Escribe: Luis Alen.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia solicitó su renuncia al ministro Antonio Fretes, poniendo en jaque el poder de Horacio Cartes y en ridículo a los diputados que pretendieron extender el manto de impunidad para que siga vigente una rosca mafiosa ligada a la narcopolítica, después que en la Cámara de Diputados un nuevo “pacto cicatriz” había enviado al archivo el juicio político al titular de la máxima instancia tribunalicia, cuyo hijo Amílcar había firmado un contrato con el brasileño-libanés Kassem Muhamad Hijazi, para evitar su extradición a Estados Unidos, la que pese a todo fue concretada en julio pasado.
Una vez que se destapó el escándalo de la “coima documentada” del hijo del presidente de la cúpula judicial, todos los demás ministros integrantes del alto tribunal solicitaron inmediatamente a Fretes que dé “el paso al costado”, pero el hombre fuerte de la Justicia sólo se dignó en “pedir permiso por tiempo indeterminado”, dejando en suspenso la intención de los demás miembros en dar un rápido “corte” a un asunto que va carcomiendo la imagen judicial.
Sonaba a un chiste de mal gusto que Fretes se atornille al cargo de ministro, admitiendo sólo el “permiso por razones de salud” en sus funciones de presidente, hasta que el próximo año se jubilase por llegar a los 75 años. En el interín, caía de maduro que sus amigos políticos lo querrían sostener como cabeza “ad hoc” del Poder Judicial, como miembro de la máxima instancia e integrante de la sala constitucional, hasta tanto se retirara hacia el mes de marzo o abril, pero lo suficiente para atender eventualmente casos claves que lleguen a la máxima instancia en términos de acciones de inconstitucionalidad, sobre personas o casos relacionados con las elecciones.
Así como quedó en flagrancia el posible tráfico de influencias del hijo del ministro, con el contrato de marras, también ha salido a luz con total desvergüenza la hegemonía del poder fáctico cartista, en alianza con el oficialismo abdista, para la reedición de un “pacto cicatriz de impunidad”, como los que se tuvieron para el salvataje de la fiscala general Sandra Quiñónez y del mismo Marito Abdo.
Sólo que esta vez ya resulta insostenible para los demás ministros de la Corte seguir dependientes del esquema de impunidad político-fáctico, como el revelado por el mismo Marito con un “sincericidio”, cuando dijo que Horacio Cartes es el gran protector del cuestionado ministro Antonio Fretes, después de no permitir que sus parlamentarios votaran a favor de dar vía libre al libelo acusatorio en Diputados y remitir para su juzgamiento al Senado.
Movida clave de la Corte
El rotundo pedido de renuncia a Fretes del pleno de la Corte, abre una nueva interrogante sobre el devenir inmediato del pacto cicatrizante en la ANR, ya de cara al resultado de la interna del 18 de diciembre, cuando se decidirá si después habrá o no un “abrazo republicano” con miras a las generales.
Más aún cuando se sabe que en el último mes del año también el presidente de la República deberá nombrar al nuevo fiscal general del Estado, con el acuerdo del Senado. Por de pronto, el cometido de limpiar la imagen del Poder Judicial, como se expresa en el comunicado de la Corte Suprema conocido el martes 29 de noviembre, indica que el escándalo Fretes no estaba en principio en los planes, porque la intención evidente de los narcopolíticos, como quedó en evidencia después de la votación en Diputados, es que pese a todos los cuestionamientos y la mala imagen judicial, se debía mantener en el cargo “al chancho de nuestro chiquero”, para que llegado el caso sea útil para detener cualquier otro proceso de extradición o con el fin de sacar del camino a algún candidato molestoso en las elecciones, más todavía si surge de una oposición victoriosa.
La consigna cartista era, por lo visto, defender “a ultranza” a Fretes, pero no por sus méritos acumulados en arreglos que evitaron por ejemplo la cárcel incluso a expresidentes como Juan Carlos Wasmosy, ya en 2007, sino por lo útil que podría ser tenerlo a disposición, porque HC ya conocía el contrato con Hijazi, o porque una vez destapado el “affaire”, tal como ocurrió, resulta obligatorio mantenerlo en el puesto para que siga siendo funcional al esquema de impunidad cuando llegue el momento oportuno, especialmente para que no haya más extradiciones a Estados Unidos o para que siga la ANR en el poder.
El que dio a conocer el contrato del hijo de Hijazi lo hizo a sabiendas del golpe que iba a significar para el mecanismo de impunidad judicial y al poder fáctico de HC, el destape de la olla podrida. La reacción última del pleno de la Corte evidentemente no estaba tampoco en los planes cartistas.
Una nueva etapa
La declaración de la Corte Suprema abre la esperanza de una nueva etapa, como lo expresan los mismos firmantes, que explicaron su silencio anterior a la espera del desarrollo de los procedimientos políticos y fiscales, como el proceso frustrado de juicio político y las investigaciones iniciadas por la fiscalía sobre el contrato y los hijos de Fretes.
En consecuencia, dieron el paso decisivo de pedir la renuncia de Fretes no ya a la presidencia de la Corte sino a su misma condición de ministro y, por ende, su salida de la sala constitucional y lo más importante: dejar de ser el “protegido” de Cartes, al decir de Marito.
Dijeron al respecto en forma contundente: “No podemos seguir en la posición de esperar la solución definitiva de las cuestiones denunciadas, a riesgo de afectar gravemente la imagen del Poder Judicial que con tanto trabajo estamos construyendo”.
Las palabras sobran, porque el pleno de la Corte busca romper con el mecanismo de la impunidad político-judicial armada en los últimos años. Ya no hace falta desde ahora que la embajada de Estados Unidos venga a poner las cosas en su lugar.
La máxima instancia judicial se ha pronunciado por poner un término al reinado de la impunidad en la República. Ahora toca el turno de que el Ministerio Público se ponga a tono con la nueva tendencia marcada por la Corte dando un “corte” definitivo al asunto Fretes, porque de ahora en más es de esperar que las investigaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado tengan el resultado de sentencias judiciales condenatorias, como las que buscaba indudablemente el asesinado fiscal Marcelo Pecci, quien fue el que logró post-mortem no sólo la extradición de Kassem Hijazi sino también la decisión de la Corte de no seguir convalidando el mecanismo de impunidad en alianza con la narcopolítica.
Le está llegando también la hora a la corrupción que sabotea el curso de la justicia, agravando el problema de la impunidad, porque los políticos toman dinero de las redes criminales para financiar sus campañas electorales, lo que logran a cambio del respaldo político para llegar al combo completo de la impunidad judicial que proporcionan los jefes del crimen organizado al tener en sus tentáculos a jueces y fiscales.
La nueva actitud de la Corte podría terminar con todo este engranaje impúdico que pone en jaque a las instituciones democráticas del Paraguay.
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