientras se suceden los hechos y se esperan las pruebas, la economía nacional corre el riesgo de sufrir las consecuencias de las sanciones contra HC y Velázquez, ya que es posible que el Paraguay tenga de nuevo dificultades para seguir mejorando su nota de riesgo-país a los ojos de las calificadoras internacionales de crédito, a tal punto que vuelva ser muy complicado llegar pronto en los próximos años al tan anhelado grado de inversión.
Lo mejor sería en esta perspectiva, tanto para los sancionados por Estados Unidos como para el país, que las dos cabezas de la ANR ahora puestas en el ojo de la tormenta dejen de participar en la toma de decisiones nacionales, pasando la posta a otros dirigentes que vengan a poner un poco de cordura y transparencia en los negocios y a la economía, dejando de lado los oscuros tratos con el crimen organizado, el contrabando y el terrorismo.
Por eso suena un poco a una jugada poco feliz la “advertencia” lanzada a los Estados Unidos, por parte de sectores cartistas de los funcionarios públicos que piden la “rectificación” de Biden, cuando están en juego valores superiores de la democracia y la convivencia social armónica, que se hallan por encima de los intereses particulares de líderes que no pueden representar ya al país, como el caso de Horacio Cartes y Hugo Velázquez, designados como significativamente corruptos el año pasado por la potencia hegemónica del mundo.
Este proceso nefasto que sufre también el Paraguay, que afecta su imagen ante el mundo como país receptor de inversiones, debería convencer a quienes salen en defensa de los ya impresentables HC y HV, a realizar un mea culpa en bien de la nación, poniéndose del lado de quienes desean “un mejor porvenir para el Paraguay”, como dice la letra de una emblemática canción ya cantada al término de la guerra del Chaco.
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