Escribe: Luis Alen.
Transcurridos los primeros cien días del gobierno de Santiago Peña, se puede afirmar que el balance ha sido negativo para la democracia, pero positivo para la intención cartista de consolidar el unicato de Horacio Cartes. El cartismo ha logrado con suma rapidez el control del sistema judicial, en previsión de algún movimiento que implique el intento de quebrar el poder fáctico del empresario tabacalero y deportivo. Pero el copamiento de la Justicia se consigue con un precio muy alto para el país, por causa de una oposición inexistente y por la prioridad de defender “a ultranza” el blindaje de HC, en detrimento de otras prioridades para la gente en los sectores económico y social.
Estaba previsto que el cartismo iba a acelerar el copamiento de la Justicia, poniendo así freno a cualquier intención en la Fiscalía de armar una causa en contra de Horacio. Teniendo en sus manos el Parlamento, por la defección de algunos “opositores” especialmente en el Senado y ante la inexistencia de una disidencia colorada que se podría haber esperado al menos en Diputados, la cancha libre permite a HC consolidar su influencia en el Poder Judicial.
El avance sobre la Justicia empieza lógicamente con el control sobre el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero también no se debe dejar de mencionar el extraño comportamiento del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien asumió ya en marzo y podría haberse adelantado en la toma de medidas firmes para contar con fiscales aguerridos y capaces de enfilar hacia la consecución de causas penales contra Cartes, pero no lo hizo, quizás porque sabía de antemano que la prioridad era precisamente blindar el poder fáctico del hombre fuerte de la política paraguaya actual.
Parafraseando la operación contra el narcotráfico “A Ultranza Py”, ahora se ve que el objetivo “a ultranza” del cartismo se ha logrado, pero a expensas de exponer públicamente su lado más tenebroso, como es la indefensión total de la República ante las andanzas con el manto de impunidad de narcos y del crimen organizado, como se demostró ahora con el caso de la anulación del código rojo de Interpol para favorecer a la esposa y a un allegado paraguayo del uruguayo prófugo Sebastián Marset, quien incluso se dio el lujo de emitir una entrevista en un canal de televisión de Montevideo posiblemente desde territorio paraguayo, amparado por una descarada protección proveniente del poder político, según reconocieron personeros del mismo régimen cartista.
Marset aprovechó para solicitar en la entrevista “negociar” la entrega de su familiar a la justicia de su país, lo que fue rechazado rotundamente por el propio presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien reafirmó que no trata con narcos y que cumplirá los acuerdos internacionales de extradición, atendiendo a que los vinculados al operativo “A Ultranza” como Marset o su esposa son requeridos por la justicia paraguaya.
Como se ve, la prueba de fuego terminará en el campo de la Justicia de nuestro país, lo que explica de alguna forma la urgencia cartista por controlar todo el proceso de selección de jueces y fiscales a través del Consejo de la Magistratura.
Movido “a Diesel”
Esta situación no sorprende, desde el momento que existen exponentes ya retirados de la Corte como el caso de la exministra Alicia Pucheta, quien se propuso apoyar el libreto cartista para así ser miembro del Consejo de la Magistratura, en directa violación de la Constitución Nacional, que en su artículo 263 dispone que un integrante de dicho organismo, clave para el nombramiento de jueces y fiscales, debe durar tres años en sus funciones y sólo podrá ser removido por juicio político.
Sin embargo, Santi Peña, antes de emprender otro viaje al exterior de los tantos que ya realizó desde que fue elegido en abril, dispuso en un decreto conocido al filo de la medianoche del lunes 20 de noviembre, el nombramiento de Pucheta como representante del Poder Ejecutivo, en reemplazo de Enrique Kronawetter, quien había sido nombrado también en abril por Marito Abdo, por lo que su investidura rige hasta 2026, siempre respetando los dictados constitucionales, que por lo visto para el cartismo son letra muerta si no coinciden con los intereses vitales de permanencia del poder fáctico de HC.
La dilación en el nombramiento de Pucheta ya le resultaba incómoda por lo visto a Cartes, de quien provino la orden con seguridad y encima le expone incluso a un juicio político a Peña, lo que no correrá seguramente porque la oposición no tiene los votos para iniciarlo en la Cámara de Diputados.
Previamente, Santi admitió la ampliación presupuestaria para la Corte dirigida por César Diesel, e integró a éste en su comitiva para la visita al papa Francisco, que tuvo lugar el lunes 27 de noviembre en el Vaticano, de camino a la cumbre climática de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.
Ahora la Corte Suprema deberá expedirse sobre una acción de inconstitucionalidad presentada por Kronawetter contra el nombramiento de Pucheta, y ya se descuenta de antemano que su presidente César Diesel operará con todo para rechazar la presentación, habida cuenta que se conoce su inclinación por el unicato cartista, según declaraciones de la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, quien acusó al titular del Poder Judicial de ser “el articulador de Honor Colorado para ubicar a jueces y fiscales leales que defiendan al crimen organizado”.
Una vez instalada Alicia Pucheta en el Consejo de la Magistratura, inmediatamente se dio luz verde a la terna enviada a la Corte donde aparecía el hijo del titular de la Corte como candidato para el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Se trata de César Emilio Diesel Marín, con muy bajo puntaje general cuando fue evaluada su foja de conocimientos y experiencia por el Consejo, pero que cuenta con el apoyo político suficiente como lo demostró la votación en la Corte, que lo eligió para llenar la vacancia en dicho tribunal, a propuesta del ministro “liberal” Víctor Ríos.
La oposición ausente
La trama cartista de copamiento del Poder Judicial no encontró mayores obstáculos para su concreción, como resultado lógico de la ausencia de oposición en general en todos los ámbitos, tanto en la sociedad civil como en el Congreso y en los demás estamentos de fuerzas vivas como el empresariado y los movimientos sociales, que aún no pueden armar una respuesta ante la debacle de la derrota de la Concertación el 30 de abril pasado.
Una de las razones de la desaparición opositora de un escenario muy necesario para la democracia como es el Parlamento, no sólo es el resultado de la “traición” de algunos opositores que fueron elegidos como tales en las elecciones pasadas y se pasaron al cartismo, sino por el factor más trascendental en estos momentos, que es el quiebre del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tras la salida forzada de Efraín Alegre de la conducción partidaria.
La desmoralización en las filas opositoras es tal que ya está dañando a la democracia, por ser el PLRA uno de los pilares de la transición democrática junto al otro partido tradicional, el Colorado, cuya disidencia tampoco se ha puesto a la altura de las actuales circunstancias que exigen una fuerte postura para evitar que el unicato cartista logre su objetivo de la captura judicial, dejando la pista libre para el auge de lo peor para el destino social de la nación, como sería el caso del avance de la narcopolítica dentro de la Justicia.
La “refundación” liberal es la meta de muchos afiliados al PLRA, pero la misma no pasa evidentemente por suprimir al partido que contribuyó a la caída de la dictadura stronista, como es la intención de algunos nostálgicos del viejo Partido Liberal, sino por una solución integral que consista en primer lugar en asumir una postura opositora al cartismo y no colaboracionista, que lamentablemente es la actual tendencia de varios legisladores liberales, como ha denunciado el senador Eduardo Nakayama, quien como recurso extremo ha renunciado a su afiliación en protesta después de la demostración de claudicación ante el cartismo de algunos de sus correligionarios, en ocasión del juramento en el Senado como miembro del Consejo de la Magistratura de la exministra de la Corte, Alicia Pucheta de Correa.
Pero la consecuencia tal vez más frustrante para el país es que la “desaparición” opositora está permitiendo también la aprobación sin más debate y análisis de asuntos muy importantes para la economía y el ámbito social, como es el proyecto de superintendencia de pensiones y jubilaciones que quedará bajo dominio del Banco Central, abarcando la supervisión hasta el IPS, cuyas inversiones estarán ahora bajo control del nuevo organismo, pudiendo ser destinados parte de los fondos previsionales para cubrir el déficit estatal con la figura de la posible adquisición de los bonos del Estado.
La situación política obliga a la oposición a replantear su papel protagónico para recuperar el debate democrático con vistas al tratamiento y solución de los grandes problemas sociales.
Es que la ausencia opositora en la gran política nacional puede ser más dañina aún en el año que se avecina, ya que se habla de la convocatoria posible de una convención constituyente, que podría tratar el tema de la segunda vuelta en las elecciones, como ha sido la propuesta del senador Salyn Buzarkis, pero a cambio posiblemente del tratamiento al mismo tiempo del tema de la reelección presidencial, como una especie de toma y daca con el cartismo.
Sería como encontrar la fórmula para ponerse de acuerdo en una salida netamente política a una crisis que, sin embargo, se ha originado en la puesta del poder al servicio de los intereses de un sector económico que desea copar las instituciones para facilitar sus oscuros negocios.
En esa perspectiva, una constituyente estaría fuera de lugar, porque al fin de cuentas lo que más apura en estos momentos para dar soluciones a la crisis económica y social, resulta el necesario fortalecimiento institucional de la República, con la vigencia plena de la Constitución, que es la finalidad primera a la que debe tender una oposición despojada de apetencias crematísticas y volcada sólo a la lucha por el bienestar general de la población.
En esta tesitura, lo más conveniente sería un pacto político-social que fortalezca las instituciones para la verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad, como primera etapa necesaria para salir de la actual situación de insuficiente crecimiento económico provocada precisamente por la falta de decisiones que conduzcan a una justicia independiente, lo que permitirá lograr por fin el tan ansiado grado de inversión de las calificadoras mundiales que miden el grado de riesgo que tiene el país para el capital internacional.
Lo más resaltante de los 100 días de Peña en el gobierno ha sido la reunión de los tres poderes más la Fiscalía y la Contraloría, que fue iniciativa del presidente para la lucha sin cuartel contra la corrupción. La misma tuvo lugar a los pocos días de la asunción de Santi, pero hasta hoy se espera que la iniciativa no vaya al famoso “opa rei”, por falta de un decidido apoyo político, como lo ha pedido el contralor Camilo Benítez.
Por el momento, Santi Peña tropieza además con otras prioridades del Patrón HC, quien debe dar la última palabra en el marco del comando político cartista. Es que el plan anticorrupción puede afectar otros objetivos del rumbo marcado en el quincho del poder, aparte de que Estados Unidos ya ha lanzado su apuesta: Santi deberá desmarcarse de Horacio para que llegue a buen puerto el relacionamiento con la potencia hegemónica en el terreno resbaladizo de la cooperación en la lucha contra la corrupción y la impunidad, especialmente en el Poder Judicial.
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