La democracia es sólo de fachada cuando las instituciones están dominadas por intereses sectarios o por la subalternización del interés general por conveniencia de la misma clase política, que actúa como una corporación a la hora de la defensa mutua de sus miembros bajo sospecha de corrupción. Esta defensa corporativa de los políticos pone en entredicho el mismo rumbo exitoso de HC, el cual debería apoyar los reclamos de la gente por una razón misma de buen gobierno.
Es lo que acontece en el país por estos días, en el emblemático caso de las denuncias contra el influyente clan familiar cuyo jefe es Javier Zacarías Irún, un político que se ha entronizado como virtual “padrino” de la segunda urbe del país, Ciudad del Este, y cuyos tentáculos llegan hasta el centro mismo del poder de la República.
Las instituciones previstas por la Constitución para el contralor de los actos de políticos y funcionarios están sometidas a una dura prueba en estos momentos, ya que los ciudadanos empiezan a sospechar que hasta la misma Contraloría General de la República se halla sometida a los avatares políticos, justamente cuando la ciudadanía esteña reclamó en una gran movilización se proceda a investigar la gestión de los Zacarías, esposa y esposo, al frente de la comuna esteña desde 2001, para luego pasar los antecedentes a una Fiscalía y a una Justicia que también se hallan inficionadas por el virus de las prebendas y el clientelismo.
La clase política, en la medida en que continúe ignorando los reclamos de la gente, puede estar cavando su propia fosa por la reacción ciudadana que se va gestando, como lo ha demostrado la manifestación del pasado 29 de mayo.
La corporación política
Los políticos actúan como una corporación cuyos miembros se defienden mutuamente de las numerosas acusaciones de corruptelas en el manejo de la cosa pública. Es lo que se ha notado en el sugestivo y “blando” informe que la Contraloría, en forma llamativa, ha expedido sobre los usos de los fondos del Fonacide por parte del Clan Zacarías en Ciudad del Este, justo unos días antes de la movilización ciudadana, como queriendo indicar que las denuncias sobre innumerables irregularidades, y en particular en torno a la utilización de los recursos provenientes de Itaipu para la educación, no son de tan grueso calibre como se dijo en la prensa.
La condescendencia de la Contraloría es una demostración de que las instituciones republicanas en el Paraguay se hallan en grave peligro y es un aviso al mismo Gobierno de Horacio Cartes, de que la corporación política le podría pasar alguna factura en el caso que se proponga “meter las narices” en forma excesiva en las investigaciones que se llevan a cabo en el uso de fondos, por ejemplo del Fonacide.
Hasta cierto punto, HC cedió demasiado terreno en este campo a la clase política, integrada por todos los colores (colorado, liberal, izquierda), al renunciar en gran medida, salvo excepciones como el caso de la escandalosa compra de los helicópteros, a recuperar los fondos desviados por la corrupta administración de los gobiernos anteriores, especialmente los empotrados en el poder desde 2008.
Prefirió concentrar sus esfuerzos en detener la sangría de recursos a través de las contrataciones de obras a partir de su período de gobierno, llegando incluso a suspender las obras por varios meses en un intento de parar la hemorragia de fondos que por poco dejó inerme las finanzas públicas, pero con peligrosas repercusiones sobre la actividad económica.
Sin embargo, está visto que le va a resultar difícil a Cartes domar la angurria de los políticos, que después de ver trabados sus negociados con las obras públicas y las concesiones con la nueva Ley de Alianza Público-Privada, ahora pretenden recuperar el espacio perdido con el precioso filón de los recursos de royalties que van al Fonacide y a otros rubros jugosos del presupuesto nacional a cargo de los políticos. Para ello, cuentan con el control sobre los gobiernos departamentales y municipales, uno de cuyos hitos emblemáticos constituye indudablemente el manejo del Clan Zacarías en Ciudad del Este.
Es que ZI ha ido bien lejos en la manipulación de los entes de control, cuando primero consiguió un blindaje judicial a su gestión como intendente y después obtuvo lo mismo para su esposa, a través de dudosas resoluciones anticonstitucionales de jueces que están evidentemente a su servicio en la repulsiva tarea de ignorar el interés general de la República.
No contentos con manejar a su antojo la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los políticos ahora se abroquelan en el Parlamento para hacerle cuesta arriba a HC la orientación y el control de los recursos con fines de desarrollo y no ya como un medio de enriquecimiento de la corporación.
Lo que le resta al presidente Cartes es recurrir a las movilizaciones ciudadanas para reclamar contra los abusos de la clase política, y de paso garantizar el correcto uso de los fondos públicos, porque, de otra manera, el éxito de su gestión al frente al Gobierno nacional puede estar en peligro por la voracidad sin límites de los políticos.
Sobrada muestra la tiene con la movida de Zacarías Irún de manipular a la misma Contraloría con un informe llamativamente “generoso”, en el que apenas se ve alguna que otra falla “administrativa” en el grosero desbalance entre los multimillonarios fondos utilizados y las escasas obras realizadas con el Fonacide.
Así como otras municipalidades y gobernaciones se ampararon en el precedente del blindaje a ZI para escapar al control judicial y ciudadano, ahora también se estaría dando un peligroso maridaje de la Contraloría y los políticos, en un inicuo comercio de devolución de favores entre los distintos grupos políticos.
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