Escribe: Luis Alen.
Desde el primer día que asumió, la administración Cartes identificó bien claramente cuáles iban a ser sus grandes enemigos: la clase política corrupta enquistada en el Parlamento y con ramificaciones en el Poder Judicial, así como una administración pública acostumbrada a las prebendas, pero también cimentada en la corrupción con el fuerte patrocinio del clientelismo político.
Con los mejores auspicios inauguró HC su gestión enarbolando la excelencia de un equipo técnico de primera línea, al frente de los principales ministerios y secretarías, en la mayoría de los casos sin tener que pagar facturas políticas especialmente a la dirigencia de cúpula y de base de su propio partido, el Colorado.
La osadía de Cartes frente a la costumbre de sus antecesores fue mucho más allá, al obtener leyes fundamentales para sus planes de gobierno, como la Ley de Responsabilidad Fiscal y la de Alianza Público-Privada (APP).
El objetivo era comenzar a equilibrar las cuentas fiscales, poner orden en el presupuesto, reducir el alto déficit en la caja de jubilaciones y reorientar el gasto estatal hacia las inversiones de infraestructura, sin olvidar la deuda social, como el caso de las asignaciones monetarias a los más pobres. Hasta tuvo éxito en detener huelgas de docentes y funcionarios, en aras de conseguir sus objetivos prioritarios.
El último gran logro de HC fue la continuidad del Pacto Azulgrana en el Congreso, que le permite cierta garantía de gobernabilidad, por lo menos por un año.
La máquina resulta
por demás pesada
Si bien HC tiene controlada, aparentemente, a su tropa colorada pese a las protestas de algunos dirigentes como Julio Velázquez por no acceder al control de ministerios y entes públicos, lo cierto es que el equipo de tecnócratas no logra dinamizar la pesada administración estatal.
Algunos dicen que es la herencia nefasta del desgobierno liberal y luguista, otros culpan a las rémoras que aún quedan de la época final del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, pero “algo anda mal”, como se da en llamar un conocido y algunas veces irreverente programa de televisión.
En el encuentro de expresidentes y empresarios multimillonarios de América Latina que tuvo lugar la semana pasada en Asunción, el líder socialista español Felipe González dio en la tecla al decir que el “miedo a la corrupción” no debe llevar a la paralización de la administración del país, en alusión a lo que ya el empresariado nacional ha indicado respecto a que las inversiones públicas suspendidas durante varios meses al comienzo de la gestión Cartes tuvieron serias consecuencias en el crecimiento y en la creación de dinámica económica.
En una movida astuta, Cartes dejó casi sin “oxígeno” a la clase política, al despojarle el control de ministerios y empresas estatales, pero, aún así, las fuentes de corrupción continuaron bajo los auspicios de las dirigencias partidarias, como las famosas ONGs que manejan millonarios fondos, las jugosas gratificaciones al personal estatal que ahora van saliendo a luz con la publicación de las listas de sueldos, sin olvidar el escandaloso planillerismo, que en su conjunto desangran al presupuesto nacional a más no poder.
La fuerte corrupción así como los “brazos caídos” del personal policial y de las fuerzas armadas, hacen también mella en la seguridad física de las personas, en las ciudades y en el campo, especialmente en el Norte del país, donde el autoproclamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se pasea a sus anchas bajo la complaciente mirada de los organismos encargados de velar por la integridad del Estado.
Con este panorama es lógico que se le aparezcan a Felipe González o a cualquier visitante del país, los “cuellos de botella” del desarrollo nacional, como son la exigua infraestructura y los problemas del transporte público, la desocupación galopante que se nota en las calles o la pobreza impactante que se exhibe a través de las precarias viviendas a la vera de las calles que instalaron los habitantes de la ribera del río que huyeron de la inundación.
Lo que no se ve también fue explicitado entre los problemas, como la deficiente educación, las serias carencias en salud y la falta de oportunidades para la juventud. Sin embargo, alabaron también las oportunidades que brinda la base agroganadera sólida que se puede observar en la actual Expo, la incipiente industrialización y la disponibilidad energética abundante, todo ello con el aditamento del “bono demográfico” de contar con una población mayoritariamente joven.
Quizás el mayor problema para una gestión más eficaz del Gobierno de tecnócratas de HC sea no sólo la lucha contra la corrupción, sino la lenta y anquilosada maquinaria estatal. Para comenzar a mover al gigante dormido, el presupuesto nacional debe ser urgentemente reformulado a partir de un plan nacional de contingencia y desarrollo acelerado, además de propender a la reforma del Poder Judicial, que a estas alturas también resulta un lastre por su elevado compromiso con la “máquina de impedir” de los políticos.
Así como logró despartidizar la gestión estatal, HC debe impedir que la administración judicial caiga nuevamente en la repartija de poder entre los dirigentes partidarios, esta vez del Pacto Azulgrana.
La auténtica reforma del Estado deberá venir necesariamente para una mejor gestión gubernamental. Para ello, no sólo basta con volver profesional a la burocracia y regirla por la meritocracia, sino también se debe propender a un presupuesto nacional acorde con las prioridades de desarrollo nacional, en mancomunión de esfuerzos con una clase política que deje de utilizar el Poder Judicial como una fuente más de poder y prebendas.
Facebook Comentarios